La semana pasada la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicó una investigación en su cuenta de X, donde señala que Alejandro Moreno Cárdenas dejó la gubernatura de Campeche con 3,387 millones de pesos por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La investigación detalla dos asuntos que se dan a conocer en el informe de auditoría a las participaciones federales del gobierno del estado de Campeche de la cuenta pública 2018. El primero corresponde a un “pliego de observaciones” por 457.9 millones de pesos por “la falta de documentación comprobatoria y justificativa”. El segundo corresponde a una “solicitud de aclaración” por 2,443.8 millones de pesos por “la falta de información contractual de proveedores y contratistas”. Según la investigación, en 2024 se justificaron 2,772.0 millones de pesos. En otras partes se menciona que fueron “perdonados”.
Asimismo, la investigación señala que quien fue responsable de revisar y dar por aclarados estos asuntos en la ASF fue Ricardo Gabriel López Ruiz, quien fuera director general, ligado al expresidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, Pablo Angulo Briseño, cercano a Alejandro Moreno.
Esta narración genera una enorme desconfianza sobre la veracidad de estas “justificaciones”. La investigación cierra con una pregunta muy válida: ¿Realmente se aclaró o simplemente se borró? El contexto descrito puede llevar a concluir que dichos asuntos se “limpiaron”.
Ahora bien, sin que yo tenga más elementos para opinar sobre si las justificaciones fueron debidas o no, es precisamente por casos tan dudosos y escandalosos como este —que no es el único— que surge la exigencia de que los dictámenes técnicos que emite la Auditoría Especial de Seguimiento al final de la etapa de aclaraciones deban hacerse públicos.
No hay una razón lógica para que los ciudadanos desconozcamos la forma en que un ente fiscalizado concluye la comprobación del uso de recursos públicos ante la ASF. Mientras una parte quedó plasmada en un informe de resultados —que es público, pero sus observaciones no son definitivas—, el cierre del proceso de aclaración se contempla en un dictamen técnico que se emite al finalizar la etapa de seguimiento. En este documento se determina si se aclaró o no un asunto observado, pero no es público. Esto implica que los ciudadanos recibimos información parcial, dando lugar, en casos como este, a suspicacias y conjeturas.
En resumen, el dictamen técnico es un complemento del informe de resultados, por lo que, para proporcionar información completa a los ciudadanos sobre el resultado de la fiscalización de los recursos públicos ejercidos durante una determinada cuenta pública, deben hacerse públicos. Esta obligación debería contemplarse expresamente en la Ley de Fiscalización.
La transparencia hacia el ciudadano —para que conozca con qué elementos se justificó una probable irregularidad señalada en un informe de resultados — corresponde a una debida rendición de cuentas y no debe ser un acto de fe en una institución que, por cierto, ha visto seriamente dañada su credibilidad en los últimos años.
En tanto los dictámenes técnicos que cierran la etapa de aclaración no se hagan públicos prevalecerá la opacidad, se podrán manipular los resultados, se impedirá el escrutinio público y, por ende, continuará la desconfianza de la ciudadanía en la institución, quedando siempre la duda respecto a una debida aclaración o bien, si el órgano fiscalizador simplemente “limpió” un asunto. La transparencia en la fiscalización superior no es negociable.