La reciente Ley General de Economía Circular fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 2026. Esta Ley se ha publicitado como motor del crecimiento sostenible. Sin embargo, detrás del discurso, su contenido revela problemas profundos, ya que no cuestiona el modelo que genera la crisis ambiental, sino que solo lo administra para que continúe operando sin cambios de fondo, perpetuando así el status quo.
Desde su origen, esta iniciativa se anunció como una ley ambiental. Sin embargo, en la realidad privilegia criterios económicos y productivos por encima de la protección del medio ambiente, la salud y la vida. Su enfoque no es la prevención, sino la valorización de los residuos. Esto quiere decir que no cuestiona el modelo actual de producción lineal, sino que asume como inevitable la generación masiva de basura y solo ofrece como solución buscar cómo aprovecharla económicamente después. Con ello, se replica la estrategia fallida de la “valorización” implementada en el país desde hace más de 20 años.
La nueva ley publicada y promovida por la Semarnat, en realidad no aborda un enfoque serio de economía circular cuya premisa básica parte de: “el mejor residuo es el que no se genera”. Al contrario, su carácter es regresivo, ya que desconoce el principio de Prevención que establece la importancia de evitar y minimizar los daños al medio ambiente antes de que se generen.
Cabe señalar que, pese al mandato de un juzgado federal que pide al Congreso de la Unión realice las acciones necesarias para prohibir los plásticos de un solo uso en México, la Semarnat, desde su inicio, omitió agregar el resolutivo dentro de la nueva propuesta de ley Incluso, la misma secretaría declaró que dicha ley se inspiró en la legislación de Europa, donde, a diferencia de nuestro país, ya se ha empezado a prohibir los plásticos de un solo uso de forma inmediata y el resto de forma gradual.
La ley limita su alcance a la gestión post-consumo y deja de lado transformaciones clave como el rediseño de productos para que sean durables, reutilizables, reparables y de buena calidad. Además, no establece límites claros a la obsolescencia programada o percibida, ni plantea cambios estructurales en los patrones de producción y consumo. Así, la industria puede continuar con su business as usual, es decir, producir, vender y desechar cada vez más, mientras el Estado se conforma con “cerrar el ciclo” de los residuos.
Uno de los elementos más celebrados de esta Ley es la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), una demanda histórica de organizaciones sociales. Sin embargo, la forma en que se incorpora en la ley genera serias dudas. La REP se implementará de manera gradual mediante acuerdos generales. En la práctica, esto abre la puerta a retrasos, excepciones y negociaciones que pueden diluir su impacto real y convertirla en una obligación flexible, no en un cambio de fondo. Aún más preocupante es que su incumplimiento podría subsanarse recurriendo a falsas soluciones de “compensación”, como la compra de bonos de carbono u otros mecanismos financieros o reforestaciones, que no reparan el daño ni modifican las prácticas que la propia ley pretende regular y menos los obliga a hacerse responsables de los residuos que generan.
Otro punto preocupante es la inclusión de auditorías ambientales voluntarias y de circularidad. En teoría, podrían ser una herramienta útil. En la práctica, cuando son voluntarias, realizadas por la propia industria y acompañadas de beneficios regulatorios y reconocimiento público, se convierten en un terreno fértil para el greenwashing.
Especialmente grave es que se considere el aprovechamiento energético y la termovalorización como indicadores de economía circular. Parece que las autoridades mexicanas olvidan que impulsar la quema de residuos como forma de gestión va en contra de una verdadera circularidad, además de que la evidencia de sus impactos ambientales y en la salud, contradice cualquier enfoque preventivo. Más alarmante aún es que la ley prácticamente no menciona indicadores sanitarios para prevenir las implicaciones en la salud de las personas. En un país donde miles de comunidades viven junto a basureros, incineradoras y sitios contaminados, algunos de ellos catalogados como sitios de sacrificios; omitir la dimensión sanitaria y no incluir a la Secretaría de Salud es una irresponsabilidad mayúscula.
En términos generales, la política de “Economía Circular” promovida por el gobierno de México, junto con los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar, se caracteriza por un alto nivel de permisividad y flexibilidad normativa, lo que impide que se establezca nuevos estándares efectivos para el control de la contaminación históricamente generada por el sector industrial o que impulse cambios verdaderamente sustantivos en las prácticas empresariales. No resulta casual que esta legislación haya sido ampliamente respaldada y celebrada por el sector privado, ya que lejos de representar un desafío, consolida un marco regulatorio que permite continuar operando con escasa vigilancia, sin modificar de manera significativa sus procesos productivos ni asumir transformaciones de fondo.
La pregunta no es si esta ley promueve el crecimiento, sino a costa de qué y de quién. Mientras sigamos llamando “sostenible” a un modelo que evita transformarse, que promueve la generación de residuos y la quema de los mismos, el término economía circular seguirá siendo mal utilizado y estará lejos de ser la herramienta de cambio profundo que el país necesita.
México requiere con urgencia un marco normativo capaz de corregir las deficiencias estructurales de una política ambiental obsoleta, históricamente subordinada a intereses económicos dominantes y claramente insuficiente para atender la magnitud de la crisis socioambiental y de salud pública que enfrenta el país. La evidencia creciente sobre la incidencia de factores ambientales en el aumento de enfermedades crónicas —como cáncer, diabetes y alteraciones del sistema endocrino—, particularmente en sectores cada vez más jóvenes de la población, pone de manifiesto la necesidad impostergable de una reforma integral de las políticas ambientales y sanitarias sin disfraces de circularidad.
Organizaciones firmantes:
El Poder del Consumidor
Acción Ecológica
No es Basura
Asociación Ecológica Santo Tomás
Greenpeace México A.C.
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