Después de la power point oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente logró presentar —no sin jaloneos internos— una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Desde antes que se presentara, no han faltado quienes sostienen que leerla es una pérdida de tiempo porque, simplemente, no pasará. Y no es que tengan una bola de cristal. Los propios voceros del oficialismo han reconocido que no tienen el respaldo para aprobarla.
Si aun así decidieron presentarla, habrá sido dignidad política: habían prometido una iniciativa y cumplieron. Pero la reforma habría nacido ya sin posibilidades reales de prosperar.
Ahora bien, el hecho de que difícilmente prospere no significa que carezca de relevancia. Las reformas electorales no sólo se evalúan por sus probabilidades de aprobación; su contenido revela la visión del poder respecto de las reglas del juego democrático. Y, en ese sentido, la propuesta merece una lectura cuidadosa.
Para algunos, la propuesta es una versión “descafeinada” de las ambiciones del gobierno. Sin embargo, esta etiqueta puede ser engañosa. Menos malo no es lo mismo que bueno.
Lo “descafeinado” parece provenir de que no se propuso la eliminación de los pluris… al menos no en ambas cámaras del Congreso. Aunque en la Cámara de Diputados sí se modifica la asignación de la mitad de las diputaciones plurinominales. En lugar de distribuirse mediante listas partidistas, cien de ellas se distribuirán utilizando el criterio de “mejores perdedores”, es decir, las candidaturas que hayan obtenido altos porcentajes de votación en sus distritos sin haber ganado la elección. Hay para quienes esto es una mejora, porque los escaños no necesariamente terminarían en manos de Morena.
Sin embargo, la reforma no corrige otros factores que hoy generan distorsiones en la representación legislativa. La reforma, por ejemplo, guarda silencio sobre cómo funcionaría este nuevo sistema en presencia de coaliciones electorales. Tampoco dice nada sobre el límite actual de sobrerrepresentación que hoy permite generar mayorías legislativas artificiales.
El cambio más significativo en materia de representación se encuentra en el Senado. La propuesta plantea reducir la Cámara Alta de 128 a 96 integrantes y eliminar por completo las senadurías de representación proporcional. En otras palabras, todas las curules se asignarían mediante el principio de mayoría. Esto supone, además de reducir el tamaño del Congreso, que los votos emitidos por cualquier otra fuerza que no quede en los primeros lugares quedarán simplemente sin representación.
Otra señal de supuesta “moderación” estaría en los cambios en el financiamiento de los partidos. En lugar de eliminar por completo el financiamiento ordinario a los partidos, la propuesta busca reducirlo a una cuarta parte, pero sin modificar la fórmula de distribución entre partidos. Y con ello, dicha reducción podría terminar ampliando las asimetrías existentes en la competencia electoral. Las fuerzas políticas pequeñas dependen en mayor medida de estos recursos para sostener su actividad política. Los partidos grandes, en cambio, cuentan con otras ventajas estructurales: mayor visibilidad mediática, estructuras territoriales más robustas y, en el caso del partido gobernante, el acceso cotidiano a la exposición pública que otorga el ejercicio del poder.
Con todo, la iniciativa sí abandona —al menos por ahora— la idea de reducir el financiamiento del INE y de los OPLEs. Pero propone ampliar algunas facultades del INE, particularmente en materia de fiscalización de campañas.
Sin embargo, estas disposiciones resultan insuficientes frente a uno de los problemas más graves del sistema electoral contemporáneo: la posible infiltración del crimen organizado en las campañas. La iniciativa no introduce medidas para prevenir o sancionar la intervención de dinero ilícito en los procesos electorales. Incluso en caso de detectarse irregularidades graves —por ejemplo, financiamiento proveniente del narcotráfico— las sanciones no alcanzarían a las candidaturas beneficiadas. Aquí lo importante era simular hacer, sin hacer nada realmente en esta materia.
Como sabemos, la iniciativa plantea reducir en un 27% los tiempos del Estado durante los procesos electorales, pero sin cambiar el modelo de comunicación política basado en los spots. Menos tiempos en medios para los partidos, pero Morena seguirá disfrutando la plataforma de exposición permanente, las “mañaneras”, frente a la cual ningún partido político puede competir.
La reforma también introduce cambios en materia de consultas populares y otros mecanismos de democracia directa. Entre ellos destaca la posibilidad de utilizar “tecnologías de la información” para la emisión del voto, lo que abre la puerta al voto electrónico o el voto por internet.
Aunque estas herramientas pueden parecer atractivas, su implementación plantea riesgos importantes. Los sistemas de votación electrónica deben garantizar simultáneamente tres principios fundamentales: la secrecía del voto, la integridad del sufragio y la posibilidad de auditoría pública del proceso. Cumplir con estos tres requisitos de manera simultánea ha demostrado ser extremadamente complejo.
A esto se suma otro cambio relevante: el INE dejaría de ser la única autoridad encargada de difundir información sobre las consultas populares, y se elimina el mandato de que dicha promoción sea imparcial.
Más aún, la iniciativa abre la posibilidad de que los poderes públicos participen activamente en la promoción de estos mecanismos de democracia directa. Esto supone un cambio importante respecto del modelo actual, que limita la participación de los servidores públicos en procesos que podrían influir en la opinión del electorado. Permitir que autoridades gubernamentales promuevan consultas o referéndums introduce el riesgo de que estos mecanismos se conviertan en herramientas de movilización política desde el poder.
Finalmente, uno de los apartados más controvertidos de la iniciativa es la regulación del uso de inteligencia artificial (IA) en materia electoral. La propuesta establece que todo contenido relacionado con procesos electorales generado o modificado mediante IA deberá estar etiquetado.
El problema es que la iniciativa traslada la responsabilidad de hacer cumplir esta obligación a las plataformas digitales y a los medios de comunicación. Según la propuesta, concesionarios de radio y televisión, así como plataformas como Facebook, Instagram, X o TikTok, serían responsables de identificar, advertir y evitar la difusión de contenido que no esté debidamente etiquetado, con lo cual se abre la puerta a la censura previa.
Quizá, la iniciativa puede haber perdido intensidad frente a las intenciones iniciales, pero no ha perdido dirección. La propuesta deja intacta la lógica de rediseñar reglas para favorecer a quienes ya ocupan una posición dominante en el sistema. Queda ver si un “Plan B Reload” insistirá en esa misma ruta.
Dedicado a todos aquellos hombres que siguen sin encontrar mujeres con quienes discutir de política en público, y les aliades que, cuando la hacemos, prefieren no escuchar. #8M.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S.-Mexican Studies de la UC San Diego, California. X: @gpe_salmoran