El reciente atentado en Nayarit contra la vida de Erik Saracho, comunicador y líder activista en la conservación de la naturaleza, obliga a una reflexión profunda sobre nuestras responsabilidades individuales, colectivas e institucionales para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4º de la Constitución mexicana. Saracho y sus colaboradores de Alianza Jaguar, A.C. han contribuido a que se reconozca internacionalmente la importancia de conservar el corredor natural que va de las sierras hasta el mar en el occidente de México para proteger al jaguar y a los ecosistemas que lo sostienen. Como depredador tope, la presencia del jaguar indica la salud ecológica de los bosques de montaña cuya agua permite el desarrollo turístico y agrícola de las costas de Nayarit, Jalisco y Colima; recordándonos que la conservación de la naturaleza es también una condición para la prosperidad social.
Pero la relevancia de esta región va más allá del jaguar. El occidente de México es un punto de convergencia excepcional de alta biodiversidad entre las biotas neártica y neotropical, comparable biogeográficamente con solo unas tres regiones del planeta. Por ser zona de convergencia entre tres corrientes oceánicas, también sus ecosistemas marinos son excepcionales. Paradójicamente, esta “tierra pródiga” —como la llamó Agustín Yáñez en su célebre novela— también ha sido escenario reciente de una intensa violencia asociada al crimen organizado.
La trayectoria de Erik Saracho es excepcional por otras luchas sociales que ha impulsado, incluyendo el combate al tráfico de menores. Se sospecha que el intento de asesinato, mismo que quedó grabado en un video de seguridad donde se ve claramente la identidad del sicario, tiene el objetivo de callar y amedrentar a los ciudadanos que denuncian a los desarrollos inmobiliarios, como es el caso del Desarrollo Ysuri / Sunset en San Pancho que han obtenido autorizaciones ambientales irregulares en la región de San Pancho.
Recientemente, otro intento de amedrentar a los activistas en Jalisco es el caso de la Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, a quien en enero de 2025 la empresa Inmobiliaria Lisco acusó de haber incurrido en falsedad de declaraciones para obtener un amparo que frenara el fraccionamiento “La Reserva de las Cañadas” en Zapopan. Esto representa un escalamiento contra los activistas al tratar de criminalizar el trabajo de quienes detienen proyectos dañinos al bien común por la vía legal. Tanto en este caso como en el de Erik, las amenazas están ligadas con el desarrollo inmobiliario, área de la economía, en la cual, al igual que en la minería y en el aprovechamiento forestal, el crimen organizado también ha incursionado fuertemente.
Por ello, el ataque a Erik también es un ataque a las y los conservacionistas que trabajan desde las asociaciones civiles y universidades. Y aunque en numerosos casos entidades de gobierno participan en dichos actos ilícitos, también en ellas laboran servidores públicos honestos que han sido amenazados. En Jalisco existe una larga tradición de trabajo en defensa del ambiente y los derechos humanos por instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), cuyos investigadores han recibido amenazas.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), que este año cumple más de una década de publicar sus informes anuales sobre la situación de los defensores ambientales en el país, documenta claramente cómo se han intensificado los riesgos para quienes defienden el territorio. México actualmente se ubica entre los países más peligrosos del mundo para quienes hacen periodismo ambiental y defienden el medio ambiente. En 2024, CEMDA documentó 94 eventos de agresión (236 agresiones específicas) contra personas defensoras del medio ambiente en México, incluidos 25 asesinatos y 4 desapariciones, y encontró que el principal perpetrador fue el Estado con 62 eventos de agresión, seguido por empresas privadas (25 eventos) y grupos del crimen organizado (17 eventos).
Ante esta situación, el atentado contra Erik Saracho debe motivarnos a actuar en dos frentes: Primero, redoblar los esfuerzos para conservar la naturaleza del occidente de México, una región clave para la biodiversidad continental. Segundo, fortalecer los mecanismos para proteger a quienes protegen el capital natural de México. Desde el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, el CEMDA y varias organizaciones civiles y programas académicos, hemos propuesto el otorgar anualmente un Premio Nacional a Periodistas y Defensores del Ambiente. El objetivo es visibilizar el valor del riesgoso y altruista trabajo de estos sectores sociales, y recordar que proteger la naturaleza también significa reducir el sufrimiento humano y garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Porque, en última instancia, proteger la naturaleza también requiere proteger a los defensores ambientales.
* Por Gustavo Alanís Ortega, Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Eduardo Santana Castellón, Director del Museo de Ciencias Ambientales y Maestro Emérito, Universidad de Guadalajara.
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