Lejos de que el fracaso de la reforma constitucional electoral sirviera para Morena y sus aliados como un llamado a la reflexión —una oportunidad para no intentar otra vez modificar la constitución desde la imposición y la intransigencia— la derrota llevó al oficialismo a redoblar la apuesta. La presidenta ha anunciado, como esperábamos, el Plan b reloaded.
La “nueva” iniciativa no recupera los puntos más controvertidos, pero retoma varios que habían sido adelantados en la primera “power point oficial”. El gobierno busca reducir el presupuesto de los congresos locales y de los municipios, imponiendo un tope máximo al gasto legislativo estatal, y reducir la integración de los cabildos municipales. Más de lo mismo: menos dinero y menos colegialidad política. Además, se plantea —y esto tampoco es nuevo— permitir que la revocación de mandato del poder ejecutivo nacional pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno.
Esta propuesta profundiza la inversión del sentido original de la revocación de mandato. Diseñada como un instrumento de control ciudadano, esta figura se ha transformado en México en un mecanismo de ratificación del poder ejecutivo en funciones. Este dispositivo permitirá colocar a la presidencia en el centro de la contienda política durante las elecciones intermedias, habilitándola a intervenir activamente en la disputa por la configuración del poder legislativo y demás cargos subnacionales.
Asimismo, se plantea habilitar la consulta popular para decidir sobre más temas como la materia electoral, incluyendo el monto de financiamiento público de los partidos políticos. Lo lógica es clara: trasladar al terreno plebiscitario aquello que no se logre aprobar en el Congreso.
En este punto, la experiencia comparada en América Latina es ilustrativa. Las consultas populares en la región, antes que empoderar a la ciudadanía, han servido para ensanchar las potestades de los ejecutivos, incluso otorgándoles facultades para legislar. Una atribución que, como sabemos, en democracia debería corresponder exclusivamente a las asambleas legislativas.
Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador son emblemáticos del uso de las consultas para impulsar cambios institucionales decisivos. En Venezuela, mediante consulta pudo convocarse a la asamblea constituyente de 1999 que reemplazó el orden constitucional vigente. En Bolivia, fue utilizado en 2016 para intentar habilitar la reelección indefinida de Evo Morales. En Ecuador, las consultas permitieron que la ciudadanía aprobara —sin la intervención de la Asamblea Nacional— la creación de nuevos delitos, restricciones a libertades fundamentales y restructuraciones de otros órganos del Estado, como el Consejo de la Judicatura en 2011 y el Consejo de Participación Ciudadana en 2018.
El patrón que une a estas experiencias es claro. Desde finales del siglo pasado, la gran mayoría de consultas populares en la región han sido activadas “desde arriba”: por las presidencias y sus partidos. En países como Ecuador y Venezuela, los ejecutivos cuentan con amplias facultades para promover consultas sobre un vasto abanico de asuntos, sin que exista un contrapeso institucional efectivo sobre las iniciativas presidenciales. Y, de aprobarse en estos términos —con las ministraturas del acordeón en la Suprema Corte— México se sumaría a esa misma ruta.
Cierro con una preocupación democrática que no reside en el contenido de la propuesta, sino con la forma en que esta está siendo procesada. La normalización del power point como sustituto de una iniciativa legislativa es un claro síntoma del empobrecimiento del debate político. En un primer momento la diapositiva parecía más una señal de improvisación y un signo de la incompetencia del oficialismo para procesar acuerdos legislativos. Hoy se ha convertido en una estrategia.
Anunciar reformas sin presentar formalmente el texto de la iniciativa nos priva a la ciudadanía de la posibilidad de conocer y discutir oportunamente las propuestas que pretender transformar las reglas del sistema políticos. La opacidad (la no publicidad) de estos cambios, hasta último momento, no sólo es una muestra de poder; es también una forma de desactivar la crítica informada y la deliberación pública.
Mientras los detalles siguen discutiéndose a puerta cerrada, los partidos aliados a Morena ya anunciaron su “respaldo total” —léase, sumisión total— al nuevo plan, incluso antes de que exista un documento público que pueda analizarse. El acuerdo se produce así de espaldas a la ciudanía. Muy probablemente lo que veremos en las próximas horas será la escenificación —la simulación democrática— de decisiones políticas que ya se han tomado de antemano.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S.-Mexican Studies de la UC San Diego, California. X: @gpe_salmoran