El pasado 11 de marzo el gobierno federal signó un acuerdo con las principales plataformas digitales para evitar la violencia virtual, particularmente aquella en contra de las mujeres.
La presidenta Sheinbaum acordó con Meta, Google y TikTok la difusión de campañas para sensibilizar qué es la violencia digital de género, publicar mensajes que expresen la relevancia de denunciar y cómo hacerlo, protocolos en casos de acoso, así como bajar todo contenido violento y/o íntimo -que no haya sido expresamente consentido.
¿Por qué resulta relevante hacer énfasis en la violencia y acoso digital contra las mujeres y qué diferencia hay entre la que sufren los hombres? Porque por lo general la violencia en contra de los hombres suele centrarse en las descalificaciones de sus ideas, de su filiación o representación, mientras que aquella en contra de las mujeres, además de lo anterior, se enfoca en el aspecto más íntimo de su persona.
Obviamente también hay casos donde los hombres son hostigados por su aspecto, son cosificados o se les agrede sexualmente. Sin embargo, proporcionalmente representan muy pocos casos comparados con los que tienen como blanco a la mujer.
Las mujeres son agredidas mucho más frecuentemente por su aspecto físico que por sus ideas o su desempeño profesional. Los comentarios contra las mujeres suelen ser sexualizados, incluyen críticas en su actuar como pareja o madre.
A muchas mujeres exitosas se les cuestiona si llegaron a tal posición o cargo debido a favores sexuales.
A diferencia de lo que ocurre cuando un hombre es violentado, en los casos de violencia digital en contra de las mujeres es habitual que se incluyan expresiones denigrantes en contra de sus hijos y su familia.
La mayor parte de las amenazas digitales en contra de los hombres se centran en afectar su carrera o privarlos de su vida, en el caso de las mujeres también son comunes aquellas de tipo sexual.
El Primer Acuerdo Voluntario con las Plataformas para Combatir las Violencias en el Ámbito Digital es una alianza sumamente relevante y necesaria debido al conjunto de actos violentos que día a día ocurren en redes sociales, particularmente en contra de las mujeres.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos identificado con claridad que (1) la violencia feminicida puede iniciar en el espacio virtual; (2) que se usa como mecanismo de extorsión (sextorsión) tanto en la administración pública como en el sector privado; (3) que facilita el reclutamiento forzado de niñas, adolescentes y adultas y (4) es un mecanismo de presión en contra de candidatas a elección popular.
En el estudio “Homicidio, una mirada a la violencia en México” que publicamos en el ONC, en el apartado sobre feminicidio, recopilamos casos donde la espiral de violencia letal, iniciaba precisamente mediante el acoso y las vejaciones en el espacio virtual. Su pronta detección puede llevar a prevenir fatalidades e identificar y sancionar a los perpetradores.
Cuando publicamos el estudio “Extorsión bajo el caleidoscopio: muchas modalidades y pocas políticas públicas”, uno de los principales hallazgos está relacionado con el creciente y difuso ejercicio de la sextorsión. La sextorsión es una práctica donde por lo general una persona de mayor rango laboral obliga -principalmente- a las mujeres a actos sexuales para evitar recortes de horas laborales, turnos difíciles o incluso permitirles su ejercicio de derechos ya contemplados en la Ley Federal del Trabajo.
Dicha práctica es sumamente frecuente y también deja rastros digitales que gracias al acuerdo recién firmado, podrán facilitar mecanismos de denuncia de los hechos y protección de las mujeres.
Tanto en el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Acercamiento a un problema complejo” como mediante el acompañamiento de casos en el área de Atención a Víctimas (DAV) del Observatorio Nacional Ciudadano, encontramos cómo videojuegos, aplicaciones y redes sociales sirven para captar a niñas y adolescentes que terminan siendo cooptadas por la delincuencia común y organizada.
Por ejemplo, el año pasado en la DAV se atendieron varios casos de jóvenes mujeres a quienes en redes sociales se les ofreció un trabajo formal y legal, que resultó falso y que produjo su privación ilegal de la libertad para luego ser víctimas de trata, reclutadas forzadamente o desaparecidas.
Incluir algoritmos que identifiquen este tipo de engaños y tales mecanismos de reclutamiento, es clave para activar respuestas institucionales efectivas, que podrían salvar muchas vidas -y debilitar los poderosos grupos delictivos-.
Desde 2015 en el ONC publicamos varios estudios acerca de los delitos electorales, la violencia electoral y la violencia electoral por condición de género; en cada ocasión pudimos reportar cómo creció la violencia electoral digital y cómo la proporcionalidad de víctimas mujeres.
Las ofensas digitales más comunes incluyen comentarios misóginos, ofensas por su aspecto físico, hasta aquellas con insinuaciones o propuestas sexuales, contenido sexualmente explícito, publicación de fotos íntimas no autorizadas, hasta imágenes apócrifas o suplantación de identidad.
Para que el Acuerdo logre su objetivo, es importante señalar que se requiere inversión, supervisión, evaluación y responsabilidad en su implementación.
Actualmente las autoridades de seguridad y justicia se encuentran rebasadas por años de recortes presupuestales que han debilitado tanto el número de efectivos, como su capacitación, equipamiento y tecnología.
Todo ello, en un momento donde la delincuencia se encuentra en su mejor momento en cuanto a poder y control territorial.
Para que dicha política pública sea exitosa, deben destinarse los recursos necesarios e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación para ajustarse según lo necesario.
Además, es sumamente importante que dichos mecanismos se usen como una verdadera forma de protección de las mujeres y no como mecanismo de censura.
Por ejemplo, en días pasados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso una sanción en contra del activista Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización “Defensorxs”, por haber publicado que una juzgadora recién electa -gracias a la Reforma Judicial- fue abogada defensora del Chapo Guzmán.
Las sanciones consisten en inscribirlo en el padrón de violentadores, ordenarle ofrecer disculpas públicas y borrar las publicaciones que denuncian este hecho real y documentado.
En este caso en particular se calificó como violencia digital de género advertirle a la población que una candidata a juez, dentro de toda su trayectoria profesional, incluía el haber trabajado en la defensa de uno de los criminales que más daño le ha hecho a nuestro país.
¿Justicia o censura? Todo apunta a una venganza y censura de alguien que nunca desmintió un hecho probado.
Felicito al gobierno federal por aliarse con las principales empresas responsables de las redes sociales para prevenir la violencia digital de género, con los debidos recursos será un mecanismo eficiente de reducción de la violencia y gracias a controles responsables y objetivos, podremos evitar que se vuelva un mecanismo de censura en contra de adversarios políticos.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano