Durante décadas, la política de drogas se construyó alrededor de una idea sencilla: si una sustancia es peligrosa, prohibirla debería reducir su consumo y sus consecuencias. La experiencia demuestra que no siempre funciona así. El cannabis sigue siendo utilizado por millones de personas y, cuando el gobierno no establece reglas claras, el consumidor queda expuesto a productos sin controles, concentraciones desconocidas y mercados donde la calidad sanitaria depende de la suerte.
El debate sobre cannabis debe cambiar de eje: el reto no es únicamente decidir sobre su consumo, sino establecer políticas públicas capaces de reducir sus riesgos y proteger la salud cuando el consumo existe.
El concepto de reducción de daños parte precisamente de esa realidad. No promueve el consumo ni pretende presentar al cannabis como una sustancia inocua. Busca disminuir riesgos mediante información, prevención, productos controlados y decisiones basadas en evidencia. Saber cuánto THC contiene un producto, cómo fue elaborado y si está libre de contaminantes no es un lujo: es una condición básica de salud pública.
México no puede pasar por alto esta realidad: la reducción de daños requiere regulación. No basta con recomendar al consumidor que tenga cuidado si el producto que adquiere no informa su concentración de THC, si no fue sometido a pruebas para detectar pesticidas, metales pesados, hongos o contaminantes, o si fue elaborado bajo condiciones sanitarias verificables.
Canadá entendió esta lógica cuando reguló el cannabis para adultos en 2018. La legalización no se planteó simplemente como una autorización para consumir, sino como una política de salud y seguridad pública: proteger a menores, controlar la calidad, reducir el mercado ilegal y ofrecer información al consumidor. La regulación canadiense también ha tenido que revisarse y corregirse, una lección importante para cualquier país que pretenda construir una política seria.
Uruguay ofrece otra enseñanza. Su modelo regulado ha sido evaluado con el paso de los años para conocer sus efectos sobre consumo, salud pública, seguridad y funcionamiento del mercado. La conclusión de fondo es sencilla: regular no significa terminar el debate; significa tener herramientas para medirlo y corregirlo.
México enfrenta una paradoja difícil de sostener. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición absoluta del consumo lúdico de cannabis, pero el país no cuenta todavía con un mercado integral que permita producir, transformar y comercializar cannabis dentro de un marco regulatorio moderno. COFEPRIS ha establecido que determinadas autorizaciones pueden permitir actividades relacionadas con el autoconsumo, pero no constituyen una autorización general para comercializar o distribuir cannabis.
El resultado es un mercado fragmentado, con consumidores que existen, productores interesados en participar y empresarios dispuestos a invertir, pero sin reglas suficientes para construir una cadena de valor formal.
Desde la perspectiva económica, esto representa mucho más que un problema jurídico. Es una oportunidad desperdiciada. El cannabis moderno no es solamente una flor. Es genética vegetal, agricultura de precisión, laboratorios de análisis, biotecnología, productos farmacéuticos, alimentos, fibras, investigación, trazabilidad y desarrollo tecnológico. Una regulación adecuada podría generar empleos formales, inversión y nuevas oportunidades para productores agrícolas, particularmente si se diseñan esquemas que permitan la participación de pequeños y medianos agricultores.
Hay, sin embargo, un punto que debe quedar claro: regular no significa afirmar que el cannabis es inocuo. Existen riesgos documentados asociados al consumo, particularmente en menores, en consumidores frecuentes y en productos de alta concentración de THC. También existen riesgos relacionados con la conducción y con determinados perfiles de vulnerabilidad. Precisamente por eso la política pública debe distinguir entre edad, dosis, concentración, frecuencia y vías de administración.
La prohibición tiende a borrar esas diferencias. Para el mercado ilegal, una flor con determinada concentración de THC y un producto altamente concentrado pueden terminar siendo simplemente “marihuana”. El consumidor recibe poca información y el Estado pierde capacidad de vigilancia.
La regulación permite hacer exactamente lo contrario: establecer estándares, etiquetar, analizar, informar, prevenir y sancionar cuando sea necesario. También habrá que hablar con seriedad de impuestos. Un mercado legal demasiado caro puede terminar subsidiando al ilegal. La experiencia internacional demuestra que competir contra la informalidad requiere productos seguros, disponibles y con precios capaces de enfrentar al mercado clandestino. La regulación debe ser estricta, pero no irracional.
México necesita construir una política que coloque la salud pública en el centro, pero que también reconozca la dimensión económica de esta industria. La reducción de daños ofrece una ruta razonable porque parte de una realidad incómoda: las personas consumen, independientemente de que al gobierno le guste o no. La responsabilidad del Estado es reducir los riesgos, proteger a los menores, combatir el mercado ilegal y garantizar información y estándares verificables. México debe decidir si quiere observar esta transformación desde la barrera o participar en ella.
Regular el cannabis no debe ser un acto de permisividad. Debe ser un ejercicio de responsabilidad. Y si México pretende convertir una planta históricamente asociada con la clandestinidad en una industria formal, competitiva y generadora de conocimiento, tendrá que entender algo fundamental: la regulación no es el obstáculo para desarrollar el sector. Es la infraestructura que puede hacerlo posible.