Será recordado que, en medio de una de las tragedias ecológicas más graves del país, el gobierno salga a tapar su negligencia e ineptitud criminal destapando otro asunto no menos delicado, que cimbra la salud moral de toda la nación. Táctica a la que se recurre cada vez que la titular del Poder Ejecutivo federal siente que el agua alcanza el cuello de su gobierno.
Hace un año, cuando las evidencias de lo encontrado en el Rancho Izaguirre, en el Estado de Jalisco, apuntaban al horror, a la existencia de un centro de exterminio del crimen organizado, la entonces FGR se prestó para borrar cualquier rastro, tendiendo una emboscada a las “madres buscadoras” para que asistieran a la zona y contaminaran la escena del crimen, en momentos que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se alistaba para intervenir.
En efecto, el pasado viernes, en aras de cambiar la narrativa de exigencia de cuentas por el derrame en el Golfo de México, en el comienzo de las vacaciones, en que la oposición “se da un merecido descanso” luego de defender valientemente a la población que no vota por el oficialismo (lo que no significa que vote por las propuestas de aquellos), en medio de todo ello, se da a conocer un informe oficial -retrasado una y otra vez- sobre el número de personas desaparecidas.
Como si fueran peras y manzanas, se recurre a la estrategia ya anunciada desde el sexenio anterior, de “rasurar” el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), antecedida a su vez, por el infame discurso -repetido por la inquilina de Palacio Nacional hace unas semanas- de que la diferencia de las desapariciones ocurridas a partir del 1 de diciembre de 2018, es que estas fueron producidas “por particulares” y no por el Estado.
En efecto, frente a este deslinde que asume rasgos patológicos, con el propósito de diluir la responsabilidad en el tema de las desapariciones de estos casi ocho años de gobierno morenista, se afirma que de las 132 mil 534 personas hoy registradas como desaparecidas (casi 130 mil correspondientes al periodo de 2006-2026), solo 43 mil 128 registros contienen datos suficientes para ubicarse en ese estatus (no localizadas).
Hay que decir, que estas conclusiones fueron dadas a conocer por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Búsqueda que es la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda a cargo del registro de desapariciones (RNPDNO), de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda (2017).
Frente a este desparpajo que caracteriza al gobierno Wikipedia (por aquello, de que todo lo hacen gente improvisada), se omitió decir, que, de las 132 mil 534 personas hasta hoy desparecidas, que se pretende reducir por decreto a solo un 33 % del total, 70 mil 146 de ellas desaparecieron entre el periodo del 1 de diciembre de 2018 y el 27 de marzo de 2026 (fecha en que se presenta el informe).
Es decir, durante el gobierno morenista se ubica el mayor porcentaje de personas que hoy permanecen desaparecidas (52.92%).
Quien por supuesto no podía faltar en este desaseado informe fue la responsable de la Segob, que evadió dar cuentas -frente a su jefa- de la estrategia anunciada el año pasado (luego del campo de exterminio encontrado en Jalisco) de convertir a la CURP en una herramienta de alera temprana, para lo cual se reformó la ley en la materia de desapariciones y la ley poblacional.
Las razones para no hacerlo, es porque como escribimos en los artículos correspondientes a los meses de marzo y junio de 2025, es un disparate suponer que la CURP sirva para prevenir a tiempo la sustracción o secuestro de una persona. Acaso para lo que sirve, es rastrear los movimientos administrativos posteriores que hacen suponer que está viva. Es un fracaso anunciado que no se tiene el valor civil y profesional de reconocer, cuya muestra es el nulo efecto para reducir el número de desapariciones.
El otro dato -central- que omitió la exreportera, fue el número exacto de registros realizados del ADN de miles de cuerpos en morgues y lugares improvisados, para poderlos confrontar con el ADN de madres y familiares en búsqueda de sus desaparecidos(as), ya que por mandato de ley -los primeros- debían llevarse a cabo desde 2022, por el Centro Nacional de Identificación Humana y los centros estatales forenses, contribuyendo a la integración del Banco Nacional de Datos Forenses.
Tan importante es esta labor, que ello (la confronta) permitiría saber cuántos de esos cuerpos corresponden lamentablemente al registro de personas desaparecidas, depurando esta base de datos.
Es por más evidente que este gobierno, no tiene la menor idea de cómo enfrentar el problema de las personas desaparecidas, por ello es indispensable poner fin a esta vorágine que lo único que se pretende es ganar tiempo, en donde los colectivos de buscadoras y buscadores pueden tener un papel central por ser los mayormente interesados: ¿cómo? haciendo un llamado unificado para solicitar la ayuda internacional de la ONU y de la OEA.
Para ello, se debe recurrir a la asesoría de organizaciones no gubernamentales internacionales como Amnistía Internacional (AI), se trata de un esfuerzo mayúsculo pero necesario con objeto de frenar la indolencia, insensibilidad y el engaño de parte de un gobierno mentiroso e inepto.
Es necesario que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU encabece una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades de lo hecho en estos casi ocho años de gobierno morenista, en donde participe la UNICEF, donde se tenga acceso a todas las bases de datos disponibles, donde no se pueda reservar ninguna información referente a las acciones de gobierno emprendidas para atender este asunto.
Simultáneamente, en el marco de las negociaciones para la firma de un nuevo acuerdo comercial con USA, se debe pedir al Congreso de aquel país, a través de legisladores de origen mexicano o latino, que su aprobación esté condicionada a los resultados que deriven de las investigaciones de los organismos internacionales, cuya intervención de estos no puede estar sujeta a negociación ya que México como integrante de los instrumentos internacionales sobre DDHH está obligado a recibir y atender a sus funcionarios.
No se debe olvidar que la titular del Poder Ejecutivo federal, en un doble rasero, cada que puede, reitera la disposición de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA vuelva al país, para revisar el caso de Ayotzinapa. No habiendo motivos para que se oponga para que la ONU y la propia OEA integren un grupo similar para investigar el tema de las personas desaparecidas.
Con ello, el gobierno feminista no podrá librarse de la condena internacional que signifique evidenciar la ineptitud y la falsedad con que ha actuado en esta tragedia nacional, sin obviar las sanciones penales individuales que deriven para cada funcionaria y para cada funcionario, por acción u omisión.
Autor de las obras Derecho a la Identidad Personal y Cédula de Identidad en México, editorial Civitas&Universitas, 2022, sevilla2023derecho@gmail.com