El panorama que describe el Reporte Global sobre Crisis Alimentarias del 2021 , publicado la semana anterior, es desolador. El alcance del hambre y la malnutrición en el mundo es tal que millones de personas tienen que sobrellevar condiciones adversas derivadas de carencias alimentarias. Según sus cifras, al menos 155 millones de personas están expuestas a una inseguridad alimentaria aguda por crisis alimentarias en 55 países y territorios del mundo; 11,8 millones de ellas se encuentran en América Latina. En el mejor de los casos, los hogares de estas personas apenas pueden alimentarse -con un sacrificio económico desmedido- o padecen de desnutrición aguda, pero otros se encuentran en situaciones graves donde sus vidas están en riesgo. Más aún, hay niños cuyo desarrollo pleno puede ponerse seriamente en riesgo por una alimentación insuficiente: 15.8 millones padecen de consunción, y 75.2 millones tienen retrasos en su crecimiento.
El reporte explica que hay tres razones principales que provocan esas crisis alimentarias. En algunos países, la causa más directa es el conflicto; donde no ha podido prevalecer la paz, personas inocentes terminan por perder la posibilidad de alimentar a sus familias. Pero también hay otros factores relevantes, y aquí encontramos un problema exacerbado por la pandemia: la vulnerabilidad económica, algo que no necesariamente quedará resuelto solo con las vacunas. El desempleo, la informalidad, y en general pérdida de fuentes de ingresos orilla a familias a sufrir más hambre por no poder comprar lo que necesitan para comer. Por último, aquí hay otro recordatorio de que el cambio climático no es una amenaza abstracta con la que tendrán que vivir futuras generaciones: los fenómenos meteorológicos extremos. El aumento de la frecuencia de inundaciones, huracanes, sequías, o tormentas tropicales conduce a la destrucción de hogares, daños a la infraestructura, y pérdidas en agricultura y ganadería que terminan por profundizar la inseguridad alimentaria de las personas afectadas.
Se necesita una resolución de manera inmediata. Todas las personas que están en un contexto de crisis alimentaria corren el riesgo de perder su sustento y, incluso en algunos casos, de perder la vida por hambre si no se toman acciones pronto. Sin duda, es evidente la responsabilidad que recae en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios que el Secretario General de las Naciones Unidas ha convocado para este año. En el proceso ya se están formulando propuestas de soluciones en ese sentido a través de las diferentes áreas de acción. Un ejemplo es la ampliación de programas de protección social, especialmente a través de las transferencias en efectivo a poblaciones que enfrenten condiciones de vulnerabilidad y que han demostrado ser efectivas para reducir la pobreza y aumentar el uso de servicios de salud. Otra propuesta se refiere la implementación de programas de alimentación en las escuelas, los cuales inciden de manera positiva en el bienestar de niños, niñas, y jóvenes. Por otro lado, otra posible solución se centra en promover empresas dirigidas por mujeres dedicadas a la venta de cultivos sostenibles.
Las propuestas que continúen surgiendo del proceso antes, durante, y después de la Cumbre podrán ayudar a resolver la inseguridad alimentaria de los millones de personas que aún hoy son afectadas por ellas. Pero también debemos velar por su implementación y para que las propuestas no se queden en las palabras. Es precisamente por esta razón que la comunidad parlamentaria debe estar involucrada: podemos hacer una diferencia al incorporar las mejores prácticas en la legislación, asegurar que los recursos se destinen de manera eficiente, y supervisar la acción gubernamental para que los compromisos adquiridos sí se cumplan.
