Olvidamos todo con indignante facilidad. San Antonio Abad, el 19 de septiembre de 1985: más de mil costureras atrapadas en los talleres donde sus patrones las mantenían hacinadas. Para evitar robos, algunas de ellas atravesaban encerradas bajo llave jornadas de hasta 10 horas.
Cuando vino el terremoto de magnitud 7.1 decenas de talleres de costura cayeron bajo el peso de las maquinarias, de los inmensos rollos de tela, de la corrupción que había facilitado permisos de construcción sin supervisión alguna.
Alrededor de 300 costureras –no conoceremos jamás la cifra exacta, porque algunas fuentes hablaron de 1,600– no lograron salir. Recuerdo las fotos publicadas en La Prensa; cuerpos de mujeres hinchados, que se habían puesto azules, bajo las piedras, las máquinas, los escombros. Miles de mujeres se quedaron sin trabajo.
Desde esas fechas se calificó como de alto riesgo el edificio de tres pisos ubicado en San Antonio Abad 124. Desde hace 40 años tendrían que haberlo tirado. No lo hicieron, ni el PRI ni ninguno de los gobiernos que vinieron después.
Tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 –la otra fecha maldita–, el edificio volvió a ser catalogado como de alto riesgo por la Comisión para la Reconstrucción. Se hallaba, con otros 27 inmuebles, entre las prioridades de demolición.
El titular de esa comisión era el secretario de Obras y Servicios de la administración de Miguel Ángel Mancera, Edgar Tingüí, a quien luego se le giraron cuatro órdenes de aprehensión por malversación de fondos.
Tingüí no atendió sus propias recomendaciones. Su prioridad fue construir vivienda, dentro de un programa clientelar, así que el edificio quedó intacto (es un decir). Lo mismo hizo César Cravioto, nombrado por Claudia Sheinbaum en diciembre de 2018 como Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, y hoy ¡secretario de gobierno de la capital! Cravioto volteó para otro lado, sabiendo que una bomba de tiempo iba a estallar en cualquier momento en San Antonio Abad.
Pero lo olvidamos todo con indignante facilidad.
El 10 de marzo pasado el edificio colapsó y murieron tres personas de las 56 que se encontraban en su interior. Se hallaba por fin en proceso de demolición desde el último tercio del año pasado a manos de una empresa privada, Demec, que había obtenido por parte del gobierno de la ciudad facilidades administrativas para llevarla a cabo.
Tras el derrumbe, la administración de Clara Brugada y la alcaldía Cuauhtémoc, que gobierna la opositora Alessandra Rojo de la Vega, acordaron instalar una mesa técnica para revisar autorizaciones e intervenciones y deslindar responsabilidades.
Entonces vino el madruguete. Antes de que la mesa se instalara, el gobierno de la CDMX ofreció una conferencia de prensa en la que Inti Muñoz, el secretario de Vivienda, responsabilizó a la sociedad mercantil privada y aseguró que las facilidades administrativas otorgadas por el gobierno central “no sustituyen las atribuciones de la alcaldía para supervisar las obras”.
Rojo de la Vega ha exhibido un documento según el cual la empresa solicitó autorización a la alcaldía en septiembre de 2025 para llevar a cabo la demolición. Según el documento, el permiso fue negado porque entre otras cosas se carecía de programa de protección civil.
Al mes siguiente el gobierno de Brugada autorizó los trabajos, con el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción, y eximió a la empresa de realizar diversos trámites: entre ellos, el de entregar el estudio o programa de protección civil, así como la declaratoria de cumplimiento ambiental, la manifestación de impacto ambiental y el dictamen de impacto urbano.
De acuerdo con la legislación vigente, el gobierno de la ciudad tenía que exigir que la empresa comenzara los trabajos 90 días después de la autorización, y que avisara por escrito del inicio de estos a tres días del arranque de las obras. Rojo de la Vega asegura que no cumplieron con ninguno de los dos plazos, que la alcaldía no fue enterada del inicio de las obras, que las verificaciones se llevan a cabo en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa del gobierno central y que no hay registro de solicitud formal.
Aún peor: denuncia que, para lavarse las manos, el gobierno de Brugada sostuvo que la empresa había deslindado al gobierno de la ciudad de cualquier responsabilidad, con el defecto de que no hay registro alguno de que dicho documento exista, y con el defecto –según abogados consultados– de que no hay manera de que el gobierno de la CDMX abdique y deje sin supervisión la demolición de una obra ubicada en una vía primaria.
Los creadores del Rébsamen y de la Línea 12 omiten ahora 41 años de historia.
Tres muertos más cargados a su cuenta, mientras Clara Brugada afirma: “No puede haber impunidad”.
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