Hace cuatro años asumió la presidencia de Estados Unidos un hombre cuya visión sobre la migración se centraba en un “muro enorme y hermoso” entre nuestros países. Comenzó un periodo de desdicha y arbitrariedad para alrededor de los 11 millones de personas que se encuentran en una situación migratoria irregular en la nación norteamericana. Pero ahora el panorama puede mejorar. En un rechazo a las acciones de su predecesor, el presidente Biden ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que incluyen la suspensión de la construcción del propio muro fronterizo y el fortalecimiento del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Más allá de las órdenes ejecutivas, Biden también introdujo una iniciativa de ley al Congreso, el Acta de Ciudadanía Estadounidense 2021, que permitirá regularizar la situación de los 11 millones de migrantes ya mencionados, una necesidad apremiante que ha exigido de soluciones duraderas, pero que nunca se han concretado hasta ahora. Hay voluntad política de hacer algo por todas esas personas que por años han sobrellevado una perpetua incertidumbre en sus vidas, a menudo acompañada de graves abusos.
Recordemos que, en 2008, el expresidente Obama incluyó a la reforma migratoria significativa en sus discursos como candidato durante la campaña presidencial. Al ser elegido en ese año, llegó al poder con mayorías demócratas en el Congreso. Pero la reforma nunca llegó, y, de hecho, la administración de Obama fue duramente criticada por el camino subsecuente que tomó en la agenda migratoria: más de 5 millones de personas fueron deportadas a lo largo de su presidencia, según el Migration Policy Institute. Como referencia, Trump hizo campaña con la promesa de deportar de 2 a 3 millones de personas.
Si bien no olvidaremos que los insultos contra México marcaron el inicio de la campaña presidencial de Trump y que separó a niñas y niños migrantes de sus familias, no hay que dejar de lado que su antecesor demócrata también detuvo a madres con sus hijas e hijos por cruzar la frontera sin autorización. Durante la administración en la que Biden fue vicepresidente por ocho años se pudo llegar más lejos. La legislación quedó pendiente mientras continuó la deportación.
En ese entonces, el gobierno mexicano tampoco tomó acciones decididas para aprovechar la coyuntura política estadounidense que se presentó en 2008, a pesar de que la agenda migratoria es una responsabilidad compartida entre ambos países. Si ahora hay disposición del gobierno de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria, México podría proporcionar los documentos necesarios a las personas que no cuenten con ellos, como su acta de nacimiento o su matrícula consular, para que puedan acreditar su identidad. También se les puede brindar apoyo fortaleciendo los mecanismos de asesoría jurídica, así como la promoción de la doble nacionalidad.
Por otro lado, es necesario señalar que más latinos, y entre ellos, mexicoamericanos, han llegado a posiciones de poder. Como ejemplo: apenas esta semana, el mexicoamericano Alex Padilla se convirtió en el primer latino en representar al estado de California en el Senado, después de que Kamala Harris dejara su escaño para asumir la vicepresidencia. Desde la cultura común, es posible construir acuerdos para asumir nuestras responsabilidades compartidas y trabajar por la prosperidad y el bienestar para ambas naciones. Esto puede ayudar a ir más allá de las órdenes ejecutivas —que bien pueden ser revertidas al inicio de cada nueva administración— e impulsar soluciones legislativas que trasciendan a los periodos presidenciales.
Diputada federal