Arrancó el proceso electoral 2021 y al estilo de una competencia de velocidad, los participantes atendieron el llamado de: ¡Preparados, listos, fuera! Las agendas electorales en los estados ya están listas. En 15 entidades de la república habrá elecciones para gobernador, además de que en la jornada electoral del próximo 6 de junio se elegirán 1,063 diputados locales, 1,926 presidentes municipales, 2,122 síndicos municipales, 15,311 regidores,300 diputados federales por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Pero antes de ser candidatos, todos ellos vivirán el proceso interno para ser seleccionados por sus respectivos institutos políticos.

Con diversidad en el propio método de selección, está claro que en el caso de Morena y Acción Nacional las cosas no serán tan sencillas, ante la saturación de aspirantes a los diferentes cargos de elección popular.

Algunos partidos observan posibilidades de coalición, cuyo vencimiento será en menos de 60 días, y otros se preparan para atender sus necesidades locales en la figura de candidaturas comunes o similares, que hasta el mes de enero podrán definirse.

Sin duda que los institutos electorales estatales y el propio Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán cargas de trabajo extraordinarias, ante la cantidad de denuncias y recursos que, en primera instancia, se presenten por los propios militantes al interior de sus partidos; ya que cada instituto político, en esta primera quincena de octubre, debe definir el procedimiento de elección interna de sus candidatos. Son varios los mecanismos a través de los cuales lo pueden realizar que van desde las encuestas, a través de los órganos directivos y la elección directa abierta o cerrada a la militancia. Lo más probable es que todos los partidos aprovechen el proceso de precampaña para promocionar la imagen de sus precandidatos y, por supuesto, el estandarte de sus respectivas franquicias.

En el presente gobierno, la 4T propuso mayor castigo para todos aquellos que utilicen recursos públicos para favorecer a uno u otro candidato. La Cámara de Diputados federal ha legislado al respecto y muchos congresos locales redefinieron las reglas del juego en sus respectivos estados. Destaca el incremento en la penalidad ante la comisión de delitos electorales en las elecciones por venir, seguro serán de las más observadas tanto por organizaciones civiles, autoridades electorales y hasta el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que habrá de vigilar el proceso que ya se encuentra en marcha.

Ante todo este escenario, vale la pena reflexionar que efectivamente existe una polarización pocas veces registrada en la historia electoral de nuestro país, lo que hace difícil pensar que será un proceso donde la civilidad democrática aflore. Los partidos políticos intensificaron sus campañas de afiliación, sabedores de que, en el proceso por vivir, muchos de ellos tendrán posibilidades o no de competir con mayor efectividad en la elección del 2024.

El porcentaje legal ya no es solamente el objetivo, incrementar su número de votos les permite colocarse como una fuerza que provoque alianzas electorales estratégicas con las primeras fuerzas y, por supuesto, mayores dividendos a la hora de obtener los cargos por competir.

Las elecciones del próximo 18 de octubre en los estados de Hidalgo y Coahuila serán el primer ensayo de cómo vivir la nueva normalidad político-electoral.

Diputado federal

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