El pasado 22 de diciembre, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Vania Pérez Morales, presentó en lo personal -es público que los otros dos integrantes de este comité no acompañan sus acciones-, una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC), órgano técnico de la Comisión de la Cámara de Diputados responsable de vigilar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La UEC tiene facultades para investigar y sustanciar procedimientos de responsabilidad en que incurran los servidores públicos de la ASF.
La denuncia obedece a los incumplimientos del titular de la ASF respecto de las obligaciones legales de la institución en el SNA y el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), que datan de varios años. Se trata de la primera acción emprendida por parte de un integrante del CPC hacia el titular de una institución del SNA. Celebro que, finalmente, alguien haya salido de su zona de confort —de quedar bien con el Auditor Superior—, para responder a las múltiples voces de la sociedad civil involucradas en el combate a la corrupción e impunidad, que hemos denunciado el deterioro gradual en los resultados de la ASF.
En lo personal, tuve tres experiencias relacionadas con el CPC que me han confirmado su falta de involucramiento, su desconexión con la ciudadanía a la que representan y su desconocimiento de lo que acontece en la gestión de las instituciones que conforman el SNA.
Primera. Entre mayo de 2018 y noviembre de 2021, ocupé el cargo de Auditor Especial de Cumplimiento Financiero en la ASF, la institución más importante del SNA y del SNF en la detección de irregularidades en el manejo de recursos públicos federales. La ASF comparte junto con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno la presidencia del inoperante SNF. En esos tres años y medio, el CPC nunca solicitó reunirse con los cuatro Auditores Especiales responsables de las distintas áreas de la ASF. Desconozco si el titular de la ASF se reunió de forma privada con ellos —no me lo comentó—, pero no hay forma de conocer a fondo la gestión de la institución sin escuchar y cuestionar a los responsables de cada área auditora.
Segunda. En noviembre de 2021, pocos días antes de presentar mi renuncia a la ASF y de enviar un oficio a la recién conformada Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura, solicitando que la UEC opinara sobre los cambios efectuados por el titular de la ASF al reglamento interior de la institución, busqué el apoyo del CPC. En una reunión vía remota les expliqué con detalle estas modificaciones que desaparecieron contrapesos internos como lo eran la Unidad de Auditoría Interna y Evaluación de la Gestión y el Consejo de Dirección. Asimismo, les advertí sobre los inconvenientes que estas modificaciones tendrían en el impacto de la fiscalización superior al concentrar en la Auditoría Especial de Seguimiento todas las atribuciones de aclarar, investigar y denunciar al haber eliminado las atribuciones que tenían las áreas auditoras para elaborar dictámenes técnicos para la presentación de denuncias penales. Únicamente Francisco Álvarez y Vania Pérez mostraron interés en emitir un pronunciamiento que solicitara a la Comisión de Vigilancia instruir a la UEC para que opinara sobre dichas modificaciones. Sin embargo, la decisión colegiada del CPC fue no hacerlo.
Tercera. En abril de 2024, el titular de la ASF cesó al Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, también un segundo nivel. Su salida derivó en una carta pública que constituyó una denuncia grave al señalar que la ASF había abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia. Señaló que si una evaluación incomodaba, desaparecía. Mencionó que en la integración del programa anual de auditorías no se permitía incorporar los temas de relevancia nacional y reconoció una intromisión no técnica en los enfoques, alcances y los resultados de las auditorías, entre otros asuntos.
A través de la “Red Nacional de Participación Ciudadana Anticorrupción”, que se coordina con el CPC, sugerí que se reunieran con Caso Raphael, para conocer de viva voz lo que ocurría y emitir un pronunciamiento. Uno de los integrantes confirmó que así lo harían. Vania Pérez Morales preparó un posicionamiento, mismo que no fue aprobado por la mayoría. La decisión colegiada fue reunirse con el titular de la ASF “sobreponiendo la posibilidad del diálogo antes de la emisión de un posicionamiento”. A esa reunión, en agosto de 2024, solo acudieron la entonces presidenta del CPC y otro integrante. No hubo reunión con Caso Raphael ni pronunciamiento. Nada cambió, los incumplimientos de la ASF continuaron. Destaco que posteriormente Vania Pérez, en lo personal, se reunió con Caso Raphael.
Ocho años después de su creación, el CPC ha demostrado que prefiere “quedar bien” con los integrantes del SNA al escrutinio incómodo. La reciente denuncia de Vania Pérez Morales es valiosa, pero llega tarde y en solitario. Si el CPC hubiera ejercido desde el principio una vigilancia crítica, quizá hoy no estaríamos ante una ASF debilitada ni ante un SNA inoperante. La ciudadanía merece un CPC que incomode, no uno “políticamente correcto”.
Experto en fiscalización. X: @gldubernard