El Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (el Acuerdo), publicado -sin facultades- por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el pasado 29 de abril, representa una medida en extremo regresiva para cumplir con la transición al uso de energías renovables que, por obligación jurídica, México debería estar haciendo conforme a la Constitución Política, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París.
Además de transgredir de manera directa las obligaciones derivadas de dichos instrumentos jurídicos y con ello derechos humanos como el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho a la salud (reconocidos ambos en el Artículo 4°constitucional), las consecuencias previstas por la implementación del Acuerdo generarán costos de dimensiones inimaginables. Dichos costos no son sólo para los participantes de la industria eléctrica dado los empleos e inversiones[1] que se perderán sino que también ocasionará costos al país pues se incrementará el deterioro del medio ambiente, la calidad de vida y la salud de las personas.
El Acuerdo suspende, de manera indefinida, la operación de centrales de energías renovables sin motivar las razones por las cuales se considera que dicha medida abona a la estrategia de contingencia frente al COVID19, aspecto sobre el cual se motiva la publicación del Acuerdo. De manera específica, no se explican los beneficios que en términos económicos y sociales/sanitarios se obtendrán de la implementación de tal medida de forma que efectivamente se reduzca el riesgo de la población ante la emergencia sanitaria.
De conformidad con el Informe de impacto al sector solar y eólico por el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, elaborado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), la entrada en vigor del citado Acuerdo generará 714,945 toneladas de CO2 por mes que no podrán evitarse y por el contrario, se estarán además aumentando emisiones contaminantes cuyos impactos en el clima, la salud y el medio ambiente han sido ampliamente documentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS por sus siglas en inglés) e instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Salud Público (INSP) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
Al dejar de generar energía a través de los proyectos de energía limpia cuya operación es suspendida por el Acuerdo, se estará privilegiando incomprensiblemente a la infraestructura ya existente cuyo funcionamiento es principalmente a base de fuentes fósiles, entre ellos, combustóleo. La quema de combustóleo genera, además de dióxido de carbono, óxidos de azufre y grandes concentraciones de material particulado los cuales dañan la salud de las personas que están en contacto con ellos. De manera específica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el material particulado es un indicador representativo común de la contaminación del aire y afectan a más personas que cualquier otro contaminante.
Es por ello, que el Acuerdo atenta contra el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano a la salud propiciando una mayor vulnerabilidad en la población susceptible a un medio ambiente deteriorado, particularmente, el decremento en la calidad del aire cuyas consecuencias son además exacerbadas por los efectos propios del COVID 19 a los que actualmente estamos expuestos. En ese sentido, un estudio reciente de la Universidad de Harvard ha confirmado la relación directa que hay entre la calidad del aire y la incidencia/vulnerabilidad de la población ante dicha enfermedad, incluso pequeños aumentos en las partículas finas, conocidas como PM2.5, han tenido un efecto descomunal en los Estados Unidos. Un aumento de solo 1 microgramo por metro cúbico correspondió a un aumento del 8% en las muertes de Covid-19[2].
Lo anterior, tiene altísimos costos en términos de salud pública y protección ambiental. De conformidad con las Cuentas Ecológicas del INEGI, al 2018 la contaminación de la atmósfera representó el mayor costo ambiental pues costó 656,779 millones de pesos, lo cual representa el 2.8% del Producto Interno Bruto[3] ¿Cuánto nos costará en el largo plazo la implementación de este Acuerdo?
En un contexto en el que se ha anunciado la necesidad de crear paquetes de recuperación económica alineados con el fortalecimiento de la sustentabilidad y la resiliencia de las poblaciones, el Acuerdo marcha en sentido contrario ya que genera, precisamente, escenarios de vulnerabilidad económica, ambiental y social cuyos efectos nos alejan de una vida digna y saludable. ¿Por qué insiste la Administración del Presidente AMLO ir en contra de los temas ambientales y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad?
Gustavo Alanís, Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Anaid Velasco, Gerente de Investigación del CEMDA.
[1] La Asociación Mexicana de Energía Eólica estima que se pondrán en riesgo 29,517 empleos y 6,426 millones de dólares en inversión directa.
[2] https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
[3] Comunicado de Prensa. Cuentas Económicas y ... - Inegi www.inegi.org.mx › StmaCntaNal
