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En Sonora, la militarización de AMLO ya fracasó

Héctor De Mauleón

Un año después de la militarización las cifras de violencia siguen a la alza y también la falta de resultados contundentes

El viernes pasado 35 policías municipales de Guaymas fueron cesados por no haber realizado el examen de Control de Confianza, C3, según lo ordena la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. La mayor parte de los agentes (25) se negaron a aceptar la notificación y anunciaron que emprenderían medidas legales.

Al día siguiente, mientras regaba unas plantas en el jardín de su casa, el policía municipal Remberto Gastélum Barrios, uno de los despedidos, fue atrozmente asesinado. Un hombre que arribó a su domicilio a bordo de un vehículo de color blanco, le disparó al menos 30 veces, con un arma larga, en la cabeza y el cuerpo.

Testigos afirmaron que el automóvil blanco había pasado dos veces frente a la casa. A la tercera, uno de los tripulantes descendió con el arma entre las manos y abrió fuego.

Al día siguiente, durante el velorio del agente, que había pertenecido al Grupo de Operaciones Tácticas, hubo un nuevo ataque. Un primo de Gastélum Barrios fue acribillado a las puertas de la funeraria.

El agente había sobrevivido a una emboscada realizada por un grupo criminal en octubre de 2018. Aquel día, varios policías municipales fueron acorralados por sicarios del crimen organizado. Cinco agentes murieron en el tiroteo.

El ataque había ocurrido dos meses después de que elementos de la corporación fueran grabados poniendo en manos de una célula criminal a tres jóvenes detenidos, de cuyo paradero no se supo más.

Dos días después de la ejecución de Remberto Gastélum circuló en redes sociales el audio de una conversación telefónica en la que se ordena su asesinato. Los protagonistas de la conversación son, presuntamente, el capitán de la Marina Andrés Humberto Cano Ahuir, director de Seguridad Pública de Guaymas, y uno de sus subordinados, el policía municipal Jesús Eduardo Manjarrez, El Chapo Manjarrez.

La charla dura poco más de dos minutos. La voz que se atribuye a Cano comenta a su interlocutor que “hay unos cabrones que me están brincando” y pregunta sobre “un cabrón que le dicen El Jerry”.

La segunda voz contesta que “los encargados” de todos ellos son “El Rember y Peña”.

Sigue la conversación:

“—¿A quién hay que pegarle para que se pongan a temblar estos hijos de la chingada, a quien hay que romperle la madre, agarrarlo, matarlo, lo que se tenga que hacer para que se pongan a temblar y se haga un desmadre en esa pinche organización?

—El Peña es uno de los indicados.

—¿Y de chingarnos a Remberto?

—También, cómo no.

—Órale, ya estás, sale viejo”.

La filtración del audio causó escándalo en círculos políticos y periodísticos de Guaymas. La alcaldesa de Morena, Sara Valle Dessens, subió a las redes sociales su propio video, en el que, titubeante, afirma que “los altos mandos federales y estatales ya tienen conocimiento del audio” y están “investigando su autenticidad”. Hasta hoy, nadie ha puesto en duda que la voz contenida en la filtración sea la del comisario Cano.

En agosto de 2019, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo anunció que, ante las cifras de violencia en Sonora y la falta de resultados contundentes, los comisarios de policía de cinco municipios —Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme y Navojoa— serían remplazados por capitanes y coroneles procedentes de la Marina y la Sedena.

Humberto Cano Ahuir era uno de ellos. La propia alcaldesa admitió que había pedido la intervención del presidente López Obrador, dado que el municipio era un campo de batalla que formaba parte de un corredor de drogas del crimen organizado. La idea era crear, con los militares, “un bloque que implemente una estrategia conjunta”.

Un año después las cifras de violencia siguen al alza y también la falta de resultados contundentes. Según el Observatorio Sonora por la Seguridad, este año los homicidios dolosos se han disparado 375%, los homicidios culposos subieron 166%, el robo a casa habitación 200% y el robo a negocio 500%.

Las ejecuciones y las narcomantas en las que se acusa a Cano Ahuir, a la alcaldesa Valle, así como a funcionarios de distintos niveles, de dar protección al grupo de Los Salazar —operadores del Cártel de Sinaloa— son como una epidemia: tapizan, una y otra vez, los puentes de Guaymas.

Y mientras tanto, el municipio arde. En la zona, Los Salazar combaten con el Cártel de Caborca, de Rafael Caro Quintero, y con Los Chapitos. De acuerdo con la prensa, Guaymas se ha convertido “en la sede del terror”. A este coctel de dinamita se suma la grabación del comisario de seguridad ordenando la muerte de Gastélum.

La militarización, proyecto estrella del presidente AMLO, ya fracasó en Sonora.

 

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