En unas semanas se abrirá la convocatoria para elegir al nuevo Auditor Superior de la Federación. Las preguntas ineludibles son: qué perfil debe tener y a qué debe comprometerse para ordenar el caos al que ha llevado a la institución su actual titular.
La ASF atraviesa una crisis de rumbo. Su titular ha modificado el reglamento interior para concentrar decisiones en su persona, generando opacidad, ineficiencia y abandono de responsabilidades esenciales.
Quien sea titular de la ASF, debe contar con una vasta experiencia en fiscalización de recursos públicos. Deberá promover que el mandato constitucional se realice con integridad, transparencia, objetividad, imparcialidad, oportunidad, legalidad y eficiencia, sin sesgos ni preferencias políticas. La institución no debe servir como instrumento de intereses personales, ataque a adversarios políticos o protección a corruptos, sino como garante de la aplicación de la ley, activando ꟷcuando procedaꟷ todos los mecanismos para sancionar a quienes hacen un uso indebido de recursos públicos.
En este contexto, como sociedad, debemos exigir que quienes participen en este proceso, previo a su inicio, asuman públicamente y por escrito el compromiso de que, quien resulte electo o electa, convoque a foros con expertos en fiscalización superior para definir un nuevo marco de actuación para la ASF, que contemple la revisión de diversos aspectos que la han debilitado. Mi experiencia en la institución me permite sugerir modificaciones en algunos asuntos relevantes.
La ASF debe asumir el liderazgo para reactivar el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. Este último sistema abarca al conjunto de instituciones responsables de prevenir y detectar hechos de corrupción a través del control y fiscalización de recursos públicos.
La reelección del Auditor Superior debe eliminarse, ya que representa un incentivo perverso que limita su independencia. Deben restituirse el Consejo de Dirección y la Unidad de Auditoría Interna y Evaluación de la Gestión como contrapesos internos efectivos.
Las modificaciones al Reglamento Interior deben contar con la aprobación del Consejo de Dirección y la Comisión de Vigilancia de la ASF, previa opinión de la Unidad de Evaluación y Control, para garantizar que fortalezcan los objetivos institucionales.
A la conclusión de la etapa de seguimiento se deben hacer públicos los dictámenes que se emiten sobre si un asunto se aclaró o no, dando continuidad a los que fueron observados en los informes de resultados, fortaleciendo la transparencia y facilitando el escrutinio público, lo que constituye un verdadero contrapeso ciudadano.
Además, se deben regresar las atribuciones para elaborar los dictámenes técnicos para denuncias de hechos a las áreas auditoras sin esperar el cierre de la etapa de seguimiento cuando se cuente con elementos suficientes para ello, y establecer un plazo máximo de dos años ꟷdesde la presentación del informe de resultados a la Cámaraꟷ para presentar denuncias penales o expedientes de responsabilidades, evitando dilaciones en procesos sancionatorios.
La acción “Solicitud de Aclaración” debe eliminarse ya que retrasa innecesariamente la etapa de aclaración y se ha convertido en la acción “amigable” utilizada para no emitir un pliego de observaciones.
Estas reformas son urgentes para revertir la concentración de poder, recuperar la eficiencia, mejorar la transparencia y cumplir satisfactoriamente el mandato constitucional de la ASF. El nuevo titular debe llegar con estos compromisos, demostrando su voluntad de restaurar la institución como pilar del combate a la corrupción.
Experto en fiscalización. X: @gldubernard