Apenas el pasado 3 de abril, el colectivo Amor por los Desaparecidos reportó el hallazgo de un predio, al sur de la colonia Puerta Sur de Reynosa, Tamaulipas, en el que tras varios días de búsqueda fueron localizados los restos de al menos 14 personas.
Siete cráneos, restos de vértebras, mandíbulas, costillas, fémures y otros huesos, habían sido calcinados o se hallaban semienterrados.
La exigencia de la presidenta del colectivo, Edith González Treviño, fue que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas intervinieran la zona de manera continua e ininterrumpida, “para no quedarnos solo con el levantamiento de huesos en la superficie”. González dijo que en aquel lugar existían indicios de un mayor número de desapariciones clandestinas. Como un eco de lo ocurrido ahí, el colectivo halló botones de pantalón, aretes, adornos e incluso un chaleco negro.
“Desaparecer es más fácil que matar”, señaló González.
A muchos kilómetros de allí, la dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, le daba a su hijo Marco Antonio el último adiós en el Panteón Municipal de Hermosillo. Flores llevaba siete años buscándolo. Encontró por fin lo que quedaba de él en el Ejido Salvador Alvarado, en la Costa de Hermosillo.
Flores ha visibilizado como pocas personas la tragedia de las madres buscadoras de México. Una y otra vez ha denunciado las condiciones de riesgo en que trabajan las buscadoras: ignoradas o despreciadas por las autoridades y sometidas a amenazas y agresiones, y convertidas incluso en víctimas de desaparición o asesinato.
Entre enero y marzo de 2026 fueron localizados 35 cuerpos en por lo menos 18 fosas clandestinas que fueron descubiertas en el Ejido Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, en un área cercana a San Luis Río Colorado.
Se hallaron casquillos percutidos. Se desenterraron tres torsos y diversos fragmentos óseos que estaban también semicalcinados. Según los reportes, los cuerpos de las víctimas habían sido quemados con madera de roble. Integrantes del Colectivo Madres Unidas y Fuertes de Mexicali refirieron que en el lugar había varios puntos con tierra removida.
Irma Leyva, dirigente del colectivo, exigió al gobierno federal tecnología para identificar los restos, así como mano de obra “porque los muchachos están completamente agotados, no son muchos y están trabajando 12, 14, 16 horas”.
“Creo que la Federación debe voltear a ver lo que está pasando”, agregó.
A principios de marzo pasado, integrantes de la colectiva Feminista Ehécatl reportaron el hallazgo de restos humanos en el siniestro canal de Cartagena, del municipio de Ecatepec. Se informó que dichos restos podrían corresponder a un dorso que la colectiva había encontrado días atrás en el mismo canal.
Desde 2025 el canal de Cartagena fue bautizado por la colectiva como “el canal de la muerte”. Entre febrero y mayo de ese año las buscadoras hallaron al menos 10 restos humanos: “torsos, manos, piernas y una recién nacida”.
Para Carmen Zamora, fundadora de la organización, el canal es el cementerio de alguien que sabe perfectamente cómo desmembrar cuerpos.
Reforma informó el domingo que en ese canal de aguas negras han sido hallados los restos de 17 personas en los últimos dos años.
Todas estas cosas estaban ocurriendo, prácticamente de manera simultánea en México, cuando el gobierno mexicano rechazó el informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), que presentó cifras dantescas sobre desapariciones y cuerpos sin identificar, concluyó que existen “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, y pidió que el caso mexicano fuera llevado a la Asamblea General de la ONU a fin de que este órgano proponga medidas que ayuden a resolver la crisis.
De inmediato, como era de esperarse, el informe fue descalificado y tildado de “inaceptable”, “tendencioso”, “injerencista”, “inexacto” y, sobre todo, según gritaron portavoces a los cuatro vientos, de emplear cifras del pasado y no tomar en cuenta ni los avances ni el supuesto esfuerzo del gobierno de Claudia Sheinbaum para resolver la crisis. Sheinbaum alegó por su parte que el informe venía solo “de un Comité” y no de las Naciones Unidas.
La respuesta dada ayer por parte del presidente del Comité, Juan Pablo Albán, dejó muy mal parado nuevamente al gobierno de Sheinbaum.
Albán ofreció documentos que prueban que el Comité sí forma parte de la ONU. Citó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que aclara las circunstancias exactas en que un asunto de desapariciones forzadas puede ser llevado a la Asamblea General.
Desmintió que el informe se base solo en información “del pasado” y señaló párrafos que muestran que los datos de la CED llegan a febrero de 2026. En esos párrafos se indica, por ejemplo, que “el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas (más de 134,200 al 19 de febrero de 2026) y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
Es una mala noticia que Sheinbaum haya heredado de su predecesor la inclinación a descalificar, a negar, a no corregir, y sobre todo la inclinación a hacer todo esto sin presentar datos.
Una vez más, la 4T nos muestra que, en la crisis de las desapariciones, los mexicanos estamos solos.
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