El pasado 20 de junio el país quedó consternado por la privación ilegal de la libertad y muerte de dos sacerdotes jesuitas que intentaban proteger la vida de un guía turístico en el pueblo de Cerocahui, en la sierra rarámuri.
Pedro Palma, dueño de una empresa de servicios turísticos, sufrió un intento de secuestro mientras comía en un hotel local, al intentar escapar, se refugió en la iglesia local.
Los religiosos Javier Campos y Joaquín Mora buscaron proteger a Pedro, por ello los delincuentes primero privaron de su vida a los 3 y después se llevaron sus cuerpos, para posteriormente regresarlos.
Este hecho delictivo fue reportado ampliamente por medios de comunicación nacionales e internacionales.
En un país donde diariamente se registran aproximadamente 90 homicidios dolosos, donde nos hemos acostumbrado a la violencia, las notas periodísticas de este caso nos recordaron la terrible crisis de inseguridad que vivimos.
En contraste, el gobierno federal sigue describiendo un México donde los delitos van a la baja y las condiciones de seguridad mejoran día a día.
Tan sólo esa misma mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez, destacó en su informe mensual una reducción de los delitos, particularmente del homicidio y del secuestro.
Poco importó que los datos oficiales confirmaron lo ya previsto: en poco más de 3 años y medio de este gobierno, se rebasaron el total de homicidios del sexenio de Calderón.
Tampoco le importó a Rodríguez explicar por qué mayo fue el mes más violento del año -y de los últimos 10 meses-; por qué, ante la supuesta disminución del 58.3% de las carpetas de investigación por secuestro, la tasa de víctimas de este delito permaneció invariada si se compara el periodo enero-mayo 2021 con el mismo de 2022 y por qué, si es cierto que bajaron los secuestros, la clasificación de “otras privaciones ilegales de la libertad personal” reportó en ese mismo periodo un aumento del 18%.
El país va por mal camino, la presunta estrategia de seguridad no está logrando resultados y la evidencia es que nos encontramos en máximos históricos de casi todos los delitos.
El secuestro y homicidio múltiple de Cerocahui llevó a la comunidad religiosa, a la academia, al sector productivo, a la sociedad civil en general -incluso al mismo Papa Francisco- a insistir en la urgencia de un cambio en la estrategia de seguridad.
En respuesta a dicha solicitud, a los cuestionamientos de medios de comunicación por las cifras oficiales, al hecho violento de Chihuahua y a los llamados nacionales e internacionales a emprender una ruta diferente, el presidente López primero respondió con una muy confusa explicación de por qué sus 121 mil víctimas de homicidio doloso en 42 meses, en realidad son menos que las 120 mil de Calderón en todo su sexenio, para luego negarse a replantear las acciones de este gobierno en contra de los delitos.
Más allá de la lamentable respuesta del mandatario, lo que debe preocupar es la violencia que sufrimos los ciudadanos y los indefensos que vivimos ante ella.
El caso de los sacerdotes jesuitas y del empresario chihuahuense llegó a la impactar en la opinión pública, mientras que la mayor parte de casos queda en el olvido.
Nada se puede obtener con excusas, con discursos, con “invitaciones a portarse bien”, “acusarlos con sus abuelitas” o con “abrazos, no balazos”. El Estado está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley.
Es hora que López y su gobierno atiendan el llamado nacional e internacional en implementar una verdadera estrategia de seguridad ya que nuestro Estado de Derecho se encuentra en grave riesgo y cada día los mexicanos sufrimos más los efectos adversos de un gobierno que permite la impunidad de los criminales que operan en el país.
@frarivasCoL
