El pasado 27 de marzo fue expuesta por la presidenta de la República la estrategia del gobierno Federal para atender el problema de las desapariciones en México, explicando el fenómeno bajo dos temporalidades: por un lado, las desapariciones de “larga data” (1952-2005), producto en su mayor parte de la llamada guerra sucia. De esta etapa, el informe final “Fue el Estado (1965-1990)”, elaborado por los comisionados del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (2024), dejó perfectamente clara la responsabilidad de actores estatales; conclusión que representa un logro extraordinario de las y los familiares de las víctimas.
La segunda temporalidad se refiere a las desapariciones relacionadas “principalmente” (señaló la presidenta Sheinbaum), con la delincuencia organizada (2006 a la fecha), en una evidente alusión a la guerra contra el narcotráfico, que justifica realizar dos precisiones importantes.
Las desapariciones se dan en el marco de la guerra contra el narcotráfico; lo cual es distinto a sugerir que las y los desaparecidos sean personas ligadas al crimen organizado. Muchas de las desapariciones se dan en contextos de trata de personas (explotación sexual o laboral); reclutamiento forzado (jóvenes o personas migrantes); servidores públicos honestos que no aceptaron someterse a la delincuencia; y otras muy variadas formas de victimización (represalias por no aceptar la extorsión o pagar el rescate del secuestro). Una legítima lucha de los colectivos ha consistido, precisamente, en recuperar la honra y dignidad de sus seres queridos ausentes y cuestionar su criminalización.
Una segunda precisión esta relacionada con los responsables de las desapariciones. En el plano discursivo, en esta segunda temporalidad los grupos de delincuencia organizada (GDO) aparecen como únicos responsables. Se pasa por alto que el concepto “crimen organizado”, como categoría de análisis que hace referencia a actores no estatales, desde hace mucho tiempo quedó rebasado por la penetración de los GDO en los gobiernos municipales (captura de Estado), al punto de ser difícil determinar cuándo estamos en presencia de un servidor público y cuándo estamos con un integrante del brazo político del crimen organizado. El caso Abarca/Ayotzinapa y muchos otros de antes y de ahora, lo ejemplifica.
En esta lógica, las desapariciones en nuestro país tienen un perpetrador visible (GDO) que nadie cuestiona; y otro que sigue invisibilizado, la delincuencia organizada que está dentro de gobiernos municipales, lo que hace más complejo identificar a los sujetos a quienes hay que asignar la responsabilidad de las desapariciones, en parte porque se protegen con el manto de un cargo de elección popular; y en parte por el poder político, económico, social y criminal que ostentan, lo que refuerza su impunidad.
Desde esta perspectiva no veo dos temporalidades que deban leerse en forma separada, sino un continuo en la participación del Estado (gobiernos municipales), que hace que la dinámica de las desapariciones por parte de agentes estatales (por acción, omisión o complicidad) continúe, con un diferente matiz y de una mayor complejidad para la investigación de las responsabilidades penales.
En la exposición que realizó la presidenta de la República junto con sus colaborador@s, no hay una respuesta burocrática. Veo voluntad política para que aparezcan los desaparecidos; veo un diálogo empático y respetuoso con las madres buscadoras; y veo la inserción del tema en la agenda pública nacional como una política de estado del gobierno Federal.