México no puede seguir normalizando la devastación. Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la de Claudia Sheinbaum, el país arrastra un patrón de ecocidios sin precedente: proyectos de infraestructura y políticas públicas que han causado graves daños ambientales. La construcción del mal llamado Tren Maya devastó más de 7,000 hectáreas de selva, y hasta se levantó un hotel dentro de una Reserva de la Biósfera. La Refinería Dos Bocas ha derramado hidrocarburos que contaminaron el río Seco; implicó la destrucción de 220 hectáreas de selva y manglar, y en marzo de este año una explosión en sus instalaciones cobró la vida de cinco personas. Ni qué decir del más reciente derrame en el Golfo de México que ha impactado más de mil kilómetros de litoral y nuevamente, ¡otra explosión en Dos Bocas! A esto le agregamos fiascos como Sembrando Vida, y otros muchos sucesos que hacen la lista interminable.
La 4T ha dado la espalda a los efectos socioambientales de sus megaproyectos –que, además, no han entregado el crecimiento y desarrollo prometidos– y ha mostrado una indiferencia sistemática hacia el cuidado del medio ambiente: año con año se reduce el presupuesto, se debilitan las instituciones relacionadas y se les ata de manos.
Una de las mayores amenazas –parte de este mismo patrón ecocida– está pasando en Quintana Roo. Se trata de la construcción de un supuesto libramiento Tulum – Quintana Roo que pretende atravesar terrenos asentados sobre el sistema Sac Actun, nada más y nada menos que uno de los complejos de ríos subterráneos más grandes del planeta, responsable de recargar y distribuir el agua en la península de Yucatán. Este sistema forma parte del Gran Acuífero Maya.
Levantar infraestructura sobre suelo kárstico es una irresponsabilidad mayor, como se ha demostrado. Este supuesto libramiento –“supuesto” porque ni siquiera rodea Tulum– puede provocar colapsos, contaminar el acuífero y causar daños irreversibles a uno de los sistemas hidrológicos más relevantes del mundo. Conviene recordar que 100% del agua potable de la península proviene de estos acuíferos. Prácticamente no existen ríos superficiales que puedan suplirlos.
La gravedad aumenta porque ya existía un proyecto para decretar una nueva Área Natural Protegida en esta zona –propuesta impulsada desde Sélvame MX–, con el objetivo de blindar tres millones de hectáreas de cenotes y ríos subterráneos. La consulta pública está prevista para junio próximo.
Este decreto, como señaló Maricarmen García, directora de Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a medios de comunicación, busca proteger este sistema cavernario que abastece de agua a la península y mantener el equilibrio ambiental.
Más aún; en septiembre de 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se había desistido de la autorización del proyecto. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) advertía la remoción de 149.64 hectáreas por cambio de uso de suelo, el desmonte de 39.6 hectáreas y la pérdida definitiva de más de 127,000 árboles, de acuerdo con versiones periodísticas. Especialistas alertaron entonces sobre el riesgo de que aceites e hidrocarburos alcanzarían el acuífero. Por ello, la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Pero fuimos engañados. Hace unos días recorrimos la zona y constatamos que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) retomaron la construcción con maquinaria pesada. Acudimos de inmediato a la PROFEPA para denunciarlo. Lo que escuchamos nos dejó sin palabras: “Ya no podemos hacer nada”. ¿La razón? Esta obra fue autorizada por María Luisa Albores, anterior Secretaria quien de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por el propio Andrés Manuel López Obrador. Una falsa promesa al ejido Jacinto Pat parece pesar más que la ley.
México seguirá pagando el costo de decisiones arbitrarias y nefastas que configuran uno de los episodios más oscuros de su política ambiental. Por eso alzamos la voz. Este proyecto puede convertirse en un ecocidio aún mayor que el del mal llamado Tren Maya. Desde Sélvame MX exigimos algo elemental que sucedería en cualquier país respetuoso de sus instituciones: que se cumpla la ley, que se respete el marco ambiental y que se devuelva poder a las instancias encargadas de protegerlo.
No estamos dimensionado el daño. Está en juego el agua potable de toda una región. Las señales ya están ahí; a la vista de todos: hundimientos de estructuras del mal llamado Tren Maya a la altura de Akumal, evidencian la fragilidad del suelo kárstico. Los pilares que sostienen los puentes se deterioran, el óxido contamina y el sistema colapsa.
Este no es un debate técnico; es un grito desesperado. La remoción de flora en esta zona destruye el sistema que regula la humedad y filtra el agua en un suelo extremadamente poroso. Sin vegetación cualquier contaminante llega directo al acuífero. Lo que se compromete es el líquido vital.
Y, sin embargo, hay quien lo disfraza de progreso. Una desarrolladora inmobiliaria presume que el libramiento incrementará la plusvalía y “acompañará un desarrollo responsable y sostenible”. ¿Sostenible? No. Este será el desarrollo responsable de dejar sin agua potable a toda una región.
En México estamos ante una disyuntiva histórica: o frenamos este patrón ecocida, o sacrificamos el futuro por proyectos mal concebidos. ¡Ya no toquen la selva!, no hay término medio. Y el tiempo se nos agota.
Fundadora de Selvame MX