Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aquella investigación “venía desde hace tiempo”, en realidad, el mayor decomiso de fentanilo en la historia del país (20 millones de dosis equivalentes a ocho mil millones de pesos) fue obra de la casualidad.
A principios de diciembre de 2024, efectivos de la Marina detuvieron en Guasave, Sinaloa, a dos sospechosos que al advertir su presencia “realizaron maniobras evasivas” y se dieron a la fuga.
Llevaban en una camioneta dos kilos de fentanilo, tres armas cortas con nueve cargadores abastecidos y tres equipos de radiocomunicación. Fueron identificados como Javier Alonso Vázquez Sánchez, El Tito, y Elier Jassiel Esquerra Félix.
La información que estos aportaron condujo a la Marina a dos inmuebles del municipio de Ahome. En uno había 800 kilos de fentanilo. En otro, casi 300.
Esa región de Sinaloa se halla bajo el control de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, enemigo a muerte de los hijos del Chapo Guzmán, y uno de los Diez Más Buscados por el FBI.
Hasta poco antes, el gobierno mexicano había negado que en México se fabricara fentanilo. El decomiso fue anunciado, sin embargo, con bombo y platillo. Siete meses más tarde se informó que había ocurrido una riña en el Módulo 5 del centro penitenciario Goros II. En esa riña mataron a los detenidos que habían llevado a la Marina al sitio donde se realizó aquel decomiso histórico. Durante su proceso, en un intento por salvar sus vidas, y aunque el gobierno de Estados Unidos había señalado a uno de ellos como responsable de los laboratorios del grupo criminal, ambos habían declarado que actuaban de manera independiente, que la droga no era del Chapo Isidro, y que el capo había prohibido incluso la venta y fabricación de esa sustancia.
En medio de la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, las dos facciones del Cártel de Sinaloa, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, se ufanaba de que su municipio era el más tranquilo del estado. Las agencias de Estados Unidos tenían otra opinión. En ese municipio se centró la primera acusación formal por narcoterrorismo en contra dos narcotraficantes mexicanos.
La acusación fue lanzada por la fiscalía de California tres meses después del aseguramiento en Ahome de una tonelada de fentanilo. “Ustedes ya no son los cazadores. Ustedes son las presas. Los van a traicionar sus amigos, los van a perseguir sus enemigos y van a terminar enfrentando su suerte, aquí en la corte de California”, sentenció el fiscal Adam Gordon.
Las agencias estadounidenses habían desentrañado la operación del Cártel de los Beltrán al menos desde 2023. El Departamento del Tesoro acusó a sus líderes, Óscar Manuel Gastélum Iribe, El Músico; Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro; Pedro Inzunza Noriega, El Sagitario o El Señor de la Silla (conocido así porque una bala recibida durante un enfrentamiento lo dejó paralítico), y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias El Pájaro o El Pichón, de operar una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo y los hizo responsables de los envíos más grandes de fentanilo en la historia.
El grupo asentado en el norte de Sinaloa se había aliado con el sobrino de Rafael Caro Quintero, El Pelo Chino, para controlar la costa del Pacífico mexicano. Según la acusación del gobierno de Estados Unidos sus redes abarcaban ocho estados de la Unión Americana: California, Arizona, Oregon, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania y Massachusetts. Los Inzunza, de acuerdo con las investigaciones coordinaban cargamentos por aire, tierra y mar.
Estas agencias mantuvieron un estrecho intercambio de información con la Marina, que ha sido descrito por agentes consultados como “una prueba de confianza en la Semar”. En agosto de 2025, información de inteligencia reveló a los investigadores navales la zona de movilidad de una pieza clave del grupo criminal, un enlace entre Los Mayos y el grupo del Chapo Isidro (quienes establecieron alianza tras la ruptura al interior del Cártel). Se trataba del operador Rosendo Avendaño, alias Chendo Avendaño, jefe del brazo armado conocido como FEA o Fuerzas Especiales Avendaños. Su captura significó un hecho decisivo para el inicio del desmantelamiento del grupo de los Beltrán porque cerró el cerco alrededor de los líderes.
Medio año después de que Estados Unidos lanzara la primera acusación por narcoterrorismo, los Inzunza fueron ubicados.
Habían tenido que salir de su bastión en Los Mochis tras los operativos desatados en su contra. Se ocultaron durante un tiempo en una pequeña localidad de Choix. El seguimiento de la Marina fue “largo y silencioso”.
Pedro Inzunza Coronel, El Pichón, fue abatido a finales de noviembre de 2025, durante un cateo en el que, según el parte oficial, los efectivos navales fueron agredidos. En el intercambio de disparos que siguió, perdió la vida. Ese día fue detenido también otro operador logístico: Adelemo Pérez, El Lemu. Les hallaron una bolsa con un kilo de fentanilo.
El Pichón se hallaba al frente de una parte importante de la estructura de los Beltrán. Según el gobierno de Estados Unidos, padre e hijo coordinaban la producción a gran escala de fentanilo y otras drogas: operaban laboratorios de cocaína, metanfetaminas y heroína.
Tras el abatimiento de su hijo, Inzunza padre se escondió en Culiacán. La Marina esperó hasta el último día del año, cuando la ciudad entera estaba ocupada en los festejos decembrinos, para ir por él a un domicilio de la colonia Guadalupe.
Tras los acontecimientos del último año, la estructura criminal de los Beltrán ha sufrido su golpe más serio en muchos años. En cosa de medio año, la llamada Alianza del Norte, entre Los Mayos y Los Beltrán, quedó fuertemente debilitada.
Según las fuentes consultadas, solo unos meses después de haber sido señalado por el gobierno de Estados Unidos, el primer narco mexicano acusado de narcoterrorismo tendrá que pasar el resto de su vida en prisión. La parte de la historia que queda pendiente, es la de la protección oficial que a lo largo de su vida recibió.