Un informe que no rinde cuentas

Francisco Rivas

Pocas veces como este domingo queda claro que en el país nada ha cambiado. No importa cuántas veces se repita que el pueblo ya decidió, que estamos cambiando de ruta, que movemos a México o que hemos emprendido una cuarta transformación. La manera en la que se relacionan las autoridades en turno con el ciudadano sigue siendo la misma: auto celebrarse sin rendir cuentas.

En el Informe de Gobierno del presidente López, referente a los primeros nueve meses de su administración, el presidente utilizó los aproximadamente 90 minutos para elogiar sus decisiones y supuestos resultados, en contraste, el reconocimiento a los problemas que enfrenta su gobierno fue casi existente.

Si el gran reto para el país es la seguridad, de la hora y media destinada a este ejercicio, López utilizó menos de 10 minutos para hablar del tema, donde siete fueron para referirse a la supuesta estrategia y apenas unos tres para reconocer que es un tema pendiente.

No obstante, 2019 se perfile para ser el año con la mayor tasa de homicidio doloso, robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo de la historia del país. El presidente en esos tres minutos apenas logró decir que se encontraba insatisfecho por los resultados en las bajas de los delitos. Ningún reconocimiento al tamaño de la crisis, ninguna solidaridad con las víctimas del país.

Aún más, si bien declararse insatisfecho por los resultados en la disminución de los delitos podría parecer un ejercicio de autocrítica, en realidad es una manera de decir que algo está mejorando sin dar espacio a lo que realmente vivimos los ciudadanos. No sólo no hay algún resultado en el combate a los delitos, sino que todos están creciendo, incluso los que su gobierno recibió con un comportamiento a la baja.

El presidente sigue confundiendo acciones con estrategia y peor aún, acciones con resultados.

Destaca la creación de la Guardia Nacional, una institución que ya se encuentra en las calles sin los mecanismos de control, los protocolos de actuación y la capacitación para enfrentar el reto de seguridad. Olvida la destrucción institucional que su gobierno ha emprendido desmantelando a la Policía Federal y despidiendo a muchísimos excelentes servidores públicos.

López declara que se ha puesto en marcha un sistema de protección para periodistas y activistas de derechos humanos, mientras que olvida que en este año se ha roto récord en el número de homicidios en estas dos categorías.

El presidente insiste en que ahora sí hay coordinación y mando único, porque él es el único que manda y porque todos los días se reúne el gabinete de seguridad para revisar cifras.

El presidente no toma en consideración que, si el mando único está a su cargo, quiere decir que la responsabilidad única que los delitos sigan creciendo está en sus propias manos.

Además, olvida o desconoce que revisar los números de incidencia delictiva diariamente no significa tener claro el camino que deben recorrer las instituciones de seguridad y justicia; que las decisiones en materia de seguridad deben ser entendidas como políticas de largo respiro y no deben tomarse simplemente con el dato de ayer porque este no necesariamente representa la realidad de una comunidad, entidad o país, pero que al mismo tiempo, si se reúnen todos los días pero no se toman decisiones diferentes diariamente, se está desgastando al gabinete y desperdiciando tiempo.

El presidente sigue confundiendo las transferencias económicas a grupos vulnerables con programas de prevención del delito y de prevención de la violencia.

Indudablemente es loable que este gobierno busque mitigar la desigualdad económica y la marginación, pero es fundamental que esto no se confunda con política de prevención.

Es particularmente preocupante que el presidente tenga una visión maniquea acerca de inacción y represión. Si bien es tarea sustantiva del Estado respetar y hacer respetar la ley, este gobierno parece querer aplicarla de manera selectiva por lo que no hay certeza de cuándo sí el Estado habrá de reaccionar.

Reacción no significa represión, el uso legítimo de la fuerza no significa violación a los derechos humanos, más cuando esta se aplica con base en aquellos protocolos de actuación debidamente desarrollados, cuando sea un evento que lo justifica y cuando esta sea racional, progresiva y respetuosa de los derechos de todos.

Tratando de pensar como un servidor público del área de seguridad me preocuparía precisamente el no saber hacia dónde se dirige el Estado ¿cuándo se va a permitir que cualquiera viole la ley o cuándo se deberá perseguir el delito? Porque es misma confusión está plasmada en las contradicciones e inconsistencias del Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad.

De igual forma, es loable que el presidente toque el tema de los desaparecidos y prometa acceso a la justicia para las víctimas, sin embargo, es lamentable que olvide los recortes injustificados en materia de seguridad que corresponden al 10% de lo que se gastaba en 2018, que han significado inoperancia de programas como es el caso precisamente el de los recursos destinados a la búsqueda de personas, que en este 2019 son 50% menos que en 2018; o en secuestro que son 35% menos; en procuración de justicia 17% menos y en prevención del delito 27% menos, por citar sólo algunos casos.

En el Observatorio Nacional Ciudadano ya lo habíamos advertido en días previos al Informe, había que esperar un poco porque poco nos iban a dar.

El presidente López perdió la oportunidad de marcar un cambio en la forma en que el gobierno comunica, perdió la oportunidad de ser diferente, de explicarle a la población por qué no está obteniendo resultados y de qué manera sí piensa obtenerlos.

Su silencio les hace daño a las víctimas del país, les da un espaldarazo a aquellos delincuentes que, según se deduce, ya no serán perseguidos y muestra que este gobierno es exactamente el mismo en la sustancia que sus antecesores.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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