La trampa del poder y la gobernanza

Gregorio Canales

Desde el 10 de abril de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada (LSPC). 

Esto con el fin de elevar los niveles de eficiencia y eficacia del Gobierno Federal, asegurar la profesionalización y desarrollo de los servidores públicos; y dar continuidad a sus programas, planes y metas, en beneficio de los ciudadanos. 

El servicio profesional de carrera no es una novedad a nivel mundial, de hecho, existe desde hace por lo menos 1,000 años.   

¿Por qué en México se adoptó solo a parir del 2003?, pues porque antes se consideraban esos puestos como parte del “botín” político del ganador de luchas armadas, y posteriormente, de contiendas políticas.  
Por eso en México, no ha importado la capacidad profesional de un funcionario público, ni su probada honestidad, sino la cercanía y lealtad al gobernante en turno.  Para algunos de ustedes será propio recordar en este punto que, ¡Calígula hizo Senador a su caballo!  Por cierto, en México lo que más hay son “burros”, en contraste con Roma.  

¿Por qué es importante la capacidad profesional de un funcionario público? Pues como en cualquier otro ámbito de la vida moderna, requerimos alguien que sí sepa y esté capacitado para hacer un trabajo determinado.   

O, ¿dejarían ustedes la operación de su quiste en la mama, o en la próstata a su “chef” o taquero predilecto?  ¡Verdad que no!  Pues igual pasa con estos trabajos. Requerimos todos, y me incluyo, como ciudadanos, confirmar que los funcionarios públicos están correctamente capacitados para desempeñas sus funciones.  

Aquí cabe aclarar que una cosa es un cargo de elección popular, como diputado, senador, presidente, etc. y otra muy distinta es un funcionario de la administración pública, como secretario, subsecretario, director, etc.  

Uno puede ser cualquier ciudadano, que según el Artículo 35 de nuestra Constitución, el otro debería ser una profesional según la Ley antes citada. 

Debido a la promulgación de esta LSPC mencionada, y de alguna manera, ya íbamos encaminados en esta misión de profesionalizar la burocracia, con muchos problemas y fallas, pero para algunas posiciones clave ya sé veían profesionales con buena capacidad, y probada experiencia en sus temas específicos.   

Sobre todo, en áreas como el Banco de México, el INEGI, la CRE, CENAGAS, CENACE, COFECE, Secretaría de Hacienda, el SAT, y en la Secretaría de Economía.  En otras Secretarías o áreas, muy politizadas, todavía no tenemos expertos aún.  

Es conocido a nivel internacional, que las posiciones clave, o jefes de una cartera en específico como el secretario o ministro de algo, no han prevalecido los expertos, pues ellos emanan de una corriente política que por el momento está en el poder.   

Y esto es comprensible, pero si este personaje no tiene control sobre los puestos debajo de él o ella, entonces nos aseguramos de que los funcionarios que han llegado a esos puestos por sus méritos y experiencia seguirán ahí, y aseguramos que el gobierno siga funcionalmente operando.  

Los nuevos ministros o secretarios tendrán cierto grado de maniobra para implementar nuevas políticas o programas del nuevo gobierno, pero no podrán dislocar los programas ya existentes, y quizás lo más importante, no podrán dar un giro de 180 grados en sus formas de operar.  Esto tiene la ventaja de garantizar los programas de mediano y largo plazo. 

¿Cómo entonces podría lograr un nuevo gobierno imponer su “sellos” distintivo?  Los cambios de timón son buenos, pero atemperados por la cotidianidad.  Más aún, dichos cambios deben ser resultado de una intensa discusión y deliberación de las nuevas políticas y programas, por todas las partes involucradas, y solo por consenso, deberían hacerse los cambios.   

Cambios que deberán ser estructurados en un período de implementación entre los programas, o políticas, existentes y los nuevos.  Dando tiempo a todos los involucrados en adaptar medidas operativas a dichos cambios.  

Ejemplo de las fuerzas e integridad de una estructura de gobierno como ésta, se puede apreciar en los últimos acontecimientos durante el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos.  Hubo muchos incidentes en donde el presidente quiso cambiar las cosas, pero se topó con la burocracia que permaneció inmóvil ante dichos embates.   

No porque los cambios fueran malos o buenos, sino porque no procedió como está estructurado el gobierno para hacer e implementar dichos cambios.  

Una sociedad como la mexicana busca ser gobernada por un gobierno corporativo, que con profesionalismo y experiencia de certidumbre y respete el Estado de Derecho, y no por una persona que creen tener la verdad universal y no admiten críticas en contrario.   

¡Todos somos seres humanos, y como tales podemos tener errores! Pero si tenemos un sistema de pesos y contrapesos, podemos ir depurando nuestras decisiones para que, por consenso, ir quedándonos con las más viables.  

Las designaciones pasadas y resientes en el gabinete del actual gobierno, pueden causar urticaria a más de uno, pero si tuviéramos una burocracia profesional sólida, no debería causarnos mucho problema, pues sabríamos que dicha burocracia no dejaría implementar políticas o programas absurdos.  

Una Secretaría de Comunicaciones y Transportes conducida por profesionales, nunca hubiera dejado a un presidente llevar a cabo la cancelación de NAIM, ni la imposición de la construcción de un aeropuerto poco viable.   

Una empresa pública como PEMEX, manejada por profesionales de la industria del petróleo, y con un Consejo profesional, nunca hubiera dejado que un presidente imponga un proyecto como “Dos Bocas”, cuando existen otras 6 refinerías que requieren inversión, y además de que toda la industria petrolera en el mundo está dejando este tipo de plantas.  

¿Cómo hacer para desvincular la política de la gobernanza pública?  Esto es el meollo del asunto a resolver en México.  Y pienso que un camio a seguir sería la “parlamentización” de nuestra vida pública. Que los políticos no tengan injerencia directa o incontrolada en la gobernanza, ni en la burocracia profesional.  La meritocracia en la vida pública debería ser la norma y no la excepción.  

Consultor en Comercio Internacional e Inversión Extranjera, con más de 40 años de trayectoria en los sectores privado y público.  

[email protected] 
[email protected] 

TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios