A las 11:40 del viernes, un tiroteo ocurrido a pocas calles del Palacio Municipal paralizó la vida en Matamoros, Tamaulipas . Imágenes subidas a redes sociales dieron cuenta de una camioneta que bloqueaba la circulación en la esquina de Lauro Villar y Guadalupe Victoria. A su lado aparecían vehículos chocados y cuerpos tirados en la calle.
Un video captado por vecinos mostró la forma brutal en que hombres armados y provistos de chalecos tácticos subían a la caja de una camioneta a una mujer afroamericana y arrastraban por el pavimento los cuerpos inertes de dos personas más.
Corrió la noticia de que otra persona había muerto a consecuencia de una bala perdida. No apareció autoridad alguna. Los negocios de la calle bajaron las cortinas. Las autoridades pidieron a la población que se resguardara en sus casas. Las clases fueron suspendidas en todos los niveles educativos. El Consulado General de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta para que sus ciudadanos no pisaran tierras tamaulipecas.
Durante varias horas las vialidades permanecieron cerradas. Corría el rumor de que un grupo de haitianos habían sido “levantados”: uno de los problemas de la ciudad fronteriza es la cantidad de migrantes de diversas nacionalidades –haitianos, cubanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, rusos, venezolanos, colombianos– que deambulan e incluso duermen en las calles.
Matamoros se halla bajo el puño del Cártel del Golfo , que extorsiona y cobra piso a prácticamente todas las actividades productivas. Desde vendedores de flores y de pollos hasta dueños de hoteles, hospitales, bares, restaurantes, agencias aduanales y concesionarias, están obligados a pagar las cuotas impuestas por el jefe de plaza, al que las autoridades identifican como José Alberto García Vilano, alias Ciclón 19 o La Kena.
Dos facciones del Cártel del Golfo han iniciado la disputa de la ciudad, en donde comerciantes y empresarios se hallan, al mismo tiempo, bajo un esquema de extorsión por parte del Ayuntamiento que encabeza el morenista Mario Alberto López Hernández (lo relaté en este espacio la misma semana en que ocurrió el tiroteo http://bit.ly/41I4LCm ).
En días pasados, una de las facciones en pugna, el llamado Grupo Escorpión del Cártel del Golfo puso en circulación un video en el que aparecen arrodillados seis vendedores y compradores de “cristal”. Los sicarios, con indumentaria paramilitar, y fuertemente armados, declararon que en esa parte de la frontera estaba prohibida la venta de “cristal” y de fentanilo.
Las autoridades estatales y federales ignoraron lo sucedido el viernes en la calle Lauro Villar hasta que un comunicado del FBI reveló que cuatro ciudadanos estadounidenses que habían cruzado la frontera fueron atacados y secuestrados por hombres no identificados: “Los cuatro estadounidenses fueron colocados en un vehículo y sacados del lugar por hombres armados”.
El FBI anunció una recompensa de 50 mil dólares por la devolución de las víctimas y la detención de los involucrados.
Ayer, tras la sorpresiva irrupción del Buró, el embajador Ken Salazar publicó una declaración que se volvió viral (“secuestraron a punta de pistola a cuatro ciudadanos estadounidenses… No tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos. Este es el papel más fundamental del gobierno estadounidense”) y luego visitó Palacio Nacional para tratar el tema con el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano había permanecido en silencio durante el fin de semana y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dedicado esos días, según imagen publicada en sus redes sociales, a practicar el alpinismo en el Cerro del Bernal.
El tema llegó a la Casa Blanca, que calificó los hechos como inaceptables y señaló que las fuerzas del orden público de Estados Unidos –incluido el Departamento de Estado y la Seguridad Nacional– presionan al gobierno mexicano para llevar a los responsables ante la justicia.
La embajada a cargo de Ken Salazar está canalizando toda la información a su alcance directamente a las oficinas del FBI en Washington. Fuentes locales reportaron ayer una fuerte presencia de agentes estadounidenses en Matamoros.
El secuestro ocurre en un momento en el que la presión de sectores políticos de Estados Unidos en contra de México va en aumento a consecuencia de los cientos de miles de muertos que ha dejado en aquel país el fentanilo que trafican organizaciones criminales de este lado de la frontera.
El exprocurador general William Barr acaba de calificar en The Wall Street Journal al presidente López Obrador como “el facilitador en jefe de los cárteles”. El representante republicano Dan Crenshaw, quien presentó en enero pasado una iniciativa para que las fuerzas armadas de aquel país puedan actuar en contra de las organizaciones delictivas mexicanas, reaccionó violentamente ante una declaración de López Obrador, quien dijo que tal iniciativa solo buscaba obtener “raja electoral”:
“Lo único que queremos es enfrentar de una vez a los poderosos elementos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, pagan y amenazan a políticos mexicanos y envenenan a estadounidenses. ¿Está en contra de eso, señor Presidente? ¿A quién representa usted? ¿A los cárteles o al pueblo?”.
Un total de 21 fiscales generales de diversos estados le han pedido al presidente Biden que declare como organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles mexicanos. Ayer, las principales cadenas de Estados Unidos volvieron su nota principal los hechos de Matamoros. El secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses parece alinear a la Casa Blanca y al FBI con las preocupaciones, disparatadas, de los sectores republicanos. La amenaza de los cárteles es cada vez más palpable.
Una tormenta podría acompañar los días finales, el crepúsculo del sexenio de AMLO.
