En la entrega de ayer hice referencia en este espacio a una serie de reportes de inteligencia militar que consignaban una larga serie de actividades ilícitas que involucraban a la Guardia Civil de Michoacán bajo el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
En esos documentos se asentó, por ejemplo, que elementos de la Guardia Civil cuidaban carreteras para advertir a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación del paso de convoyes del Ejército y la Guardia Nacional. Se asentó que comisarios y directores de municipios estaban condicionados para recibir dinero mensual por parte de ese cártel.
Se señaló que en el Agrupamiento de Caminos los elementos entregaban a sus superiores cuotas de entre 50 mil y 80 mil pesos, que procedían de la extorsión a automovilistas.
Se mencionó también que desde la coordinación de comisarías regionales se abría paso al CJNG para ubicar contrarios y detenerlos; que el robo de hidrocarburos se llevaba a cabo en el estado bajo la custodia de la Guardia Civil.
Que Juan Manuel Banderas Acosta, desde la jefatura de uno de los Agrupamientos, tenía a su cargo el cobro de cuotas en los aserraderos y estaba encargado de recoger las mismas al interior de la institución. Y que un mando más manejaba el negocio de la ordeña y venta de combustible destinado a las unidades de la Guardia Civil.
Recibí diversas comunicaciones a lo largo del día, en las que se confirmó todo lo asentado en la columna. Fuentes de inteligencia señalaron que la infiltración del crimen organizado y la corrupción desatada en dicha corporación llegaron a tal nivel, en especial durante los últimos dos años, que provocaron primero la renuncia a la Secretaría de Seguridad del general José Alfredo Ortega Reyes, quien intentó en vano contenerlas (el analista Eduardo Guerrero advirtió en junio de 2024 que tras esta renuncia vendría el desastre) y llevaron finalmente a un fuerte “ajuste institucional”, que se llevó a cabo en noviembre de 2025.
La primera parte de ese ajuste fue el nombramiento como secretario de Seguridad Pública de Michoacán de José Antonio Cruz Medina, exdirector de Operaciones Tácticas de la División de Inteligencia de la Policía Federal y exvicefiscal de justicia de Michoacán cercano a Omar García Harfuch. El movimiento, parte del llamado Plan de Michoacán, marca la llegada a la entidad del grupo del poderoso secretario García Harfuch, integrado por elementos de la extinta Policía Federal, dentro de un esquema de ataque frontal al crimen organizado que en los hechos arroja al bote de basura la estrategia de “abrazos no balazos”, de Andrés Manuel López Obrador, que tan cara les salió a estados como Michoacán.
A ese ajuste siguió un relevo de mandos, según las fuentes consultadas. Uno de estos fue el del encargado del agrupamiento Guardianes del Camino.
Al mismo tiempo, según un documento que me han hecho llegar, a 17 mandos y otros elementos se les abrieron carpetas de investigación por extorsión, a otros 12 por tráfico de huachicol, y a 6 más por distintos hechos de corrupción.
De acuerdo con este documento, al jefe de agrupamiento Juan Manuel Banderas, al que reportes de inteligencia militar señalaron como encargado de extorsionar en los aserraderos y recoger “el entre” semanal al interior de la corporación, se le removió del cargo hace unas semanas.
El reporte indica que a Banderas se le abrió también una carpeta de investigación, que este “se apegó a un beneficio de ley” (¿?), y que no volverá a ocupar cargo alguno dentro de la Guardia Civil.
El mismo documento señala que, desde el inicio del ajuste institucional que llevó a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán a José Antonio Cruz Medina, el 70% de las acciones de alto impacto llevadas a cabo por la Guardia Civil de noviembre a la fecha fueron dirigidas contra células del Cártel Jalisco Nueva Generación. “Existió, en efecto, la colusión que se menciona en su publicación. Pero las órdenes del nuevo equipo encargado de la seguridad pública de Michoacán consisten en cortarla de tajo”.