Historia de un “moche” en el gobierno de Américo Villarreal
El empresario contestó que “se le hacía demasiado dinero el que me estaban pidiendo, que tenía que pensarlo”. Salinas Mansur, según la denuncia, le exigió que viera ese asunto “pronto”
Los documentos de la denuncia indican que a finales de 2022, Felipe Salinas Mansur, un operador financiero que más tarde sería acusado de facturar millones de pesos del erario de Tamaulipas a través de empresas fantasma, le propuso al propietario de Grupo Dalka, el médico Israel Valdez Sánchez, “que participara en un contrato para la adquisición y distribución de despensas”.
La Secretaría de Bienestar del estado pensaba distribuirlas en el segundo trimestre de 2023. Valdez Sánchez aceptó participar. A mediados de ese año, después de reunirse varias veces con Salinas Mansur, quien se presentaba como el que “le estaba moviendo todo a Ameriquito”, es decir, a Américo Villarreal Santiago, el hijo del gobernador del estado, el empresario recibió una solicitud formal de la SEBIEN para que cotizara la distribución de 1 millón 708 mil 490 despensas que serían distribuidas en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Padilla, Victoria, Tula, González, Aldama y Altamira. El proyecto avanzó. Valdez Sánchez se reunió con dos funcionarios de la secretaría, a los que identificó como el subsecretario de Bienestar Social Samuel Badillo y la subsecretaria Alejandra Félix.
En febrero de 2023 le comunicaron que su empresa había hecho la mejor propuesta. Al mes siguiente la adjudicación del contrato fue autorizada. El empresario asegura que cumplió con protocolos y requisitos bajo la guía de Badillo. Relata que Félix lo citó para la firma del contrato. Que en esa reunión advirtió que en el contrato faltaban las firmas de otros funcionarios involucrados, pero que ella le dijo que en cuanto las recabara se comunicaría con él. “Yo confié”, relata en su denuncia.
Una semana más tarde volvió a reunirse con Fernando Salinas Mansur. El operador le dijo que había recibido un mensaje de WhatsApp de Américo Villarreal Santiago, en el que indicaba cómo iban a repartirse las utilidades: que “Ameriquito” le había dado la instrucción de que del anticipo que le dieran al empresario le tenía que dar 80 millones por concepto de “moche”, y 30 millones más “puestos en Saltillo, Coahuila, para operar las elecciones que estaban en proceso” (Villarreal Santiago es delegado del Bienestar en ese estado y ha sido acusado por legisladores y regidores de Morena de desviar recursos de programas sociales para promover su imagen y la de la senadora Cecilia Guadiana, con quien públicamente mantiene una relación sentimental).
El empresario contestó que “no habíamos hablado nada de eso y que se le hacía demasiado dinero el que me estaban pidiendo, que tenía que pensarlo”. Salinas Mansur, según la denuncia, le exigió que viera ese asunto “pronto”.
A partir de entonces le dieron largas. No lo volvieron a buscar. Acudió a la secretaría, pero no lo recibieron. Le comunicaron más tarde que le habían rescindido el contrato. El empresario había rentado bodegas, contratado personal y equipo, había adquirido cajas y otros insumos para poder distribuir casi dos millones de despensas.
Valdez Sánchez presentó una demanda en contra de la rescisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas (número de expediente 47/2023-I).
Siete meses más tarde, en enero de 2025, el Tribunal resolvió a su favor y ordenó que se le pagaran cerca de 500 millones de pesos por los daños y perjuicios causados. El argumento fue que la rescisión se había llevado a cabo de manera ilegal.
Pasaron cuatro meses más. Un día, el empresario recibió la visita del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno de Tamaulipas, Jorge Luis Beas Gámez. Lo buscaba para tratar de llegar a un acuerdo. Le ofreció nuevos contratos para cubrir el daño. Pero le exigió que se desistiera de la demanda. Valdez Sánchez se negó: ¿cómo podía confiar si de un día para otro le habían cancelado un contrato firmado? Relata en su denuncia que Beas Gámez endureció el tono y le dijo que, si no lo hacía, “iba a conocer todo el peso del Estado, frente al cual yo era un insignificante zancudo”. Le dijo que su situación jurídica muy pronto iba a cambiar.
Un mes más tarde el Tribunal revocó la sentencia que le había sido favorable. No solo eso: en una rueda de prensa, lo acusaron “de falsificar y alterar las firmas para obtener el contrato de una forma ilegal”. El subsecretario Beas Gómez declaró:
“Estamos obligados como Estado a defender el interés de toda la sociedad y no vamos a permitir la vigencia de un contrato que a todas luces se encuentra viciado y sería ilegal”.
El empresario lleva ocho meses arraigado. En un video que dio a conocer hace unos días dice que a su empresa le retuvieron pagos y le establecieron un cerco financiero que lo está asfixiando.
“Me pegaron en el bolsillo y en mi entorno familiar. Hoy mi familia vive con angustia. Esto no va a hacer que me doble. Tengo miedo al grabar esto. Sé que tengo en riesgo mi vida y la de mi familia, y todo esto por no acceder a un ‘moche’ de 110 millones que me pedían. No lo permití y hoy estoy pagando las consecuencias. Perdí la paz, pero no voy a perder mi voz”.
Valdez Sánchez lucha solo. “Efectivamente, me aplastaron como a un zancudo”, dice.
@hdemauleon
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