Estamos a la espera de la entrega de la tan anunciada iniciativa de reforma electoral constitucional deseada por el oficialismo. Al parecer, a Morena y sus aliados se les ha hecho bolas el engrudo. Algunas voces atribuyen el posible fracaso a la intransigencia de su principal operador político. La razón de fondo es conocida: la disputa por el futuro de la representación proporcional. De esos escaños depende, no ya sólo el peso electoral de las minorías políticas, sino algo más relevante: que el pluralismo político no sea una mera entelequia.
La incorporación del principio de representación proporcional al sistema electoral mexicano fue una respuesta a los efectos distorsionadores que permitía mayorías artificiales al priismo en detrimento de las minorías. Gracias a las plurinominales se logró contener las aspiraciones hegemónicas y se abrió espacio a una competencia más equilibrada. Eso es, precisamente lo que hoy está en juego: la posibilidad de evitar un retroceso democrático mayor.
La iniciativa de reforma de la que todo el mundo habla, pero cuyo contenido nadie termina por conocer, es reveladora no sólo de un proceso mal conducido, sino también de su carácter regresivo. Lo que sabemos de oídas apunta a una reforma que, lejos de fortalecer el pluralismo, busca constitucionalizar una sobre-representación en beneficio del partido gobernante; que, en vez de reforzar la autonomía de las autoridades nacional y locales, quiere subordinarlas al control político —como ya ocurre con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, antes que promover la equidad en la contienda—; y que, bajo el argumento de la austeridad, reducirá el financiamiento público a los partidos para debilitar a las minorías y convertirlas en maquinarias electorales de vida corta.
Algo similar sucede con la retórica de la participación ciudadana. Figuras como la consulta popular o la revocación de mandato serían utilizados para transformar en la ciudadanía en un público convocado para refrendar decisiones tomadas por las cúpulas del poder.
Cada vez que se advierte sobre los riesgos de esta reforma electoral y de su articulación con otros cambios institucionales —desaparición de órganos constitucionales autónomos, militarización de la vida pública, captura de la Suprema Corte, el debilitamiento de los controles constitucionales o la des-democratización de los procesos electorales, como sucedió con las elecciones judiciales de 2025— la respuesta del oficialismo es siempre la misma: no hay que alarmarse, porque aún no se conoce el contenido final de la iniciativa.
Y así, cada vez que se pregunta por ella, pareciera que jugamos al viejo juego infantil de “caliente-frío”, tratando de adivinar qué tan cerca estamos del golpe definitivo al sistema electoral.
Se insiste, como ha pedido Ricardo Monreal, en que hay que esperar a lo que la presidenta diga a través de su comisión. Una comisión integrada exclusivamente por voces del oficialismo, sin espacio para la disidencia, formalmente colegiada, pero ni representativa ni deliberativa. En la Comisión no hubo cupo para el poder legislativo; la mayoría sobre-representada ha aceptado fungir como espectadora de decisiones que deberían discutirse en su propio seno.
Nada de esto es nuevo. Ya ocurrió con la reforma judicial y puede repetirse ahora. Las próximas elecciones judiciales están a la vuelta de la esquina; existen propuestas para atemperar las falencias del primer ejercicio, pero no hay voluntad política para escuchar. Mientras tanto, seguimos jugando “caliente-frío” con el futuro democrático del sistema político.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. -Mexican Studies de la UC San Diego, California. X: @gpe_salmoran