La nueva “verdad histórica”, a 800 metros de la otra

Héctor De Mauleón

Una pequeña hoguera con restos de leña quemada, llantas, alambres y restos óseos, fue hallada a principios de diciembre en 2014 en la Barranca de la Carnicería, en el municipio de Iguala, Guerrero. La habían encontrado miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG.

Hacía menos de dos meses que habían desaparecido 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Siguiendo versiones de pobladores, que la noche del 26 de septiembre de 2014 habían visto lumbre hacia el lado de la barranca, un miembro de la UPOEG se acercó al lugar. Halló restos de la hoguera y también de tierra removida.

Esa barranca se encuentra a 800 metros del basurero de Cocula, al que según la entonces Procuraduría General de la República, fueron conducidos, y luego ultimados e incinerados los estudiantes (la “verdad histórica”). La Barranca de la Carnicería está, de hecho, a unos pasos del camino que lleva hacia el vertedero.

Ayer, en conferencia de prensa, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Iguala de la FGR, anunció que durante una búsqueda realizada entre el 21 y el 29 de noviembre de 2019, se recuperaron 15 indicios que luego fueron enviados para su análisis a la Universidad de Innsbruck. El Instituto de Genética de esa universidad austriaca reveló que los restos pertenecen a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los estudiantes desaparecidos.

No hubo preguntas. Tampoco se enunció una narrativa que explicara cómo fue que los restos de Rodríguez Telumbre llegaron a aquel sitio. Lo sí se hizo fue anunciar que el hallazgo ratifica el derrumbe de la “verdad histórica” y abre la posibilidad  – “por los indicios, las pruebas, las investigaciones”, en palabras del subsecretario Alejandro Encinas–  de conocer “lo que verdaderamente” ocurrió esa noche.

El 4 de octubre de 2014 surgió la primera versión de la incineración de los estudiantes y también la primera versión de que no todos habían tenido como destino final el basurero de Cocula. Fue realizada por un miembro del grupo criminal Guerreros Unidos: Marco Antonio Ríos Berber.

Él le relató a la Fiscalía de Guerrero que algunos alumnos habían sido traslados al cerro de Pueblo Viejo, en donde fueron asesinados, incinerados y “aventados al hoyo”, al que más tarde arrojaron los cadáveres de otros seis alumnos: “También se les prendió fuego hasta que se calcinaron y posteriormente el Gaby y el Chaki taparon el hoyo con ramas”, dijo.

Otro miembro de la organización criminal, Martín Alejandro Macedo, refirió que 17 alumnos fueron llevados a una casa de seguridad de La Loma, en donde “los privaron de la vida ya que no se querían someter”. Según Macedo, a algunos los asesinaron de un tiro en la cabeza y a otros a golpes, “porque estaban muy violentos”. Macedo dijo que siete de los jóvenes fueron quemados por órdenes del jefe de sicarios, un sujeto apodado El Chucky. Los cuerpos, de acuerdo con la versión, fueron enterrados en un hoyo abierto con una excavadora.

También existen declaraciones que afirman que otro grupo de alumnos pudo ser llevado a un rancho propiedad de Víctor Hugo Benítez Palacios, alias El Tilo.

La revelación de la existencia estos sitios –a los que se suma una casa de seguridad que operaban el jefe de plaza, Gildardo López Astudillo, y el subdirector de la policía de Cocula, César Nava– solo muestran el control que Guerreros Unidos ejercía en todas las zonas de estos municipios.

Todas las investigaciones, la de la “verdad histórica”, la de la CNDH y la del GIEI, refieren que los estudiantes fueron interceptados y sustraídos de dos lugares distintos. El riguroso trabajo que desde la CNDH realizó José Trinidad Larrieta (cinco años, un millón de fojas) refiere que en Juan N. Álvarez fueron secuestrados entre 23 y 28 normalistas a los que llevaron a la comandancia de Iguala y sacaron posteriormente para entregarlos a Guerreros Unidos en Loma de Coyotes. Ese grupo fue conducido al basurero de Cocula: Larrieta afirma que más de 21 personas fueron incineradas en ese sitio: el Equipo Argentino de Antropología Forense admitió que ahí estaban al menos los restos de 19 personas. “Está científicamente demostrado que dos de los 43 normalistas fueron incinerados en el vertedero de Cocula”, ha dicho Larrieta.
Para la CNDH, es altamente probable que los 114 restos óseos recuperados en el basurero y en el Río San Juan correspondan a normalistas desaparecidos durante la noche de Iguala.
Hubo otro grupo, de entre 14 y 20 alumnos, interceptado en el Puente del Chipote. La PGR sostuvo que en ese grupo (el autobús 1531) iban, entre otros, Christian Rodríguez Telumbre, Alexander Mora Venancio y Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa.

Este grupo fue subido a cuatro camionetas de policía, uno de Iguala y tres de Huitzuco (López Astudillo dijo que a una parte se la llevó gente de El Tilo). Como se vio después, este grupo no llegó a Huitzuco y según la CNDH fue reconducido también al basurero.

Alrededor de la hoguera encontrada en 2014 solo aparecieron los restos de un expolicía. Esto lo sabía el GIEI. La CNDH solicitó que la Barranca de la Carnicería fuera explorada con tecnología LIDAR.

No se halló nada relevante en ese tiempo.

El hallazgo a 800 metros de los restos del alumno Rodríguez Telumbre no cambia sustancialmente lo que se sabía hasta ahora. Ayuda a cerrar cabos sueltos sobre la ruta de desaparición de los alumnos y confirma el error, ese sí histórico, del exprocurador Murillo Karam al intentar poner todos los muertos en un mismo sitio.

Hasta hoy, la narrativa esencial del caso se mantiene: policías entregaron a los alumnos al grupo criminal, y este se encargó de desaparecerlos en el vertedero y sus alrededores. Saldrán tal vez nuevos implicados y nuevos delitos en los distintos niveles de gobierno. Los términos de la historia difícilmente podrán cambiar.

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