Los partidos satélites que apoyan al actual gobierno han plantado cara su franquicia para seguir aprobando las reformas legales y, sobre todo, las constitucionales: no a la reducción de curules por el principio de representación proporcional y no a la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.
Para que se entienda el tamaño de la impostura del PT, su dirigente lo es desde principios de la década de los años noventa, que junto con su esposa y dos personas más (por cierto, hermanos) administran como su patrimonio a la organización política. Respecto al PVEM, el caso es muy parecido, primero el padre y luego el hijo, el partido formado por los mismos años, se ha coaligado con el PAN, con el PRI y ahora con MORENA para garantizar que el partido familiar no desaparezca.
No me detendré en explicar cómo es posible que suceda esto, únicamente que sirva de antecedente para calibrar la salud moral de la democracia mexicana. Pues es evidente que el chantaje de esas fuerzas políticas “bisagra” ponen en entredicho los alcances de la reforma político-electoral, por lo que es necesario concentrarse en temas medulares que sean posibles, y no terminar en cambios cosméticos, o aún peor, en fórmulas dislocantes como lo fue la reforma judicial, que lejos de corregir errores existentes, los han acentuado.
El más importante debe ser, en desistir a una reforma política y limitarse a lo estrictamente electoral, postergando para otro momento la discusión sobre la integración de los poderes del Estado, que, para el caso de la disminución o desaparición de la representación proporcional, no se puede obviar que fue gracias a ese espacio de pluralidad que la fuerza política que hoy gobierna a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas, pudo mantener una representación en el Congreso de la Unión desde 1979. Aquí las propuestas mínimas:
Primero, es necesario reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos, ya que lo único que ha traído consigo son burocracias partidistas, de cargos de consolación para aquellos y aquellas que no accedieron a espacios en el gobierno o en las cámaras, sin que ofrezcan ninguna utilidad tangible para la población en general, en términos de cultura cívica y representación política y/o legal, pues los partidos políticos únicamente usan los espacios parlamentarios para los propósitos de representación (al menos en teoría).
Dos. Es posible y necesario la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), ya que, con la reforma político-electoral de 2014, el INE asumió prácticamente las funciones de aquellos, cuyas actividades de los OPLEs se restringen desde entonces a hacer el conteo distrital (y en su caso recuento de votos) y a la entrega de las constancias a los vencedores (as). Con ello, quedaría plenamente justificada la actual estructura de personal permanente del INE, que tendría la obligación de atender la división territorial del país para las elecciones federales y, en paralelo, la división territorial para las elecciones locales (estatales y municipales).
Así se liberarían ingentes recursos financieros, en una duplicidad de funciones absurda y sin sentido, pues las críticas en los medios de comunicación sobre el exceso de recursos que se destinan al INE, no toman en cuenta lo canalizado a esos 32 OPLEs. Medida, que implicaría a su vez, la desaparición de igual número de Tribunales Electorales estatales, que no hacen absolutamente nada en periodos en que no hay elecciones, en otras palabras, que solo trabajan seis meses cada tres años.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene la capacidad operativa para que las salas regionales se hagan cargo de las impugnaciones en las elecciones locales (estatales y municipales) y la sala superior, exclusivamente de las elecciones federales.
Tres. Transferir el INE a un RENAPO convertido en organismo público autónomo, el Registro Federal de Electores, en virtud de que el RENAPO contiene la base de datos personales más certera, al sustanciarse de las actas de nacimiento directamente de los Registros Civiles (algo que no hace el INE cuando emite la credencial electoral), a su vez, se haría uso de la base de datos biométricos del registro electoral, para emitir la cédula de identidad para personas adultas y menores de edad, y no únicamente como sucede, a los que cuentan con la calidad de ciudadanos. Sumando esfuerzos y ahorrando dinero público, se emitiría un documento fehaciente, que contribuiría en la seguridad de los mexicanos y las mexicanas, combatiendo el fraude, la suplantación y la falsificación de la identidad.
A lo largo de dos años y medio hemos explicado en este espacio, los beneficios en eficiencia y certeza que ello traería. Por su parte el INE se concentraría exclusivamente a lo que constitucional y legalmente está encomendado, a saber, a organizar elecciones, representando para el erario público, una reducción de casi una tercera parte de lo que hoy recibe la autoridad electoral nacional.
Desde este espacio hacemos un llamado respetuoso a la comisión presidencial encargada de la reforma político-electoral, a no ceder a la extorsión, pero al mismo tiempo, a no dar un paso en falso.
Autor de las obras Derecho a la Identidad Personal y Cédula de Identidad en México, editorial Civitas&Universitas, 2022, sevilla2023derecho@gmail.com