Algunas personas afirman —con mucha razón— que los políticos legislan sobre el pasado porque sólo reaccionan a lo que leen en los periódicos sobre lo acontecido el día anterior.

El mundo se transforma. Hemos sido testigos de una pandemia, aumentaron los conflictos armados y los golpes de Estado, la incertidumbre económica global continúa, crece la desigualdad y el cambio climático nos amenaza.

Sin embargo, uno de los retos más apremiantes es probablemente aquel que menos llama la atención de nuestros políticos. La tecnología avanza de forma mucho más acelerada que las legislaciones y las políticas públicas: ahí está la agenda digital, el uso de la información que recogen los dispositivos electrónicos, las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial, las amenazas cibernéticas y la clonación de animales que ya alcanzó a los monos y a embriones humanos.

Mientras la ciencia y tecnología avanzan, ¿quién estudia, analiza y decide sobre el futuro?

El debate sobre la regulación de las nuevas tecnologías no es menor. Algunas voces manifiestan preocupación porque la legislación limitaría la innovación, mientras otras cuestionan los límites éticos que debería tener. La realidad es que ni toda regulación criminaliza, ni existe una potente innovación sin voluntad gubernamental.

Existen buenas prácticas en el mundo. En la esfera parlamentaria se han creado comisiones para el futuro en Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estonia, Finlandia, Islandia, Lituania, Paraguay, Filipinas, Polonia, Tailandia, Uruguay y Vietnam.

Algunos casos resultan de particular interés. En Finlandia la visión de futuro coincide con una exitosa política educativa; la Comisión para el Futuro en su parlamento, además de ser una unidad preparatoria permanente también funciona como centro de pensamiento. En Uruguay se diseñó la comisión de forma bicameral lo que facilita la generación e implementación de sus acuerdos. Y, en Chile —el caso más exitoso en América Latina— coinciden la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación de su poder legislativo con Fundación Chile —organización público-privada creada hace 45 años para innovar en soluciones de alto impacto que impulsen el desarrollo sostenible del país— y el Congreso de Futuro.

En la esfera gubernamental destaca Singapur. Por una parte este país cuenta con el Comité de la Economía del Futuro —integrado por ministros— para desarrollar estrategias que posicionen al país para ser una economía vibrante y resiliente. Además, la agencia ASTAR es pionera en investigación, desarrollo de nuevas tecnologías y generación de sinergias educativas.

México está por iniciar una intensa etapa de campañas. Mientras muchos discuten sobre una posible política industrial, la acelerada transformación tecnológica global demanda cambios radicales en la forma en que diseñamos y desarrollamos nuestra economía: es urgente generar condiciones de seguridad y certeza jurídica, implementar políticas educativas que brinden las herramientas necesarias, analizar nuestras ventajas comparativas en las distintas industrias, potenciar nuestra situación geográfica a través de obras que mejoren nuestra capacidad logística —como el corredor transístmico— y energética, implementar políticas ambientales, disminuir los costos de trámites, conectividad y transporte, diversificar nuestras alianzas comerciales, generar mayor valor en los productos, y definir las estrategias legales, fiscales y presupuestales que incentiven la innovación y el emprendedurismo.

Nuestro país tiene un potencial privilegiado en su gente y recursos naturales; sólo con una inteligente estrategia hacia el futuro podremos ocupar el liderazgo y generar el bienestar que merecen las familias mexicanas.

Presidenta honoraria de la UIP

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