El “Conacyt de la 4T” (como lo rebautizó su directora, Elena Álvarez-Buylla, violando los convenios que le prohiben “fines políticos”) expulsó del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a mil 600 académicos que laboran en instituciones privadas.
Hace un mes, al lanzar su nuevo reglamento, Álvarez-Buylla enfatizó que fortalecería “principios de igualdad y no discriminación”. Ahora, a nombre del Estado, formaliza legalmente discriminar científicos porque su adscripción laboral no le simpatizan a ella ni al MoReNa ni al Estado ni a la 4T.
Se diría que han cometido “¡Traición a la patria!” y han perdido sus derechos.
Porque si la Constitución dice que “queda prohibida toda discriminación”, el Conacyt legalizó que esos científicos sean objeto de prejuicio por su “condición social” de privados. Si ordena que los derechos humanos “no podrán restringirse ni suspenderse”, el Conacyt restringe y suspende su pertenencia a un organismo (que además es “Nacional”). Si la Constitución afirma la “indivisibilidad” de los derechos humanos, el Conacyt divide en públicos y privados a quien los tiene y a quién no. Si la Constitución prohibe todo “lo que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades”, el Conacyt anula y menoscaba su libertad de laborar donde les venga en gana.
El artículo tercero nunca dice (no hasta ahora) que la educación privada sea inferior a la pública o que merezca un trato distinto. Dice que los maestros son “agentes fundamentales”, pero no dice que los públicos sean más fundamentales o que los privados sean menos agentes. Dice que los maestros deben ser reconocidos “en igualdad de condiciones”, pero no dice que lo igual será desigual cuando el Estado lo requiera. Dice que “fortalecerá” a la educación pública y respetará a la privada “sin hostilidades ni exclusivismos”, pero el Conacyt ya hostiliza a los privados y exclusivisa su demérito.
Y el quinto prohibe que a alguien se le impida trabajar en donde “le acomode”, mientras no “se ofendan los derechos de la sociedad”, y no dice que las universidades privadas sean ofensivas. Y el 73 ordena que “para consolidar el Sistema Nacional de CTI” (Ciencia, Tecnología, Innovación) es imperativa la “coordinación” entre “los sectores social y privado”, pero nunca dice que el privado será descoordinado.
Y muchos artículos más que abundan en leyes que ordenan respetar al “sector privado”, propiciar su desarrollo y apoyar sus iniciativas, y no sólo en lo económico sino en “la equidad social” misma. Pues ya no: la Ley Buylla expulsó “a la brevedad posible” de la tierra prometida la injerencia del sector privado en el quehacer científico y tecnológico, al mermarle su capacidad para crear y divulgar conocimiento: todos esos académicos que fueron seleccionados por sus pares serán expulsados por autoridades impares (que envían a sus hijos a escuelas privadas…)
No es extraño y sí admonitorio en el gobierno de un Supremo poco afín a la ciencia y en general hostil a la clase media educada que la genera. ¿Y para qué? Para “ahorrar” 29 millones de pesos que, de acuerdo a la directora, estarán mejor empleados en lo que considera sus “Programas Nacionales Estratégicos”
No deja de ser curiosa la cifra: esos 29 millones que perjudican a mil 600 investigadores son los mismos 29 millones que cuesta el proyecto que “el Conacyt de la 4T” le entrega al científico John Ackerman para que, de 2019 a 2024, conduzca a México hacia “la auténtica democracia”.
Eso sí que merece presupuesto...
