A las carreras y ya tarde, el Consejo General del INE enviará a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral un paquete de propuestas –¡que se cuentan por cientos! — sobre un conjunto variopinto de temas. Pero sólo en uno hay acuerdo unánime: no es buena idea mezclar, el mismo día, los comicios judiciales con las elecciones ordinarias de 2027.
El INE propone cambiar la fecha de la elección de jueces y magistraturas federales para que no coincida con la elección intermedia en la que se renovarán diputaciones federales, 17 gubernaturas y cientos de cargos locales.
No se trata de un capricho técnico. Es una decisión que toca el corazón de la segunda renovación parcial del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que para el 6 de junio 2027 se elegirán más de 850 personas juzgadoras federales —entre juzgados y tribunales de circuito— y se completará la renovación los poderes judiciales locales faltantes.
Pero ese mismo día también tendrá lugar una elección política gigantesca: se renovarán las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, alcaldías y otros cargos subnacionales, y quizá —aún esa posibilidad no está cerrada— incluso la concurrencia de la renovación de mandato de la Presidencia. Lo que pide el Consejo General es algo simple pero significativo: que la elección de la mitad del Poder Judicial federal se realice después, para el último trimestre de 2027, es decir, entre octubre y diciembre de ese año.
¿Por qué importa tanto la fecha? Porque las elecciones judiciales no funcionan como los comicios para los cargos de representación popular. En ellas los partidos políticos tienen estrictamente prohibido participar: no pueden registrar candidaturas, les está vetado hacer campaña y ni siquiera pueden vigilar la votación como representantes de casilla. Eso obliga al INE a montar un dispositivo electoral completamente distinto: elaborar más y boletas diferentes, abrir otros espacios idóneos donde instalar las casillas —pues las elecciones judiciales responden a una geografía electoral propia— o, cuando menos, habilitar otras áreas donde no puedan pasar los representantes partidistas, implementar otros procedimientos de conteo de votos y también otras reglas de custodia de la documentación electoral.
Los problemas de hace coincidir los comicios judiciales con la renovación de los demás cargos políticos no sólo es logístico; es político. Imaginemos la realización de las elecciones judiciales mezclada con los comicios donde los partidos políticos van a disputarse la Cámara de Diputados y alguna gubernatura local. Lo que tendremos es un terreno fértil que incentivará aún más que los partidos intervengan —abierta o encubiertamente— para posicionar candidaturas judiciales políticamente afines a ellos.
A lo que habrá que sumarle el caos operativo: probable aumento en la confusión de boletas, desorganización en el trabajo de las mesas de votación, y saturación de casillas y bodegas. El resultado será una elección judicial inevitablemente contaminada por la competencia partidista y una mayor incertidumbre para la ciudadanía.
El mensaje de la propuesta del INE es que claro: la elección judicial no puede sobrevivir limpia ni creíble si se le mete en la misma bolsa que una elección intermedia y la renovación de la mitad de las gubernaturas. Sin embargo, la probabilidad de éxito de esta propuesta es incierta, pues se presenta ante un proyecto político que precisamente ha apostado por politizar al Poder Judicial.
No es sólo una discusión de calendario, sino la expresión de la disputa electoral de la justicia como un recurso político más.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. -Mexican Studies de la UC San Diego. X: @gpe_salmoran