Acapulco: sin autoridades y en manos de los narcos

Miles de personas quedaron varadas. El bloqueo se prolongó seis horas sin que autoridades asomaran la cabeza

Héctor De Mauleón
Nación 16/05/2022 03:12 Actualizada 03:12
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El viernes pasado, autoridades militares recibieron una denuncia vía telefónica: en el poblado de Alto Ventura, municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero, había movimiento de hombres con armas de alto poder.

Al acercarse al lugar, los militares detectaron un vehículo que tenía las puertas abiertas. En la casa que se hallaba enfrente ubicaron a dos hombres con armas de uso reservado. Eran supuestos policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG.

En unos minutos, entre 130 y 150 comunitarios de San Marcos rodearon a los militares e intentaron arrebatarles a los detenidos.

El personal de la Guardia Nacional pidió el apoyo a la Marina y la Policía Estatal. Pero la UPOEG ordenó a su base en San Marcos que “no permitieran entrar o salir a nadie”.

A la entrada del municipio, los comunitarios atravesaron dos tráileres que cerraron la circulación de la carretera federal número 200 en ambos sentidos.

Inició una zacapela. Los militares fueron agredidos con piedras y palos. Algunos testigos refirieron que sonaron incluso algunos balazos. Dos soldados resultaron heridos en la cabeza. Evitaron, sin embargo, la confrontación, y alcanzaron a huir de San Marcos, llevándose a los detenidos.

Uno de los líderes de la UPOEG, Jesús Calleja Clemente, el mismo que hace unos días apareció en un video amenazando con balear y colgar de un puente al comandante de la Marina en Marquelia, ordenó que transportistas y comerciantes ambulantes bloquearan las salidas de Acapulco, para impedir la llegada de refuerzos.

En esa zona, los comunitarios de la UPOEG han sido señalados por reportes de inteligencia federal como brazo armado de Los Rusos, una célula delictiva que hoy encabeza Orlando Rodríguez Soriano, El Ruso, jefe de plaza en Acapulco bajo las órdenes de José Gil Caro Quintero, alias El Pelo Chino: un sobrino del célebre Rafael Caro Quintero, jefe del llamado Cártel de Caborca.

El Pelo Chino estuvo recluido en el penal de Puente Grande entre 2005 y 2016. Tras su liberación, comenzó a operar para la organización de su tío y se volvió el hombre fuerte del grupo en Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Apenas en marzo pasado, siete hombres de su organización fueron aprehendidos en Pinotepa Nacional.

El Pelo Chino tiene a su disposición una flotilla de aeronaves y lanchas rápidas que mueven cocaína llegada desde Sudamérica. Hoy es un objetivo prioritario del gobierno federal y la DEA ofrece una abultada recompensa a quien entregue información que lleve a su captura.

Pobladores de Marquelia, Copala, Cruz Grande, Las Vigas y San Marcos han denunciado su presencia en la región y afirman que suele desplazarse rodeado de supuestos comunitarios o protegido por vehículos oficiales.

En esa zona se acusa a Los Rusos y la UPOEG de que “tienen de rodillas al pueblo” mediante del cobro de cuotas y la extorsión a comerciantes, pescadores y transportistas. La región está sumergida en una ola de desapariciones, homicidios y secuestros.

El viernes, El Pelo Chino y los comunitarios mostraron su músculo. En una acción coordinada fueron bloqueados en Acapulco 18 puntos: Las Cruces, La Cima, Paso Limonero, La Venta, Barra Vieja, la glorieta de Puerto Marqués, la Costera Miguel Alemán, los bulevares Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero, así como la carretera Potrero Lomas, entre otros.

El puerto quedó paralizado y en medio del caos. Se advirtió a los conductores del transporte público que si se les veía trabajando sus unidades serían quemadas “con todo y chofer”.

Las calles se poblaron de muchedumbres que no hallaban la manera de regresar a sus casas. Usuarios de redes sociales difundieron imágenes inquietantes en las que cientos de personas atravesaban a pie el Maxitúnel.

Miles de personas quedaron varadas. El bloqueo se prolongó a lo largo de seis horas sin que las autoridades ―ni estatales ni municipales―  asomaran la cabeza. Los transportistas y los ambulantes movilizados por el crimen organizado exigían que los militares se fueran del estado:
“No se permitirá el abuso de los militares en Acapulco ni en la Costa Chica”, se leía en algunas de las cartulinas que enarbolaban los protagonistas del bloqueo.

El transporte organizado dirigió luego una carta a la opinión pública: señalaba que desde la llegada de los comunitarios “hemos visto cómo los secuestros, las extorsiones y el cobro de piso han disminuido” y las actividades diarias se realizan “con mayor seguridad”, y aseguraba que en los retenes de los comunitarios “prevalece el respeto”, a diferencia de lo que ocurre en los filtros de la Sedena, donde “hacen descender de las unidades” a las mujeres, “ante miradas obscenas que se ocultan detrás de pasamontañas”.

La carta concluyó que Ejército, Marina, Guardia Nacional y las policías estatal y municipal debían salir de las áreas “resguardadas por la comunitaria”.

Una vez más, el narco demostró el control que tiene sobre una parte del país. Cabe recordar que el lavador de dinero de Caro Quintero, Los Rusos y Los Beltrán, Joaquín Alonso Piedra, El Abulón, detenido en 2016, es padre del hombre con el que hace unos años se casó la hoy gobernadora Evelyn Salgado, cuyo triunfo electoral, según se ha documentado, fue operado en diversas regiones por el crimen organizado.

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