Se quedaron con todo: INE, Tribunal electoral, poder judicial, mayoría en las cámaras, órganos de transparencia, licitaciones, talleres gráficos, casillas, tarjetas del bienestar, acordeones…y, por tanto: gobiernos. Ahora, cuando varios de sus “cuates” gobernantes les salieron pillos, quieren lavar cara -con jabón parlamentario-, y que la oposición les legitime su narco-pacto-criminal. Se sirven de la delincuencia para ganar elecciones y al mandar hacen “mutis” a sus fechorías. Allí está el problema: cesión transaccional entre mandatarios y delincuentes. No es una cuestión legal, es un tema de actuar. Se resuelve con voluntad, no con discursos de leyes bonitas.
Además, la iniciativa presidencial violenta la presunción de inocencia, y construye una categoría universal sospechosa sobre toda la clase política. ¡Todos somos Rocha Moya! Sospecha abstracta, cuando la responsabilidad penal por definición es personalísima.
Luego entonces, se le otorga a querer o no, a las fiscalías, la facultad de “condenar” (sin juicio) a una persona; o por lo menos estigmatizarla, “herrarla”, como a un ganado con dueño o certificado, previo a la campaña electoral y para toda la vida.
Morena quiere un aval parlamentario, a sus eventuales narcocandidatos, porque sus fiscalías y sus jueces del acordeón no tienen credibilidad. Quiere que todos los congresistas (diputados y senadores) certifiquen la buena conducta de sus postulados, aunque las instituciones fallen en la persecución del delito. No hay jueces probos, ni fiscalías autónomas.
El problema no es tiene fácil resolución ante la captura del INE y del Tribunal electoral, por parte de un jugador proclive a la connivencia criminal. El árbitro dual de la elección es parcial. Y ante un problema de aplicación de la ley, dicho problema no está en la ley, sino en los integrantes de ese arbitraje electoral, que juegan con la camiseta del equipo gubernamental.
La legitimidad de una autoridad se construye con elecciones libres (ya no lo son con la amenaza silenciosa del narco que opera en impunidad); con árbitro imparcial (ha demostrado colaboración y complicidad con Morena); y una organización neutral, que no lo es cuando la mayoría de sus miembros los propuso y votó en solitario el oficialismo. Se les nota el color guinda desde lejos.
El problema narco, su dinero e intimidación en las elecciones no se resuelve legislando. Se ataja con “ejemplaridad sancionatoria”, es decir, encarcelando a los asesinos, extorsionadores y “operadores del crimen”, como eufemísticamente le dicen, a la canallesca sección de muchos abrigados por Morena.
Morena, solito se metió en los “abrazos no balazos” a los delincuentes, ahora lo quieren resolver a “decretazos”. Bueno. Pues que con su fentanilo se lo coman.
Posdata.- ¿Intervención extranjera para anular elecciones? Y qué pasará si el Estado extranjero, aceptado por la ONU, prescribe que votar por narcos es pecado. ¿La iglesia católica es un Estado extranjero? ¿Sus opiniones son injerencias? El Niño de Atocha es de Atocha, Madrid. ¿Anularán una elección por arrodillarse en Plateros, Zacatecas?