La pregunta es sencilla: ¿Maru Campos cometió una falta, un ilícito, al permitir la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, en un operativo para destruir un narcolaboratorio? La respuesta política es Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, defiende a los chihuahuenses de la delincuencia. No culpa a la ejército mexicano, como la gobernadora suplente de Sinaloa, deslinda responsabilidades al aceptar la renuncia de su fiscal, atiende las citas con el Secretario de Seguridad y los requerimientos de los órganos de procuración de justicia y, por si fuera poco, responde preguntas a los medios de comunicación. ¿Dónde está Rocha Moya?
La respuesta jurídica es más compleja y más contundente: la satanizada (por Morena) “cooperación con los gobiernos extranjeros en materia de seguridad que contribuyan a preservar la seguridad nacional”, es absolutamente legal. La contempla el título séptimo de la ley mexicana de seguridad nacional.
¿No le gusta a Morena esa cooperación con Estados Unidos? Tienen de dos sopas: reformar la ley de seguridad, para usar resorteras del bienestar y atacar a grupos criminales que llegan a España y recientemente a Nigeria, o “suspender la ejecución de los convenios de cooperación bilateral” como dice la propia Ley de Seguridad Nacional. Lo que pasa es que el gobierno de México grita ¡soberanía! en las mañaneras, pero en la noche entrega lo que quiere Estados Unidos: contratos, soldados en la frontera, presos mexicanos, comodidades para firmar el tratado comercial, etcétera.
¿Los agentes extranjeros estaban armados? ¿Usaron la fuerza? ¿Suplantaron a una autoridad mexicana? ¡No! La presencia, vigilancia, observación, recopilación, notificación, verificación e intercambio de información es cosa de todos los días en la relación diplomática bilateral, autorizada por la Ley de Seguridad Nacional. ¿Actuaron no autorizados en Chihuahua? La autorización es facultad de la Secretaría de Relaciones Internacionales. ¿Burlaron ese permiso mexicano? Entonces, fatal defensa de la soberanía del gobierno de Morena, cuya “contrainteligencia” vale un cacahuate.
El gobierno de Chihuahua cumple con la Convención de Palermo que obliga al país y a todas sus autoridades (es Ley Suprema mexicana) a combatir la delincuencia organizada. Nadie profana el suelo mexicano cuando se persigue a un asesino.
Rocha Moya, Inzunza y la gobernadora suplente que culpa a los altos mandos militares, son simples secuaces; ladrones que por estar detrás de un juez del acordeón, se sienten intocables. Son analfabetismo jurídico, mediocridad profesional, escoria política. Y pensar que hablaban de “honestidad valiente”. Amor con impunidad se paga.
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