Hoy existen decenas de fórmulas y malas prácticas que empresas privadas e instancias del gobierno realizan para evitar que un trabajador adquiera antigüedad o estatus de derechos laborales asimilados, gracias a las lagunas que existen en nuestras leyes a nivel nacional, además de la casi nula atención de las instituciones encargadas de impartir justicia ante este problema que afecta anualmente a cientos de miles de trabajadores y ex trabajadores.
Alejandra N ha laborado por más de una década para una televisora mexicana y a la fecha se le han realizado 25 contratos con duración de entre tres y seis meses, pero cada uno enmarcado por diferentes áreas o proyectos dentro del conglomerado, aunque sus labores no han cambiado en todo ese tiempo.
Bajo la amenaza sutil de que si no accede a éstos requerimientos ya no será recontratada, Alejandra ha tenido que firmar en cada ocasión su baja y posteriormente su recontratación bajo otra actividad o área de la empresa, aún cuando con esto se viola directamente la ley.
La antigüedad laboral se ha convertido desde hace algunas décadas en el peor enemigo de quienes contratan empleados. Para evitar que un trabajador adquiera derechos y su permanencia en la empresa se mantenga en un conveniente limbo legal, se utilizan artimañas como el contrato por capacitación inicial, contrato por periodo de prueba, contrato por relación de trabajo temporal o incluso contrato como colaborador externo o freelance.
En el caso de Alejandra N, cuando el abanico de contratos ya no fueron suficientes para cubrir su permanencia de tanto tiempo en su empresa, fue que comenzó a ser incorporada de forma intermitente bajo proyectos con diferentes nombres, algunos incluso inexistentes.
Es precisamente esa impunidad y la manera como los trabajadores son amedrentados con la consigna de que si no firman pueden prescindir de laborar en las empresas y buscar sus derechos por la vía legal, lo que mantiene todo este asunto dentro de lo que algunos expertos llaman: “una ilegalidad solapada”.
Dentro de esta paradoja, la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo, publicita sus servicios en sus 48 oficinas ubicadas en la República Mexicana con asesorías en materia de despido injustificado, pago de pensiones por invalidez, riesgo de trabajo, así como fondos de ahorro, designación de beneficiarios y devolución de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, entre muchas otras.
Hace tan sólo cuatro años, durante la visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un centenar de organizaciones documentaron más de 60 casos graves de empresas que cometieron abusos a derechos humanos. Ahora, durante esta Pandemia, tan sólo el gobierno de la ciudad de México ha sancionado a más de un centenar de empresas que fueron denunciadas por violar los derechos laborales de sus trabajadores.
El hecho es que, como mencionamos, las grandes lagunas en las leyes laborales permiten a las empresas e instituciones públicas seguir enturbiando las aguas de los derechos de sus trabajadores a sabiendas de que los protegen oscuros filtros: desde una burocracia infinita, plazos de espera para audiencias y resoluciones que se extienden hasta varios años, además de artilugios legales, intimidaciones y corruptelas entre abogados, sin contar el elevado costo de servicios legales, así sea pro bono.
En 2018 fue famoso el hashtag #YaPágameINBA con el que los trabajadores del Museo Nacional de Arte se manifestaron después de exigirles entregar documentación para ser recontratados vía outsourcing con prestaciones a cambio de una disminución en su salario, todo ello regido por el ya célebre y cuestionable instrumento llamado Capítulo 3000 que provechosamente está regido por la Ley de Adquisiciones y no por la Ley Federal del Trabajo.
Hay un caso reciente que podría ejemplificar claramente el enorme reto que está aún por delante para ofrecer justicia y garantías a los trabajadores. ¿Porqué? Sencillamente porque involucra a una Secretaría de Estado, cuyos representantes legales ofrecieron extraoficialmente 20 mil pesos como finiquito a un trabajador por 20 años de trabajo. Vamos a narrarlo como un minicuento:
Había una vez un empleado al que llamaremos X, quien laboró por dos décadas para la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura, antes Conaculta. Desde 1998 y hasta 2019 el empleado X fue inmerso en una serie de prácticas laborales irregulares con los consabidos contratos freelance por seis meses, mismos que en ocasiones se convertían en contratos de honorarios externos, honorarios asimilados. De pronto un año le daban una plaza con todas las prestaciones de la ley, misma que en la siguiente administración le retiraban para devolverlo ilegalmente al régimen de honorarios externos, para después asimilarlo nuevamente… todo ello en base al oleaje de la burocracia de la Secretaría en cada sexenio y a las idas y venidas de los jefes en turno.
Sin embargo las labores del empleado X no cambiaron en esos 20 años y la colección de contratos reunidos en dos décadas de trabajo bajo diversas modalidades y ocurrencias laborales por parte del organismo, contrastan con los más de 16 mil textos, entre coberturas, notas informativas, crónicas y reportajes firmados con su nombre e iniciales que a lo largo de ese tiempo fueron publicados oficialmente en el portal de la Secretaría (Y que el susodicho ha impreso en varias pilas de papel), la mejor y más infalsificable prueba de su trabajo y antigüedad ante cualquier juez. Como dice el dicho, papelito habla.
Sin embargo, dias antes de iniciar el año 2019 el empleado X fue despedido injustificadamente y la nueva administración en turno se negó a tener cualquier contacto con él para la renovación de un nuevo contrato.
El empleado X inició una demanda, misma que consta bajo el expediente 2974/19 en la sexta sala, misma que fue contestada el 7 de junio de 2019 por la apoderada legal de la Secretaría de Cultura para este caso, María Patricia Martínez Carranza.
El abogado del empleado X, quien encontró decenas de ilegalidades en la relación laboral que la Secretaría de Cultura mantuvo con su cliente, se sorprendió cuando más adelante los representantes de esta instancia pública le ofrecieron verbalmente en la negociación una suma de 20 mil pesos de compensación por sus 20 años de trabajo, cantidad que rechazó de manera inmediata.
En días recientes, el empleado X, fuera de las instancias legales, trató de ponerse en contacto con Antonio Martínez Velázquez, actual director de Comunicación Social de ese organismo, para buscar un acercamiento con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, con la esperanza de dialogar y llegar a un acuerdo justo para su caso. A la fecha no ha recibido respuesta.
Es precisamente ese silencio, ese largo proceso para lograr justicia laboral y que se reconozcan los derechos y antigüedad, el que mantiene en ese limbo de incertidumbre a muchos trabajadores, dentro de un México donde aún no se ha disipado la bruma de los vicios del pasado.
Lo cierto es que los empleados que entregan su esfuerzo durante años a una empresa o institución son la fuerza que construye al país y sin importar los cambios políticos y sociales no deberían ser tratados como meros factores desechables o en el peor de los casos, como delincuentes. Si usted vive actualmente una situación similar de demanda de sus derechos laborales, escríbanos y cuéntenos su caso.
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