El presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados no presenta sorpresas. Los diputados confirmaron el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El resultado es un gasto público para 2021 por 6.29 billones de pesos, lo que implica una reducción de 0.3% con relación a lo aprobado para el año en curso. De este total, 73.4% es gasto programable; es decir, el gasto que efectivamente realizará el gobierno federal, las entidades que integran el sector público federal, los otros poderes federales y los órganos autónomos.
El resto son las participaciones federales a las entidades federativas y el costo financiero de la deuda. Es una composición que registra pocos cambios en años recientes, disminuyendo el peso del gasto programable, sin que ello implique un aumento notable en las participaciones federales a las entidades federativas.
Uno de los resultados de esta composición del gasto público es que desde hace años el gasto programable aprobado, pero también el devengado, se sitúa en torno a 20% del PIB. Es una cifra notoriamente menor al que se ejerce en el conjunto de países de la OCDE e incluso al que se lleva a cabo por gobiernos de otros países de América Latina. Para remarcar la diferencia en una frase: todo el gasto programable presupuestado para ejercer en México en 2021 es equivalente al que en promedio se realiza en gasto social con recursos públicos en los países integrantes de la OCDE.
En 2019 el gasto social público promedio como porcentaje del PIB en los países de la OCDE fue de 20%, mientras en México se situó en 7.5%.
Sin duda las cifras del tamaño del gasto público total y las del gasto público social no son comparables directamente y hay una larga historia que explica las diferencias, pero informan sobre el tamaño de las carencias en México.
Son muchos años en que se han estado ejecutando programas de austeridad, sin atender a los servicios sociales, sin dotar de recursos necesarios y sin duda ni los mínimos a la educación pública, la salud, la atención de los adultos mayores, los menores y las pensiones. Son muchos años en que se persigue una máxima del neoliberalismo: el equilibrio fiscal y únicamente se logra la destrucción de las instituciones sociales construidas en años previos, que implica la propia destrucción de las capacidades del sector público y mantener o incrementar la desigualdad social.
En ese contexto, lo urgente es identificar las carencias en estos ámbitos y diseñar los proyectos para que paso a paso se construya la infraestructura, se establezcan los puestos de trabajo y se fortalezcan o se integren las instituciones que permitan ir resolviendo las necesidades.
En los Criterios Generales de Política Económica, que hace parte del Paquete Económico que considera la Cámara de Diputados para aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF 2021), no existe una reflexión en esa materia. Tampoco se incluyen consideraciones al respecto en el documento discutido en el pleno de los diputados federales.
Hay un señalamiento expreso sobre las circunstancias graves en que se discute el PPEF 2021, un momento en que el país enfrenta dos crisis simultáneamente la sanitaria producto del Covid-19 y la económica, que según los legisladores es derivada de la propia pandemia o de las medidas tomadas para evitar la propagación del virus.
Hay una emergencia en materia de salud pública y una crisis económica que tiene su propia historia. En 2019 la economía no creció. En los años previos, el crecimiento fue muy débil. La inversión tiene años con un pobre desempeño.
Las reformas estructurales y la política económica ejecutada durante la administración federal anterior no tuvieron como resultado un incremento en el ritmo de crecimiento de la economía. Las medidas de ajuste fiscal realizadas en esos años no fueron capaces de disminuir la deuda pública. Como en administraciones federales previas, se dieron pasos firmes en la destrucción de las capacidades de la gestión pública y con ello se afectaron derechos de los ciudadanos en un clima de notable incremento de la inseguridad social.
Esa es la dimensión de la crisis económica y social que tiene el país y frente a la que debe actuarse. Ante ello no es suficiente una redistribución en el gasto público, aun cuando se concentren algunos recursos para destinarlos a programas sociales focalizados. Menos impacto positivo se tiene si la distribución se realiza manteniendo el criterio del equilibrio fiscal.
La continuidad en la austeridad fiscal no modificará positivamente el desempeño de la economía, menos propicia una ampliación sustantiva de la inversión productiva y de las capacidades de producción. Ambas son imprescindibles para avanzar en la inclusión social.
Twitter: @GregorioVidalB
