El pasado 17 de mayo, el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, tomó juramento al frente de una coalición de unidad con su anterior opositor electoral Benny Gantz, después de más de 500 días de gobernar sin mayoría, bajo promesa de anexar de manera expedita el valle del Jordán y los asentamientos judíos en Cisjordania. Esta acción pondría en práctica el plan “Paz para la Prosperidad: una visión para mejorar las vidas de los palestinos e israelíes”, mismo que fue presentado el 28 de enero pasado por el presidente Trump y el premier israelí en la Casa Blanca, sin haber consultado a los palestinos durante su elaboración. Pese a que Netanyahu enfrenta actualmente tres casos judiciales de soborno, fraude y corrupción, logró una asombrosa victoria política gracias a que su rival Gantz favoreció la formación de un gobierno de unidad para enfrentar la pandemia por COVID-19.
En respuesta, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina (AP), anunció el martes 19 de mayo el cese de los acuerdos firmados con Israel y Estados Unidos –incluyendo los Acuerdos de Oslo de 1993 y 1995– debido a que la intención anexionista representa una violación del derecho internacional, por lo cual han aumentado las tensiones en Cisjordania y la Franja de Gaza en el marco de la pandemia que ha afectado en mayor medida a Israel. La decisión de las autoridades palestinas comprende poner fin a la cooperación en materia de seguridad e inteligencia, incluyendo las medidas para implementar la cuarentena obligatoria en la zona de responsabilidad compartida (áreas B) de Cisjordania. Pese a que anteriormente la AP ha amenazado en distintas ocasiones con detener la cooperación bilateral, se ha retractado debido a su dependencia de Israel en cuanto a las remesas –alrededor de 150 mil palestinos trabajan de manera legal en Israel–, ingresos tributarios, suministro de agua, electricidad y alimentos, por mencionar algunos. Es importante destacar el descontento del pueblo palestino con la AP reflejado en un 62% de la población que en 2019 percibió un aumento en la corrupción respecto al año anterior, y ésta es la segunda mayor preocupación de los palestinos, después del estancamiento económico.
La ONU y algunos Estados han condenado la intención anexionista de Israel, aunque no existe consenso a nivel internacional para retomar las negociaciones de paz. El 8 de mayo, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que la anexión israelí de Cisjordania representaría el fin de la solución de dos Estados y de las negociaciones entre Israel y Palestina. Algunos días después, diplomáticos de Francia, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda condenaron las intenciones de anexión de Netanyahu y advirtieron sobre medidas económicas negativas en caso de que se concrete la anexión de Cisjordania. Por otro lado, el rey jordano Abdullah II afirmó que la anexión de territorio palestino podría conducir a un conflicto a gran escala entre Jordania e Israel y recordó que la solución de dos Estados es la única opción para avanzar en las negociaciones. Pese a estas declaraciones, el apoyo del presidente Trump y la formación de un gobierno de mayoría son elementos suficientes para que Netanyahu avance con sus planes de anexión.
Ante el agravamiento del conflicto es vital que las sociedades civiles palestina e israelí reclamen su papel clave para transformar los sistemas político y económico, impulsando de manera simultánea el entendimiento mutuo y el retorno a las negociaciones de paz. Actualmente existen docenas de organizaciones sociales palestinas, israelíes y algunas iniciativas binacionales que promueven, de manera independiente, la justicia social, la educación de los niños refugiados, el empoderamiento de las mujeres, la sensibilización social, el diálogo interreligioso, los derechos humanos, entre otras causas. Sin embargo, se requiere que estas organizaciones construyan redes nacionales que incluyan a los movimientos populares y otorguen voz a las minorías y grupos vulnerables, para incidir en las políticas que afectan diariamente la vida de millones de palestinos e israelíes. Por ejemplo, una red de solidaridad nacional israelí puede presionar al Knesset (parlamento israelí) para detener la política de asentamientos en Cisjordania, convocar a mesas de diálogo nacional sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos y cuestionar la militarización de la vida pública en Israel. Por otro lado, las redes de solidaridad palestinas podrían exigir, entre otros asuntos, la formación de una institución pública autónoma de transparencia que investigue y sancione los casos de corrupción de las autoridades y empresas con proyectos públicos. Sobre esta base organizacional se podría establecer una red binacional de solidaridad que promueva la comprensión mutua mediante campañas de sensibilización, documentales, talleres interculturales para niños, cursos y actividades sociales dirigidas a palestinos e israelíes. Estas acciones contribuirían a un mayor acercamiento y entendimiento recíproco entre las sociedades palestina e israelí, las cuales se convertirían en actores clave de un nuevo proceso de paz.
Por último, la actual pandemia global por COVID-19 es un recordatorio de que los israelíes, los palestinos, y todos somos parte de una sola humanidad y de que únicamente al unirnos, en conciencia plena, con fuerza de voluntad, respeto a la diversidad y compasión, podremos superar esta crisis global. La comunidad internacional puede y debe sumar esfuerzos para contribuir a que los pueblos palestino e israelí construyan un presente y un porvenir de diálogo, comprensión, prosperidad compartida y paz sostenible.
