A Julián Carrillo le avisaron en octubre de 2018 que hombres armados habían ingresado a Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, buscándolo.
Desde 2014 el líder de la comunidad rarámuri y defensor de los recursos naturales en la Sierra Tarahumara estaba amenazado. Su hijo Víctor había sido asesinado en 2016. Lo mismo sucedió con dos de sus sobrinos y su yerno.
Carrillo solicitó el auxilio del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno mexicano, pero pronto descubrió que aquello no iba a servir de nada.
En aquella región de más de 50 mil hectáreas había que caminar un día para tener contacto con alguna autoridad. Ningún teléfono celular funcionaba. Ningún funcionario del gobierno se acercó jamás a él.
El Mecanismo le dio un teléfono satelital, y luego olvidó su caso.
Cuando en octubre de 2018 le avisaron que gente armada –y dedicada a la tala– andaba preguntando por él, Carrillo puso al tanto de la situación a un amigo y luego se internó en la sierra.
Otros dos líderes rarámuris huyeron también de Coloradas de la Virgen. Lograron salvarse por un pelo.
Carrillo no. Encontraron su cuerpo acribillado junto al teléfono satelital que el Mecanismo le había entregado.
Un informe de la ONU determinó que Carrillo había afectado intereses del crimen organizado al oponerse a la tala indiscriminada de árboles en la región. En el mismo documento, un relator especial consideró que la sierra de Chihuahua era una de las zonas de mayor peligrosidad para activistas y defensores de derechos humanos.
De manera histórica, la Sierra Tarahumara ha sufrido la extracción de recursos forestales , mineros y acuíferos. Sus habitantes han sido víctimas de una historia de despojo y violencia sistemática.
A todo esto, se agregó dramáticamente el arribo de la delincuencia organizada que desde los años 70 comenzó a trastocar de modo profundo las dinámicas sociales, económicas y políticas.
Ante la ausencia permanente (y también con la complicidad) del Estado, el crimen desató la narcosiembra, se apoderó de las rutas de trasiego, cometió despojos de tierras, se adueñó de la explotación de madera (en una zona formada por más de 7 millones de hectáreas de coníferas), metió la mano en la explotación minera...
Mediante el ejercicio sistemático, y cada vez más sádico y brutal, de la violencia, en medio de un clima de impunidad absoluto, los criminales diversificaron el catálogo de sus actividades y terminaron controlando no solo la venta de madera, sino también la de artículos como el alcohol, los refrescos y los alimentos.
El resultado fueron pueblos abandonados, un desplazamiento sin control en Uruachi, Urique y Guadalupe y Calvo, entre otros municipios, y una tasa de homicidios en la zona de serrana de 103 por cada 100 mil habitantes.
De ese tamaño es la violencia, el abandono, el olvido.
Luego de que en la comunidad de Cerocahui un cabecilla regional del Cártel de Sinaloa apodado El Chueco asesinara a los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, el Vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez Espinosa , reveló en una entrevista de radio:
“Hemos denunciado la migración forzada en la zona Tarahumara, que huyen de la delincuencia organizada que se disputa la zona, que se pide al elotero cuota, a camioneros mercancía. La venta de cerveza no la hacen las empresas sino el crimen organizado de manera directa a los expendios. Ahora la realizan ellos, el crimen organizado tiene cooptados a todos…”.
Según la historia confusa dada a conocer por las autoridades, un hombre privado de la libertad logró escapar y llegar al templo en donde los dos sacerdotes jesuitas lo auxiliaron. Hasta ese lugar habría llegado El Chueco para, “lamentablemente” –dice el boletín– matarlos a todos.
El presidente ha dicho que aquella es una zona en la que existe gran presencia criminal. Lo cual es cierto. Pero también se trata de una zona de ausencia histórica del Estado y de impunidad brutal. Una zona de violencia y olvido.
Lo explica claramente el relato del Vicario: “Al Chueco lo conocemos por años y atrocidades que ha ido cometiendo, pero nunca hemos sido molestados por ellos, la relación era cordial…”.
Fue cordial hasta que el crimen puso de relieve la historia de indefensión y vulnerabilidad en que la Sierra –y el resto del país– se encuentran.
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