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Los abandonados

Héctor De Mauleón

“Me siento abandonado, humillado. Y ahora el INSABI me niega el beneficio de gratuidad. Es un infierno”

Isidro H. 60 años. Ocupación: albañil. En febrero del año pasado sufrió una pérdida anormal de peso. Vinieron vómitos, mareos, una descompensación general. Fue atendido en un centro de salud. El diagnóstico fue posible tumoración en el riñón izquierdo y en el lóbulo hepático izquierdo.

Se le envió al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Ahí el diagnóstico se confirmó. Los tumores tenían características malignas.

El “Salvador Zubirán” fue convertido al poco tiempo en un hospital Covid. Comenzaba la emergencia que el Presidente de México creía que iba a terminar en abril, según dejó ver en una de sus “mañaneras”. Isidro H fue una de esas miles de personas que de la noche a la mañana se quedaron aferrados con las uñas al borde de un amargo precipicio. Le entregaron una hoja de referencia: “Debido a la situación actual de contingencia institucional por Covid-19 no se cuenta con capacidad para realizar biopsia de tumoración renal de manera segura, ni para ofrecer tratamiento oncológico subsecuente…”.

Fue referido al Instituto Nacional de Cancerología, INCAN. Le abrieron expediente hasta el 15 de mayo. En la especialidad de Gastroenterología le informaron que se trataba de un cáncer agresivo y que requería cirugía, “en virtud de que podía hacer metástasis en pulmones y huesos”. Le solicitaron una serie de estudios de urgencia para prepararlo para la operación.

El 1º de junio, Isidro H fue enviado a realizarse los mismos estudios que ya se había realizado, así como un PET-Scanner ya que existía la posibilidad de que el cáncer hubiera avanzado a otros órganos. Resultó imposible practicar el estudio: “No se contaba con el material necesario para realizarlo”, relata Isidro.

Sin recibir tratamiento médico de ningún tipo, y con una crisis de salud que ya no le permitía tenerse en pie, ni probar ni retener alimento a consecuencia de los dolores que sentía, Isidro H perdió el conocimiento. Para entonces llevaba tres días sin poder comer. El 25 de junio, sus familiares lo llevaron a Urgencias del INCAN. “En dicha institución únicamente me pusieron suero y me dieron un medicamento para las náuseas”, relata. Le indicaron que de momento no podían hacer más “debido a la contingencia sanitaria que presenta el país”.

En total, pasaron cinco meses sin que él recibiera ningún tipo de tratamiento. En ese tiempo bajó 30 kilos. Su salud se fue menoscabando al punto de que necesitaba ayuda para ponerse en pie o para ir al baño. Perdió el trabajo y se fue quemando los ahorros que había logrado a lo largo de su vida.

Una abogada, Perla Moctezuma, quien se ofreció a ayudarle sin cobrar un centavo, tramitó un juicio de amparo en el juzgado duodécimo en materia administrativa de la Ciudad de México (expediente 663/2020). La sentencia resolvió que en 24 horas las autoridades responsables —la Secretaría de Salud, el INSABI y el INCAN— debían otorgar a Isidro la atención médica necesaria.

Durante 20 días más no recibió absolutamente nada. No solo eso, el INCAN y el INSABI se inconformaron contra la sentencia, a la que declararon “excesiva e incongruente”.

El INCAN manifestó que algunas de las enfermedades que Isidro padecía —obesidad, diabetes, dislipidemia, etcétera—  “se derivaban de sus malos hábitos alimenticios” y eran “responsabilidad del paciente y no del Instituto”.

El INSABI declaró que no había recibido recursos del gobierno de la ciudad (según acuerdo firmado en febrero de 2020) para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud).

Isidro siguió sin recibir ningún tipo de medicamento oncológico. Pero le dieron fecha para la operación: 20 días después de lo que la sentencia había indicado: el 23 de julio de 2020.

Un día antes le informaron que debía pagar 20 mil pesos “para la renta de un aparato”, según dice, que iba a usarse durante la intervención. “Nos dijeron que si no llevábamos el dinero, tendrían que cancelar, que la operación no podría hacerse sin ese aparato”, relata la hija de Isidro.

A pesar de todo decidieron ir, acompañados por su abogada. La operación al fin se llevó a cabo. Mientras convalecía, a Isidro le reclamaron que además de negarse a pagar hubiera llevado a una abogada que lo amenazó. Dice su hija que para darlo de alta les cobraron 37 mil pesos.

Por todo medicamento, le dieron paracetamol y unos antibióticos.

En agosto le hicieron por fin el PET-Scanner. Se decidió que eran necesario hacer otra intervención para retirar el riñón. Se la hicieron el 3 de noviembre.

Hace unos días, un año después de la primera consulta, a Isidro le dijeron que el mal estaba muy extendido y que ya era imposible someterlo a un tratamiento de quimioterapia. Le recetaron un medicamento, “Nexavar”. Su costo es de 73 mil pesos.

“Me siento abandonado, humillado. Fui beneficiario del Seguro Popular con una vigencia del 3 de agosto de 2018 al 2 de agosto de 2021. Y ahora el INSABI me niega el beneficio de gratuidad. Ya no tengo dinero. No puedo trabajar. Me mareo, me he caído tres veces. Mi cerebro está dando vueltas. Muchas noches no duermo, me la paso llorando. Es un infierno, un infierno, pero hay que pasarlo”, dice Isidro.

Un médico le dijo, por todo consuelo: “Le tocó, señor, la enfermedad y lo del Covid”.

“Yo ya solo estoy a lo que Dios diga”, agrega Isidro.

Todavía no se sabe cuántas decenas de miles de mexicanos están o estuvieron así, exactamente así.  

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