Si hay algo que demuestra, una y otra vez, la historia de las políticas públicas en México es que prohibir no equivale a erradicar, y menos aún a regular y recaudar. La reciente afirmación del analista económico José Luis Ruiz-Healy, de que “México podría recaudar hasta 22 mil millones de pesos anuales por IEPS e IVA si regularizara la venta legal de cannabis”, y otros 11 mil millones adicionales por revertir la prohibición de vapeadores, debería poner en jaque a cualquier responsable de la política fiscal y de salud pública.
Ruiz-Healy lo dijo sin tapujos: por actitudes idiotas se pierden recursos equivalentes a casi un año del presupuesto de la UNAM. Y no exagera; años de debates, posposiciones y discursos han colocado al cannabis y derivados tecnológicos, como los vapeadores, fuera de un esquema regulatorio razonable, manteniendo estos mercados en manos del crimen organizado o en la informalidad, sin control, sin calidad y, sobre todo, sin impuestos a favor del erario.
Ahora bien: si alguien pensó que la prohibición haría desaparecer los vapeadores en México, la realidad es brutalmente distinta. A pesar de las restricciones vigentes que prohíben su importación y venta comercial, estos dispositivos se siguen ofertando libremente en las calles, en puntos de venta no regulados e incluso en plataformas digitales, alimentando un mercado ilegal que no solo evade el control sanitario, sino que también esquiva cualquier contribución fiscal.
Peor aún: diversas investigaciones y reportes periodísticos señalan que esta prohibición ha propiciado precisamente lo que se quería evitar. El mercado negro de vapeadores en México, lejos de extinguirse, se ha consolidado y expandido, alcanzando cifras, según estudios recientes superiores a 26 mil millones de pesos al año.
Este fenómeno no es una una anécdota. La imposición de barreras al comercio formal ha creado una dinámica perversa.
En la práctica, la prohibición ha generado un escenario de alto riesgo: los dispositivos y líquidos se comercializan sin controles mínimos de calidad ni un etiquetado claro que informe su contenido, no existen mecanismos efectivos de verificación sanitaria, lo que expone directamente a los consumidores, particularmente a jóvenes, a sustancias de origen y composición desconocidos, y una parte significativa de estos productos circula bajo el control de redes ilícitas, que se benefician de la ausencia de regulación para consolidar ganancias, ampliar su mercado y fortalecer sus estructuras criminales. Dicho sin rodeos: el Estado se hace a un lado, el mercado negro toma el control y la salud pública paga la factura.
Resulta ilustrativo que en CDMX incluso tras la prohibición local, los vapeadores siguen vendiéndose de manera indiscriminada, a la vista de autoridades que carecen de herramientas para regular o capturar impuestos que hoy se pierden.
Si la meta de una política pública es reducción de daños, protección de la salud y fortalecimiento del Estado de derecho, lo que hemos visto es justo lo contrario:
El consumidor queda expuesto a productos de origen y composición desconocidos.
El Estado renuncia a recaudaciones que podrían sostener programas de prevención y atención sanitaria.
Y el crimen organizado capitaliza un mercado ilegal robustecido por la ausencia de regulación efectiva.
Este patrón no es exclusivo de los vapeadores. La misma lógica se está aplicando a la regulación del cannabis: años de análisis, comisiones, consultas y discursos, sin un marco legal que permita una industria formal, segura y fiscalizada. Mientras tanto, los recursos por concepto de impuestos permanecen esquivando el erario, y el crimen organizado sigue consolidando canales de comercialización sin mediación estatal.
La pregunta que debería resonar en las oficinas de quienes definen políticas públicas es simple: ¿Cuánto más estamos dispuestos a regalar en productividad y recaudación por aferrarnos a paradigmas que han demostrado ser ineficaces?.
Además, la política internacional y regional sobre el cannabis continúa evolucionando: el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, firmó el 18 de diciembre de 2025 una orden ejecutiva para acelerar la reclasificación federal de la marihuana, instruyendo a las autoridades a moverla de la Lista I, la categoría más restrictiva y que la equipara con sustancias como la heroína, a la Lista III, que reconoce su potencial médico y reduce ciertos obstáculos regulatorios. Aunque esta medida no legaliza el consumo recreativo a nivel federal ni elimina las prohibiciones vigentes, sí representa un cambio en la postura del gobierno estadounidense para facilitar la investigación científica y abrir espacios regulatorios que hasta ahora estaban cerrados.
Regular no es sinónimo de permisividad, y prohibir no es sinónimo de protección. El enfoque que México necesita es uno basado en evidencia, que combine estándares sanitarios altos con mecanismos de supervisión y contribución fiscal efectivos. Solo entonces podremos transformar mercados ocultos en sectores formales que generen bienestar, desarrollo y recursos para todos.
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