“No vamos a decir que les pusimos cinchos”: abuso policial en Morelos

Héctor De Mauleón

Ante “la obstrucción del Ejecutivo Estatal en las investigaciones”, la CDHM presentó una demanda de amparo indirecto por el posible delito de tortura

“Vamos a decir: sí, efectivamente, me ordenaron entrar, vimos los disturbios, se invitó mediante el diálogo como se pudo… Y mediante el diálogo tratamos de calmarlos; no se pudo porque andaban muy alterados o agresivos los muchachos. Hubo que usar la fuerza de manera racional… No vamos a decir que (a los muchachos) se les pusieron cinchos, de que le pegaste dos tres madrazos a uno…”.

Según un audio entregado al columnista por policías estatales, estas son las instrucciones que el comandante Simón Cano Martínez dictó a los elementos que el 1º de septiembre de 2020 irrumpieron en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes, CASA, dependiente del DIF Morelos, a fin de aplacar una protesta y actos de vandalismo contra el inmueble que realizaban un grupo de adolescentes.

Según se desprendió de investigaciones y declaraciones posteriores, los policías sometieron a golpes y “varillazos en las pantorrillas” a los menores. Los hincaron de cara a la pared, con el torso desnudo, y los amarraron de las manos. Al menos 13 de ellos sufrieron esta suerte.

El ombudsman de Morelos, Israel Hernández, quien denunció estos hechos, recordó más tarde que el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, lo había citado al día siguiente de manera urgente: en esa reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, el comisionado estatal de Seguridad, José Ortiz Guarneros, la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio, y el medio hermano del gobernador, Ulises Bravo, sin cargo en el gobierno, pero con autorización para intervenir en todo.

“Me destrozaron, se me fueron con todo”, declaró Hernández. “Pablo Ojeda consideró que mi declaración de que habían estado hincados y descalzos había sido muy irresponsable… ‘¿Qué vas a hacer si no lo pruebas, te vas a retractar, vas a pedirnos una disculpa?’”.

Semanas más tarde policías estatales entregaron a “Reforma” fotografías que mostraban a los adolescentes hincados, descalzos, con las manos atadas y alineados de cara a una pared. Todo lo que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco había negado.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) abrió una carpeta. Se determinó que los 13 menores, entre los que había seis mujeres, fueron trasladados, “posiblemente como castigo”, de las instalaciones del DIF, que encabeza la esposa del gobernador, Natalia Rezende Moreira, al centro de tratamiento de las adicciones conocido como SIANI, a cargo de particulares y que según la CDHM no se encuentra avalado ni por la Comisión Nacional Contra las Adicciones, ni por el Consejo Estatal Contra las Adicciones de Morelos, y el cual, además, “brinda sus servicios desde una perspectiva religiosa, violentado con esto el Estado Laico”.

Tras la publicación de las fotografías, visitadores de la CDHM se presentaron en el Centro de Atención a las Adicciones a fin de gestionar entrevistas con los menores agraviados que pudieran servir de base al Protocolo de Estambul.

El procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF Morelos ordenó que se impidiera el paso a los visitadores, quienes se retiraron “sin verificar las condiciones en que se encuentran los trece jóvenes”.

Se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos. Con personal de la fiscalía, los visitadores regresaron al centro. Esta vez se presentaron en el lugar el subsecretario de Gobierno, Mauricio Robles, el consejero jurídico, Samuel Sotelo, y el coordinador de asesores, Mauricio Termignoni. El personal de la comisión no tuvo acceso a los adolescentes.

Ante “la obstrucción del Ejecutivo Estatal en las investigaciones”, la CDHM presentó una demanda de amparo indirecto por los posibles delitos de tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes y desaparición forzada. Un juez ordenó que se certificara la integridad de los menores y se les solicitara la ratificación de la demanda de amparo.

Once de los menores no quisieron ratificar. El organismo defensor de los derechos humanos advirtió que la diligencia se había realizado sin la presencia de un representante legal y con los menores privados de la libertad y bajo la custodia de sus presuntos agresores.

El 8 de marzo pasado, una menor que se encontraba en un hogar de acogida, entrevistada por la actuaria del juzgado, se decidió a ratificar la demanda. El Tribunal Colegiado ordenó que se repusiera el procedimiento y comisionó a la actuaria para que requiriera la ratificación de los menores.

Ninguno quiso hacerlo, pero “si manifiestan haber sido víctimas de abusos… así como haber sufrido maltratos durante su traslado y permanencia en el SIANI”: “manifiestan que los policías los patearon, esposaron, golpearon y trasladaron a base de mentiras y que durante su permanencia en el SIANI han sido objeto de malos tratos y amenazas, aunada la alarmante declaración de uno de ellos, en la que manifiesta que una de las adolescentes recibe dinero a cambio de besos”.

En el audio que al que hice referencia al comienzo de esta columna, el comandante Cano Martínez instruye a sus hombres:

“¿Qué vamos a decir? Cuando llegamos, entramos, vimos que unos disturbios, rompieron la puerta café… ustedes no vieron cuando la rompieron, pero hubo un momento donde nosotros tuvimos que entrar por la puerta principal… Se usó la fuerza de manera racional para someterlos, para calmarlos, más que para someterlos y posteriormente las autoridades del DIF pues ya intervinieron, los llevaron a su dormitorio y trasladaron a algunos. Algo así… No vimos lesionados, al contrario, nosotros tuvimos que cuidarnos porque nos estaban tirando piedras, algo así vamos a decir, lo que es. No nos vamos a acordar de las horas, decir: aproximadamente a esta hora…”.

En una hoja de valoración médica, algunos de los menores admitieron que ese día habían consumido alcohol y PVC.

El ejecutivo estatal ha negado o impedido esta investigación de manera sistemática. Otro escándalo en Morelos.

 

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