Como era de esperarse, parte de la oposición ha interpretado la renuncia del todavía ministro Eduardo Medina Mora como resultado de una presión presidencial para crear una Corte a modo.
Sorprende la forma ignominiosa en que la Coparmex ha salido a defender los “atributos profesionales y cualidades éticas” del también exsecretario de Seguridad Pública, cuando hay elementos suficientes, como los publicadas por este diario, para dudar de ellas.
Una vez que el Senado acepte la renuncia —cuyos motivos debieran quedar planamente aclarados para no sentar un mal precedente en cuanto a independencia de poderes— el presidente deberá integrar una nueva terna.
Con ello, de los tres ministros que AMLO habría de proponer a lo largo de su sexenio, ahora serán cuatro. Un escenario así obliga especialmente a cuidar los equilibrios, formas y procesos para evitar malas interpretaciones.
En principio, es un temor infundado creer que los ministros se someterán automáticamente al presidente que los propone para ocupar un lugar en la Corte. Arturo Zaldívar, por ejemplo, fue propuesto por Calderón y aun así elaboró el histórico dictamen de la Guardería ABC y se pronunció por la interrupción voluntaria del embarazo.
Recientemente, vimos cómo el ministro Juan Luis González Alcántara, propuesto por López Obrador, votó en contra de la Ley de Remuneraciones, a pesar de ser una prioridad presidencial. Ni en ese ni en otros sentidos ha habido hasta ahora evidencia de que se busque integrar una Corte subordinada al presidente.
Está en el mayor interés del mandatario disipar las dudas que hoy existen y evitar que la elección de quien reemplace a Medina Mora se vea como una jugada orquestada para imponer a un incondicional.
Varios constitucionalistas consultados para esta columna, entre ellos Diego Valadés, consideran que lo ideal sería alguien que haya hecho carrera dentro del propio Poder Judicial. Adriana Campuzano, Taissia Cruz Parcero o Maria Amparo Hernández Chong podrían ser opciones viables, según opiniones de otros juristas.
Unos más se pronuncian por un perfil académico. Dentro de la vertiente progresista y garantista se divisan excelentes opciones, como es el caso de Leticia Bonifaz, Ana Laura Magaloni o la actual abogada de la UNAM, Mónica González; las tres tienen, además, experiencia de gestión y una honorabilidad incuestionable.
Nadie en su sano juicio espera que un presidente proponga a un ministro con una visión contraria a la de su gobierno o que le ponga palos en la rueda a su administración. Eso no implica, sin embargo, nombrar a una figura obsecuente o sin la suficiente preparación.
Sería una mala señal que el presidente insistiera, por tercera ocasión, en incluir en la terna a figuras que ya pasaron por el tamiz del Senado como Loretta Ortiz o Celia Maya, dada la cercanía que ambas tienen con el círculo presidencial y con Morena.
Sería indeseable, además, porque sus comparecencias en el Senado demostraron lo escasamente idóneo de sus perfiles (https://cutt.ly/qeitgdh). Maya, en particular, solo tiene experiencia local, como jueza en Querétaro, y se percibe como una persona con “muy escaso conocimiento jurídico”, “desactualizada” y de la “vieja guardia”.
Un destacado constitucionalista aseguró que insistir en ese tipo de perfiles implicaría “un desdén hacia el propio gremio jurídico” y al papel de la Suprema Corte. Uno de los riesgos más graves, según otro, es que este órgano deje de ejercer una de sus facultades más importantes que es el control de constitucionalidad.
En suma, el presidente debiera buscar un perfil cercano ideológicamente, aunque técnica y jurídicamente sólido. Especialmente importante es que esa persona tenga una trayectoria propia y un perfil consolidado. De esa forma, lo que estará en juego en cada uno de sus fallos será su propia credibilidad y trayectoria, antes que la obediencia a quien le permitió llegar a un sitio que no hubiese alcanzado por méritos propios.
