El proceso para renovar tres de sus consejerías ya está en marcha. No se trata de un relevo administrativo, sino de una decisión crucial para la salud de la democracia mexicana. Del actuar del Consejo General depende, en buena medida, que el país siga contando con elecciones libres, equitativas y pacíficas.
El INE es el único árbitro electoral que no se elige por voto popular y uno de los pocos órganos constitucionales autónomos que aún subsisten. En los últimos años, su autonomía e independencia han estado sometidas a múltiples presiones: reformas, recortes presupuestales y hostigamientos del gobierno han buscado limitar sus capacidades operativas y arbitrales.
Desde 1996, las consejerías del INE son electas por la Cámara de Diputados mediante una mayoría calificada de dos terceras partes. Este requisito obligar a construir amplios acuerdos y busca evitar capturas partidistas del órgano electoral. Para reforzar este objetivo, a partir de 2014, se incorporó un comité técnico encargado de revisar los perfiles, valorar trayectorias y proponer quintetas por cada vacante.
El modelo prevé, además, una “válvula de escape”: si la Cámara no alcanza los consensos necesarios o incumple los plazos, la Suprema Corte realizará la designación mediante insaculación pública, a partir de las listas previamente integradas. No es un escenario hipotético. En 2023, ante la falta de acuerdos políticos, las consejerías fueron elegidas por tómbola.
El proceso actual introduce variantes relevantes que encienden alertas. Por primera vez, el comité técnico está integrado únicamente por tres personas designadas por la Jucopo y dos por la CNDH. Esta última es una institución desdibujada de su papel de ombudsman, y se parece más una extensión del gobierno. La supresión del INAI implicó también la eliminación de las dos designaciones que correspondían a ese órgano. En la práctica, las medidas que buscaban equilibrar el peso político de la Jucopo han quedado debilitadas.
El riesgo es evidente: que la mayoría oficialista termine de colonizar el Consejo General del INE favoreciendo perfiles afines, con el fin de contar con una autoridad electoral subordinada. Ya existen señales que alimentan esta preocupación. La actual presidencia del Instituto, encabezada por Guadalupe Taddei, ha sido objeto de críticas por romper la colegialidad del Consejo y tomar decisiones unilaterales, particularmente en el uso de sus “nuevas facultades” para designar los directivos ejecutivos del Instituto.
En este contexto, es imperioso que las nuevas consejerías cuenten con una trayectoria sólida, integridad comprobada y, sobre todo, independencia e imparcialidad. Su legitimidad descansa, además de respetar la legalidad del proceso, de la confianza que logren generar entre todas las fuerzas políticas.
El INE enfrenta un ambiente político que no facilita esa tarea: una mayoría legislativa alineada con la presidencia, un Tribunal Electoral complaciente con al oficialismo y una Suprema Corte poblada de integrantes afines al gobierno, electos por votación popular.
La renovación parcial del Consejo General no sólo impactará su dinámica interna; sus efectos se proyectarán hacia el futuro inmediato del sistema político. A la integración que resulte tendrá en sus manos responsabilidades mayúsculas: organizar las elecciones intermedias de 2027 junto con los 32 procesos locales, en los que se elegirán más de 20 mil cargos. Por su fuera poco, deberá encargarse también de la siguiente renovación concurrente —por la cerrazón del oficialismo— de las personas juzgadoras federales. Además de preparar las elecciones generales de 2030, que renovarán los poderes públicos federales y comicios previstos en los siguientes nueve años.
Un proceso sesgado por intereses partidistas no solo debilitaría al INE, erosionaría la confianza en la integridad de las elecciones. En un contexto de creciente concentración de poder, preservar la autonomía, independencia e imparcialidad del árbitro es una condición mínima para que la disputa política siga resolviéndose democráticamente, desde las urnas, y no fuera de ellas.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. -Mexican Studies de la UC San Diego. X: @gpe_salmoran