En pleno 2026, el discurso oficial en México se ha volcado a celebrar una era de protagonismo femenino bajo el lema “Es tiempo de mujeres”. Sin embargo, tras la narrativa de los techos de cristal rotos en las altas esferas del poder, persiste un suelo pegajoso y profundamente precarizado para millones de trabajadoras. La realidad laboral de las mujeres en el país sigue marcada por una deuda histórica que no se salda con retórica, sino que se agrava con prácticas de contratación que despojan al trabajo de su dignidad y sus derechos más elementales.
La estructura del Estado, que debería ser el primer garante de la justicia social, es a menudo el principal ejecutor de esta fragilidad. En las diversas secretarías de Estado, la figura del contrato por honorarios se ha perpetuado como una herramienta de simulación. Bajo este esquema, miles de mujeres desempeñan funciones sustantivas sin generar antigüedad, sin acceso a seguridad social y bajo el constante asedio de la incertidumbre.
Como ya lo mencionamos en otras columnas, esta informalidad institucionalizada es el pan de cada día, donde la trabajadora es tratada como un proveedor externo de servicios, ignorando que detrás de cada escritorio o ventanilla hay una vida que requiere estabilidad y protección ante la enfermedad o el retiro.
La tensión acumulada por años de abandono estalló recientemente en las calles. El pasado 5 de marzo de 2026, la Calzada de Tlalpan se convirtió en el escenario de una escena que contradice frontalmente el discurso de protección de género. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México encapsularon a un grupo de trabajadoras del gobierno capitalino, identificadas con la Sección 21, quienes bloqueaban la vialidad en dirección al centro.
Estas mujeres, adscritas a áreas de Bienestar, no pedían privilegios, sino el cese del maltrato laboral, la entrega de insumos básicos para realizar su labor y un aumento salarial que, según denuncian, se les ha negado durante cuatro años. El uso de la fuerza pública para contener una demanda por derechos laborales básicos evidencia la brecha abismal entre la narrativa política y la práctica administrativa.
Fuera de las oficinas gubernamentales, el panorama no es menos desolador. Millones de mexicanas: obreras en las maquilas, meseras en el sector servicios y trabajadoras del hogar, sobreviven en los márgenes de la informalidad absoluta. Esto agravado por la inseguridad y violencia que abarca universidades, taxis de aplicación, feminicidios a nivel nacional que incluso derivan en iniciativas tan aberrantes como la del kit forense que se promocionó en el marco del 8M en Oaxaca.
Mientras tanto, para las trabajadoras, en pleno 2026, conceptos como el aguinaldo, las vacaciones pagadas o el acceso a instituciones de salud son casi ciencia ficción en nuestro México de tiempo de mujeres. Trabajan jornadas extenuantes sin el respaldo de un contrato que las proteja de despidos injustificados o del acoso, perpetuando un ciclo de pobreza donde el género sigue siendo el principal factor de riesgo para la vulnerabilidad económica.
Incluso en los espacios dedicados al pensamiento y la creación, la historia de precariedad se repite con una monotonía exasperante. En la Secretaría de Cultura, el reciente paro convocado por trabajadores del IMCINE, donde las mujeres son mayoría, pone de relieve que el presupuesto llega tarde o no llega para quienes sostienen el aparato cultural.
Aunque se anunció que los pagos han comenzado a fluir tras la presión mediática, esta crisis es sólo un eco de lo ocurrido hace años con el movimiento #YaPágameINBA. Es una historia cíclica que parece no distinguir sexenios ni géneros en la titularidad de las dependencias.
En este sentido, seguimos documentando el adeudo que sigue engrosando la Secretaría de Cultura al no dar solución al pago del laudo 2974/19 Sexta Sala. Mismo que ya cuenta con su cuenta de instagram @TerrorNegarRetrasarDeponer para documentar la irresponsable estrategia del jurídico, en esa época dirigido por Eréndira Cruzvillegas Fuentes (2018-2024) para agotar todas las instancias legales, para que la deuda, sin importar su incremento, se heredara, de la administración de Alejandra Frausto Guerrero, a la de Claudia Curiel de Icaza y su actual titular jurídico José Luis Javier Reyes Cabrera.
En este ejemplo de varios nombres de mujeres al cargo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, tiene ante sí el reto mayúsculo de romper con esta cultura de la simulación. No basta con que las instituciones tengan rostro de mujer si sus estructuras internas siguen operando bajo lógicas de explotación, retrasos salariales sistemáticos y no pago de laudos laborales justos. El "tiempo de mujeres" solo será una realidad tangible cuando el trabajo femenino deje de ser el combustible retórico barato de una maquinaria estatal y privada que prefiere la propaganda por encima de la justicia laboral.
homerobazanuniversal@gmail.com
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