El calvario de Nelson Vargas

Héctor De Mauleón

El empresario Nelson Vargas me relató hace años esta escena imborrable, estrujante. Acababan de detener al hombre acusado de secuestrar y asesinar a su hija Silvia: Cándido Ortiz González, conocido como El Comandante Blanco. En el Centro de Mando de la Policía Federal, Vargas le pidió al secuestrador que lo mirara a los ojos y luego le preguntó: “Dime cuándo asesinaron a mi hija”.

“Desde el tercer día”, contestó Ortiz González.

La amenaza había sido que a la joven le iban a cortar un dedo cada día. Si el pago del rescate no había llegado cuando ella hubiera perdido todos los dedos, la matarían. Los secuestradores atormentaron a Vargas enviándolo a distintos puntos de la ciudad en busca de los dedos de su hija.

Me asomé en ese tiempo al abultado expediente del caso Vargas. La ligereza con que los implicados narraban lo que habían hecho me hizo sentir como pocas veces…

El Comandante Blanco es considerado uno de los fundadores del grupo criminal conocido como Los Rojos. De microbusero en Insurgentes pasó a policía preventivo del entonces DF. En 1993 lo dieron de baja y durante los dos años siguientes se dedicó a asaltar camiones de carga en Vallejo. En su declaración asentó que durante un viaje al pueblo de su madre, en Guerrero, alguien lo invitó a hacer un secuestro. Fue el primero de 25.

Los hombres con quienes hizo el primer plagio fueron asesinados “por rencillas personales”. Así que Ortiz se buscó otra banda y se asoció con delincuentes de Iztapalapa a los que llamó “José y Julio”. Por regla general, estos individuos asesinaban a sus víctimas. A cambio de dos vidas humanas sus socios le entregaron 96 mil pesos. Su tarea era entrar en contacto con los familiares, maltratarlos por teléfono, hacer que se aterrorizaran, y luego guiarlos al lugar donde debían dejar el rescate.

Siguió haciendo ese trabajo, pero ahora para “unos mañosos de Michoacán” que quisieron matarlo al tercer secuestro por un dinero que se perdió.

El comandante Blanco decidió juntarse entonces con sus hermanos, Miguel, Óscar, Manuel, Raúl. Hacia 2004- 2005 realizaban secuestros exprés “y si se consideraba que (la víctima) podía dar más dinero, se le metía a un domicilio, de preferencia rentado”, declaró. Esta célula se asoció con otro grupo de secuestradores del que, según Ortiz, formaba parte un tal Israel. Hicieron un acuerdo: el grupo de Israel haría los “levantones”; el de Cándido negociaría y cobraría los rescates.

Según su declaración fue en 2007 cuando Israel y su grupo, en un McDonald’s de Periférico sur, le hablaron de una muchacha a la que era fácil “levantar”. Se llamaba Silvia Vargas Escalera. En realidad, uno de los hermanos de Cándido, quien trabajaba como chofer de la joven, fue quien entregó la información que permitió el secuestro.

La siguiente vez que Ortiz vio a sus cómplices tenían a la joven en una casa de seguridad, “sentada en una cama, con los ojos vendados”. Ortiz declaró que “máxime que mi hermano trabajaba para el señor Vargas… les comenté que la negociación la hicieran ellos”.

El llamado Comandante Blanco asesoró, sin embargo, al hombre encargado de ponerse en contacto con la familia Vargas. De acuerdo con su versión, pronto advirtió que la policía ya estaba llevando el caso y comentó a sus cómplices “que yo ya no me iba a rifar”.

Para amedrentar a Nelson Vargas, decidieron enviarle uno de los dedos de su hija. Ortiz dijo que “las cosas no les salieron bien” a los secuestradores, que la joven reaccionó mal a la amputación y que, aunque él intentó resucitarla con respiración de boca a boca, ella “ya no reaccionó”.

En su declaración, Ortiz González afirma que por esta causa Israel y él terminaron agarrándose a tiros en la Alameda de Santa María: que el primero resultó herido en el estómago, y huyó. “Jamás volví a saber de él”.

En la última llamada que Nelson Vargas recibió, uno de los secuestradores le dijo que lo olvidara todo, que ya no le interesaba el dinero.

A resultas de una investigación realizada por él mismo a partir de una denuncia anónima, Nelson Vargas denunció al chofer de su hija, Óscar Ortiz, como parte de la banda. Los hermanos comenzaron a caer, unos en Guerrero, otros en Veracruz, uno más en la ciudad de México. Juntos formaban un asombroso y espeluznante historial de fugas de la cárcel, plagios, homicidios, cercenamientos y extorsiones.

En 2017, diez años después de la muerte de Silvia —cuyo cuerpo fue encontrado 15 meses después en una casa de Tlalpan—, su padre denunció que las autoridades solo habían sentenciado a uno de los miembros de la banda, y que a otro, apodado El Chilo, acababan de dejarlo libre.

Pasaron 13 años y el calvario no termina. Vargas acaba de denunciar que el magistrado Manuel Bárcena Villanueva concedió un amparo a Cándido Ortiz porque “no está demostrado que el defensor de oficio que lo asistió durante su declaración ministerial tuviera cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho”, por lo que “no existe constancia de que contó con una defensa adecuada en ese momento procesal”.

Un caso desarrollado durante tres sexenios, del de Calderón al de López Obrador, tendrá que ser repuesto.

“En un ‘chico rato’”, dice Vargas, El Comandante Blanco podría quedar libre: miles de fojas repletas de dolor e infamias, terminarían, entonces “archivadas” en un bote de basura.
 

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