La soberanía que reclama la presidenta es obsoleta. México requiere dar vuelta de página a esa noción vetusta y reaccionaria. La doctrina Estrada de 1930 es un oportunismo pasivo. Si acaso sirvió para que el Estado autoritario posrevolucionario navegara en las agitadas aguas internacionales del tercio intermedio del siglo pasado, dejó de tener valor hace mucho tiempo. Pretender que no se juzga a ningún régimen por su legitimidad interna, pero preferir en la práctica las dictaduras de izquierda (o de derecha, en su caso) es una variante mexicana de la razón cínica. Defender dictaduras con fundamento en la “autodeterminación” ya va más allá del cinismo y se sitúa en la complicidad criminal.
Dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que “todos los pueblos tienen del derecho de libre autodeterminación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política…” El pequeño detalle está en la palabra “libre”, que es donde el diablo mete la cola. China, Cuba y Corea del Norte firmaron el tratado, pero no se sujetan a él (Corea del Norte se retiró); los no firmantes suelen invocar soberanía, religión o seguridad interna para evadirlos, México lo ratificó, pero al igual que otros acuerdos internacionales de derechos humanos, es prácticamente letra muerta. La formulación en 1966 y la entrada en vigor del pacto una década después fueron un avance para la humanidad. Sin embargo, su actualidad y pertinencia están atrapadas en una tensión global: o se dan los pasos para avanzar en el reconocimiento de que el Estado nación ya no puede ser la única autoridad de la soberanía popular o se retrocede a los atavismos nacionalistas para controlar a sociedades que han rebasado a las élites nacionales.
Los derechos humanos son el cuerpo jurídico que mejor representa el salto político de este desborde. Esos derechos son la culminación de siglos de lucha por situar a las personas por encima del poder de cualquier tipo. Me refiero a todos los derechos humanos: civiles y políticos; económicos, sociales y culturales, y colectivos. Son el giro radical que da el paso conceptual definitivo y global para regular la autoridad de las élites que administran los gobiernos de los estados y que solamente pueden derivar su legitimidad de elecciones libres. En los derechos humanos reside la mejor versión de una vieja ambición: la soberanía popular. Sólo que esta vez despojada de los ropajes de la muchedumbre y dotada de la dignidad de las personas libres para autogobernarse.
A los gobiernos reaccionarios de izquierda y derecha les estorban los derechos humanos y hacen todo lo posible por deshacerse de ellos. El más grande atropello que han sufrido en México es el retroceso constitucional de 2024 impulsado por Morena para minimizar los medios jurídicos de defensa frente al poder del Estado. Este atropello es un golpe al derecho de autogobierno de los iguales para imponer la soberanía de un solo grupo o, en palabras de Carl Schmitt, el “estado de excepción”. No es casual que en el cúmulo de reformas ilegítimas a la Constitución fueran juntas una de “supremacía constitucional” y otra de refuerzo de la “soberanía nacional”. La primera estipula que contra las reformas constitucionales no hay medio de defensa alguno, así sean la reinstauración de la esclavitud o la servidumbre. Y esto desde que Morena usurpó la mayoría calificada en el Congreso. Y la segunda, que refuerza la “soberanía” añadiendo un párrafo contra las “agresiones externas.” Complementado el párrafo por el discurso oficial, México se trueca de una sociedad pasajeramente abierta al mundo, a otra centrada en el ombligo de Morena.
Subyugar a la soberanía con camisas de fuerza nacionalistas y retrógradas da por resultado el retroceso operado por Morena, que reduce la vigencia de los derechos humanos a la autorización de sus legisladores y jueces impuestos por encima de la Constitución. La soberanía ha sido usurpada por un grupo político que la convierte en fantasía metafísica para beneficio propio y perjuicio de la ciudadanía.