Tal como lo mencionamos la semana pasada, en los pasillos de las 21 Secretarías de Estado que conforman a nuestro gobierno se gesta desde hace décadas una crisis que golpea cada año al erario por la gestión negligente de los derechos laborales de miles de trabajadores, cuya precariedad factura cuentas multimillonarias que se deben pagar.
Y también como lo mencionamos aquí, esa informalidad laboral que se vive en el sector público se ejemplifica en los problemas que enfrentan cada semana las secretarías. Mañana, por ejemplo, los trabajadores del IMCINE amenazaron con ir a paro después de no cobrar por casi tres meses.
Aunado a esto, como ya lo hemos abordado a lo largo de mucho tiempo, el juego de pasar la bolita de deuda ante laudos es una estrategia de las áreas jurídicas. Cuando un trabajador por honorarios o sin plaza, demanda, la instrucción es extender el juicio hasta el infinito. Se interponen amparos, se difieren audiencias y se ignoran notificaciones. El resultado es que despidos que originalmente costarían 50 mil pesos, se transforman, tras años de litigio, en laudos de millones de pesos, debido a los salarios caídos e intereses.
Pero hoy tocamos un tema inédito, que casi nadie ha mencionado. Una vez que la sentencia es inejecutable y el tribunal ordena el pago, los jurídicos de las secretarías activan su última línea de defensa: pedir el recurso inflado por sus malas praxis a la Secretaría de Hacienda (SHCP) y culparla por el futuro atraso que pueda haber haber para emitir los pagos.
Si bien asumió funciones hace apenas un año, el actual secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, debe conocer bien estas mañas de los jurídicos de otras secretarías. El argumento es casi una plantilla: "Nosotros ya reconocemos la deuda, pero Hacienda no ha liberado el recurso presupuestal".
Esta triangulación convierte al actual secretario de Hacienda (y a sus predecesores) en el villano por diseño, cuando en realidad la instancia financiera recibe expedientes de millones que fueron acumulados por directivos jurídicos que ya ni siquiera están en el cargo. Algo así como recibir la cuenta en un restaurante de un grupo de sobrinos malcriados y sus amigos irresponsables, quienes durante varios años le dijeron al dueño que su tío rico iba a pagar.
La SHCP se convierte así en el cajero automático de las negligencias administrativas de los directivos jurídicos y sus tropas, lo que genera un limbo donde el trabajador que ganó el laudo laboral, con la ley en la mano, sigue sin ver un solo peso.
Ante este escenario, algunos lectores, que tienen conocimiento en el tema, mencionan que desde hace años surgió una propuesta que comienza a ganar eco: la responsabilidad penal para sanear el sistema. La Secretaría de Hacienda debería promover sanciones de cárcel para los directivos de Asuntos Jurídicos que, de manera dolosa, alarguen juicios laborales por años con el único fin de heredar la deuda.
Mientras no exista una consecuencia penal-personal para el funcionario que permite que una deuda crezca un mil por ciento, el erario seguirá siendo el botín de la ineficiencia y de la mala praxis que hemos denunciado en varias columnas, basada en la estrategia de las compañías de seguros estadounidenses: “Negar, Retrasar, Deponer”.
En el expediente que tenemos de ejemplo y seguimiento periodístico, el 2974/19 Sexta Sala, perteneciente a la Secretaría de Cultura, mismo que comenzó con un laudo con adeudo razonable para cubrir el pago justo de dos décadas laborales, y hoy, después de siete años, ha acumulado varios millones de pesos, la irresponsable estrategia del jurídico, en esa época dirigido por Eréndira Cruzvillegas Fuentes (2018-2024), fue agotar todas las instancias legales para que la deuda, sin importar su incremento, se heredara, de la administración de Alejandra Frausto Guerrero, a la de Claudia Curiel de Icaza y su actual titular jurídico José Luis Javier Reyes Cabrera.
La representante Sandra García Esquivel, en calidad de apoderada, firmó el 19 de junio de 2025 el documento donde la Secretaría acepta la deuda y reinstalación decretada por el tribunal, y mostró ese día un documento donde presuntamente ya se había pasado la petición de recurso a la Secretaría de Hacienda para el pago. Además mencionó que la Secretaría de Educación Pública debía autorizar la plaza laboral para la reinstalación, también contemplada en el laudo, aspecto que ha retrasado aún más la conclusión justa del acuerdo.
Este comentario nos desconcertó, pues ¿no se supone que una de las ventajas de convertir al otrora Conaculta (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) en Secretaría de Cultura era independizarse del manto administrativo de la SEP? Preguntamos directamente al actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo si tiene conocimiento de que, al igual que al secretrio de Hacienda, Edgar Amador Zamora, se pone a su instancia como la “villana” en los retrasos para alargar aún más los adeudos y conclusiones en juicios laborales justos.
Mientras tanto, en el otro tema que ejemplifica la gran crisis en materia laboral que se vive en México, la amenaza de un paro de trabajadores del IMCINE programado para este 1 de marzo surtió un efecto casi milagroso. Tras meses de oídos sordos, la secretaria Curiel de Icaza anunció en redes sociales que se abrió una mesa de diálogo para solucionar los pagos pendientes el próximo 3 de marzo, gestión que estuvo a cargo de la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.
Esta respuesta "mágica" ante la presión mediática es la prueba de que el dinero y la voluntad política existen, pero sólo se activan cuando el escándalo amenaza la narrativa oficial. Es una política de bomberazo, que no soluciona el problema de fondo: la falta de plazas reales y la seguridad social de quienes sostienen el trabajo de las instancias públicas en México.
México no puede seguir presumiendo récords de inversión extranjera o grandes programas sociales culturales o de infraestructura, mientras mantiene a sus propios trabajadores en la informalidad institucional. Se requiere una reestructuración urgente de las condiciones laborales en las Secretarías de Estado.
En el caso del expediente al que damos segumiento periodístico, con su cuenta en Instagram @TerrorNegarRetrasarDeponer, sigue documentando el crecimiento del adeudo de la Secretaría de Cultura, día con día, en un hecho inédito en México. Le recomendamos al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, checar esta cuenta de IG, porque al final, como lo mencionamos, será como el tío rico al que los sobrinos le pasarán la cuenta.
Las soluciones no pueden seguir respondiendo sólo a la presión en redes sociales o a la cercanía de una protesta. Es imperativo transitar de un modelo de simulación jurídica a uno de justicia administrativa, donde los laudos se paguen, las plazas se otorguen y los responsables de los jurídicos, culpables de endeudar al Estado con juicios eternos, enfrenten a la justicia.
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