Fue uno de los detenidos en el penal de Durango, Javier Lozano Lara, El Flamas, quien comunicó a su abogado defensor, identificado con las iniciales J.C.A.J, que el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, había ordenado que se agilizara la “fiesta” que iba a llevarse a cabo ese fin de semana.
Se trataba del ataque al campo de futbol de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, en donde iba a jugarse la final entre los equipos Marañón, de Irapuato, y Biodent Dental Care, de Salamanca. La agresión iba a dirigida en contra de guardias de seguridad de una empresa privada, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Aquel domingo se hicieron más de 100 disparos. Once personas perdieron la vida y una docena resultaron heridas.
El Flamas instruyó a su abogado para que se consiguieran armas largas y le hicieran saber si se necesitaban más “peines”. Urgió a su abogado a que se comunicara con un sujeto apodado El Número, y a que le consiguiera el número telefónico de Mario Eleazar Belman, alias El Camorro, El Negro o El Gallo, líder de la célula criminal conocida como La Marriza.
Bajo las órdenes de El Camorro se encuentra Moisés Soto Bermúdez, considerado por las autoridades federales como jefe del grupo de choque que perpetró la masacre.
Según las investigaciones, La Marriza es uno de los grupos responsables de la violencia que hoy azota Salamanca, Celaya e Irapuato. El ataque, según un reporte de inteligencia consultado, iba a verificarse el fin de semana anterior. Pero el comando encargado de llevarlo a cabo no lo realizó. El Flama le dijo a su abogado que esta vez era necesario que se reuniera un grupo de “puros”.
Se presume que ese grupo fue el que actuó el pasado 25 de enero en el campo de Loma de Flores.
Dos días más tarde, agentes de la secretaría de seguridad pública del estado detuvieron a tres personas. Una de ellas, Fabián “G”, había realizado labores de halconeo para el Cártel de Santa Rosa de Lima el día de la masacre. Se le ordenó que vigilara y alertara sobre el posible paso de unidades de la Guardia Nacional o el Ejército. Se le ordenó, también, que enviara fotografías del campo de futbol, así como de la calle principal de Loma de Flores.
Fabián “G” reveló que recibía instrucciones vía WhatsApp por parte de un sujeto al que llaman El Inge. Reveló también que sus hermanos, Juan, El Chato y El Gordo habían tomado parte en el ataque. Ellos fueron quienes lo conectaron con el cártel. Llevaba dos semanas realizando ese trabajo.
En su teléfono, y en el de uno de sus hermanos, Mauricio Omar “G”, aparecieron fotografías de cuerpos calcinados, imágenes de una sustancia de color rosa en envoltorios de plástico, así como diversas armas de fuego.
Había, asimismo, un video en el que se ve a varios hombres a bordo de un vehículo, portando armas largas: se encuentran en una estación de gasolina ubicada en la carretera federal 45, en donde la madrugada del 9 de enero un grupo armado intentó robarse un cajero automático: los asaltantes fueron detectados por el C-4, cuando subían el cajero a la caja de una camioneta arribaron elementos de la fuerza de seguridad pública del estado y se desató una balacera.
Los asaltantes lograron huir, tirando sobre el camino varios poncha llantas.
Según fuentes de la secretaría de seguridad, tras la captura de Fabián y Mauricio Omar “G” se localizaron dos camionetas que habían tomado parte en la masacre del campo de futbol.
Cuando un grupo de reporteros interrogó al fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, sobre la detención de tres personas, este respondió molesto que “habría que preguntarle a la Secretaría de Seguridad respecto de su información, porque quien investiga y asegura detenidos es la fiscalía general de estado”.
Vázquez acusó a la secretaría de seguridad de haber difundido información “de manera irresponsable en un caso altísimamente complicado”.
“Ellos informaron, ellos que se hagan cargo de identificar, que se hagan cargo de su área de responsabilidad. La Fiscalía se mantiene en su visión y en su versión de investigar y de dar cuenta cuando ya tengamos vinculación a proceso”, respondió con visible molestia.
Las diferencias entre las instancias de seguridad causaron revuelo en medios locales. El fiscal se negó a informar sobre el estatus jurídico de los detenidos.
Según fuentes del gobierno del estado, estos no fueron vinculados a proceso. Por el contrario, afirman que se les liberó “con gran hermetismo”.