Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales estorban. Las personas defensoras de los recursos naturales, de las comunidades indígenas y campesinas y del agua, los que fiscalizan a las minas que contaminan, a la explotación irracional e ilegal de los bosques, a las centrales eléctricas, presas, proyectos de infraestructura (incluidos los megaproyectos), puertos, carreteras, líneas de transmisión, y muchos otros que atentan contra su forma de vida, su territorio, sus costumbres y tradiciones, esas personas, estorban a estas causas del “desarrollo”, a estas inversiones que en algunas ocasiones son ambientalmente no amigables así como violatorias de derechos humanos de comunidades campesinas y pueblos indígenas.
Sólo en el 2019, han matado a 11 personas defensoras ambientales en México, una cifra por demás desgarradora e incomprensible. En el contexto internacional, situaciones similares se viven hoy en día en otros países como es el caso de Colombia, Ecuador, Brasil y Filipinas. La muerte de estas personas defensoras ambientales se da en una situación “dudosa” ya que su muerte está muchas veces ligada a un tipo de proyectos como los mencionados anteriormente y al que ellos se oponían. ¿Cuántos más? Ante esta tragedia, el Estado Mexicano ha sido insensible, omiso y ausente. ¿Cómo puede ser ello posible?
Estas personas defensoras ambientales están siendo agredidas desde hace mucho tiempo, y en la gran mayoría de los casos estos homicidios se quedan en la impunidad, no se realizan las investigaciones necesarias, con la debida diligencia, y no se logra sancionar a los autores intelectuales y materiales de estos asesinatos. En datos recopilados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los principales agresores materiales son las autoridades del Poder Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, con mayor participación en las agresiones por parte de autoridades locales.
Aparentemente, “sale muy barato” quitarlos del camino de los proyectos a los que se oponen, y el efecto de miedo, amenaza e intimidación y forma de demostrar (la muerte) que las amenazas eran en serio, toma lugar en el territorio de los “afectados”, desmembrando el movimiento social y haciendo el estorbo a un lado. En efecto, sale barato eliminar a las personas defensoras ambientales y no hay culpable(s). Lo anterior, aplica a casos de obras o actividades públicas y privadas.
La clave puede estar en la “estrategia de las ventanas rotas”. Sabemos que los proyectos siguen adelante y se ejecutan una vez que se quitaron del camino al estorbo; tanto la persona luchadora social como su comunidad son eliminados/diezmados/minimizados, y eso deja el espacio suficiente para que continúe el proyecto aprobado normalmente sin mayor rigor técnico, jurídico y científico por parte de las autoridades ambientales y por aquellos entes que dan el financiamiento, sean bancos nacionales o instituciones financieras internacionales.
Como ya se comentaba anteriormente, ante los muy diversos asesinatos de las personas defensoras ambientales, no hay culpables, no hay persecución y se engrosan las listas de muertos, caídos y las estadísticas, “sin que nadie” se haga responsable. Hay que recordar que las empresas y los Estados tienen el deber de respetar y garantizar la protección de las personas defensoras ambientales. Hay que decirlo como es: algunos de los proyectos controvertidos/conflictivos social y ambientalmente hablando, matan a los líderes, sin que se sepa quién sea la mano intelectual y la ejecutora detrás de dicha atrocidad.
¿Qué pasaría si en el discurso de los polític@s de los poderes legislativo y ejecutivo federal, estatal y municipal, de los bancos y agencias financiadoras a sí como los empresarios declararan que cualquier ataque a un defensor ambiental, a una comunidad o a un pueblo indígena que se oponga a un proyecto, cancela automática y definitivamente el proyecto y se revocan todos sus permisos (cambio de uso de suelo en terrenos forestales, impacto ambiental, concesión minera, etc.)?
La sociedad civil ha denunciado por años ante empresarios, consultores, agencias financieras y banco de desarrollo, la existencia de los ataques a las personas defensoras ambientales, sin que nadie haya tomado acciones reales. Cambiar la dinámica perversa e insostenible que se da hoy en torno a las personas defensoras no solo es urgente y posible sino necesario. Pugnemos legalmente por el compromiso de una política pública y un marco jurídico que promueva proyectos de desarrollo con la inclusión de las comunidades y que garanticen respeto a los derechos humanos, y obligue a la cancelación definitiva de cualquier proyecto que esté asociado a los ataques a una persona luchadora social/comunitaria que defiende los recursos naturales y los derechos humanos ambientales. ¿Tendremos la sensibilidad suficiente y la voluntad política y empresarial para entrarle a resolver el drama por el que atraviesan los defensores ambientales en plena 4T?
Director Ejecutivo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) / Gerente de Derechos Humanos, CEMDA.
